La medición de la pobreza es en la práctica un examen a la economía y a las acciones de los gobiernos, en este caso del presidente Enrique Peña Nieto.
En un examen nadie quiere reprobar, mucho menos Peña Nieto, el presidente más impopular de la época contemporánea, pero una cosa es el deseo y otra maniobrar para que los resultados sean favorables y con ello agregar una dosis, otra, de desconfianza a las acciones de una administración que no las trae todas consigo.
Y es que de manera unilateral el Instituto Nacional de Geografía y Estadística modificó los criterios de medición del ingreso de los mexicanos. “Fue una mejora”, afirman los funcionarios del INEGI, un organismo que teóricamente es autónomo que debe estar al margen de la influencia del Ejecutivo.
Sin embargo, lo que en la práctica hizo el INEGI es llevar en el terreno de lo subjetivo la medición del ingreso de los mexicanos. Lo dejó al criterio de sus encuestadores, a los que dio licencia para interpretar los gestos de los encuestados al responder la pregunta sobre el monto de sus ingresos.
Incluso, en el nuevo criterio de medición se dispuso que los encuestadores regresen a los domicilios donde “sospechen” que les proporcionaron información “sesgada” sobre los ingresos, para pedir información adicional y con ella hacer un cálculo particular sobre los ingresos de las familias sospechosas de “falsear” datos.
La decisión del INEGI de realizar de esa manera su encuesta sobre la pobreza en 2015 creó una innecesaria polémica y un enfrentamiento con el Coneval, el organismo también autónomo que por mandato de ley hace la evaluación de las cifras, solo que en este caso decidió descalificar los datos. No le sirven, porque no pueden ser comparados con resultados previos.
Se ha hecho la comparación de que el Coneval es el “cocinero” y el Inegi proveedor de los ingredientes. Alterar los componentes de una receta evidentemente tendría un fuerte impacto en el sabor y la consistencia del guiso y el Coneval no quiere ese, por tanto, decidió no publicar los índices de pobreza de 2015 y hacerlo hasta el próximo una vez que se hayan definido criterios de levantamiento de datos que estén blindados a cualquier manipulación política.
Sin embargo, hay otros instrumentos quizá más prácticos que pueden poner en evidencia los malos resultados del gobierno federal en el combate de la pobreza. Por lo menos desde Carlos Salinas de Gortari hasta Peña Nieto las administraciones de priistas y panistas no han sido capaces de parar el aumento de la pobreza en México.
El año pasado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que cuenta con un sistema de medición uniforme para los países de la región, advirtió que México figura entre los cinco países con más pobreza en Latinoamérica, con 42.1% de sus habitantes sometidos a esa condición-
Según su reporte de 2015, sólo El Salvador, Paraguay, Guatemala y Honduras son más pobres que México, que incluso es superado en ese indicador por naciones que tradicionalmente presentaban mayores rezagos sociales, como Bolivia y Ecuador.
Y no solo es eso. Hay datos de organismos mexicanos que indican que actualmente se necesitarían $432 pesos para comprar los 27 kilos de tortillas que se podían adquirir en 1976 con un salario mínimo.
Hace 38 años con el salario mínimo se podrían comprar 78 kilos de huevos y hoy apenas 2.75 kilos de éstos.
En un contexto de erosión de la credibilidad y confianza en las instituciones, poco abonan estas “decisiones técnicas”, como las del INEGI, a consolidar un régimen democrático en el que se aspira que la fortaleza institucional le garantice a la ciudadanía imparcialidad y objetividad; pero, sobre todo, compromiso y responsabilidad ética.
Platea
Los nuevos “gasolinazos”, como el que entregará en vigor a partir del lunes y la continua devaluación del peso frente al dólar, se reflejarán en una mayor pobreza en los datos que dé a conocer el Coneval dentro de un año.
Ambos factores presionan hacia arriba la inflación, aunque el gobierno no quiere aceptarlo.
En los casi cuatro años que lleva el gobierno de Peña Nieto, el peso ya se devaluó 44%, un porcentaje mayor que la depreciación registrada en los dos sexenios juntos de Vicente Fox Quesada (16%) y Felipe Calderón Hinojosa (19%).
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