Al pensar en la situación social que se vive en Quintana Roo, puedo observar que al menos hay tres temas que tiene que resolver el gobierno federal, estatal y municipal, porque de no hacerlo, esos pequeños brotes de “fuego” pueden provocar un incendio social, en perjuicio al destino turístico.
Sin pensar en la cronología de los hechos, permítame amable lector comentarle que esos conatos de incendios se dan en tres tiempos diferentes. El primero es el conflicto que acarrean los taxistas del estado, aglomerados en el Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV), con los prestadores de servicios de la plataforma Uber, desde agosto 2016 y que en octubre de este año terminó con la vida de una persona, haya sido como hay sido.
Aquí, la autoridad estatal, por medio de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), que tiene a su cargo Jorge Portilla Mánica es la que debe tomar la batuta, para evitar abusos de un sindicato de taxistas que se cree con más facultades que la misma dependencia. Pero también la Comisión de Comunicaciones y Transporte que preside el panista Fernando Levín Zelaya Espinoza, ha sido omisa en legislar una ley de movilidad que tendría que tratar este asunto de Uber, otras aplicaciones y la regulación de las placas federales, que ya son un dolor de cabeza para los municipios de Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad.
Urge pues una postura firme de la autoridad en cuanto a esta demanda de los taxistas contra la plataforma Uber, porque de no hacerlo, los concesionarios continuarán con la provocación de los conductores de la aplicación de transporte, no solo llegar a los golpes, sino a provocar tragedias con turistas que son testigos de la brutalidad que aplican los golpeadores del sindicato.
El otro conato social, es el de los 14 ejidos que aglutinan casi a 50 mil personas en Bacalar y Othón P. Blanco, quienes están en contra que se decrete el área natural protegida de la laguna de Bacalar, pues los deja con poca posibilidad para poder seguir gozando de sus fuentes de trabajo, de poder echar mano de sus tierras para la siembra, que de por sí es poca, y la ganadería. Estos comuneros ponen de ejemplo la devastación que se realiza en el área natural protegida de Sian Ka’an, donde un grupúsculo es el que administra y por consecuencia lógica se beneficia al explotar esas bellezas naturales. Aquí también los diputados tienen mano, pues serán los encargados de hacer los análisis correspondientes en cuanto a lo benéfico o no de la propuesta.
Un tercer caso, que ya se volvió internacional, es el aseguramiento de más de mil 500 cajas de seguridad a la empresa Firts National Security asentada en Cancún, donde su propietario declaró en cadena nacional que no le avisaron sobre el operativo que realiza la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), por consecuencia lógica no pudo dar aviso a sus clientes, hasta hoy no se sabe qué es lo que buscan o quiénes son los investigados. Ya los clientes de esta empresa de otros países dialogan con sus respectivos cónsules para que sus embajadas intervengan en este asunto, pues siente violentadas sus garantías individuales y la violación a su derecho a la privacidad.
Hablamos pues de cerca de 80 mil quintanarroenses inconformes con la administración municipal, estatal y federal, que de no llegar con un “extintor” para apagar las llamas, se puede convertir en un incendio que dañe, más, la imagen del destino turístico. Todos somos responsables, pero lo más reprobable es la omisión que tienen las autoridades.
SASCAB
Andrés Manuel López Obrador utiliza la estrategia de sumar, no importa si son “pintos o colorados”, el objetivo final es llegar a la Presidencia de la República.
En Quintana Roo, Margarita Zavala Gómez del Campo busca firmas ciudadanas para respaldar su candidatura presidencial para el 2018, lógicamente, por la vía independiente.
