Para erradicar la tortura y los malos tratos en México, debe haber dos cosas “una voluntad política real desde el ejecutivo y desde los más altos niveles del gobierno para primero reconocer que hay un patrón sistemático extendido por el país del uso de tortura y maltrato.
Para combatirlo primero hay que reconocerlo. Y luego, enviar un mensaje muy claro a todas esas instancias de que cualquier persona que lo comete o que es cómplice será sancionado”; no obstante, “lejos de reconocer que la tortura y los maltratos son un problema generalizado, La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que dejarán de trabajar en esa materia con la ONU”.
“Las violaciones a la dignidad humana se inscriben en la inobservancia de la ley, lo cual ha ocasionado que la sociedad no confíe en sus instituciones. La gente ve los derechos humanos como un elemento discursivo, por lo que se deben cambiar modelos, patrones, procedimientos, creencias y prácticas”.
El año 2014 “fue uno de los años donde más se persiguió a activistas e integrantes de movimientos políticos y sociales”.
Mayúsculo reto el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de devolverle a la institución la credibilidad que dilapidaron, por lo menos, los dos últimos periodos, principalmente Raúl Plascencia Villanueva cuya actuación en los casos de Tlatlaya, Estado de México, e Iguala, Guerrero, dejó mucho qué desear.
Al rendir el informe de labores de la CNDH correspondiente a 2014 en la Residencia Oficial de Los Pinos, habló de que “la sociedad mexicana experimentó (el año pasado) un despertar y toma de conciencia en materia de derechos humanos, que impuso un nuevo paradigma para las autoridades e instituciones”. “vivimos aún bajo las circunstancias extraordinarias provocadas por los hechos sucedidos en Guerrero, así como por los reclamos sociales en favor de las acciones inmediatas y efectivas de justicia, legalidad y respeto a la dignidad humana”.
Y luego viene el reclamo a los políticos: “En muchos casos, las sanciones a los funcionarios acusados de violar derechos humanos han sido suaves o inexistentes, lo que propicia la impunidad y debilita el Estado de derecho”.
He ahí el “meollo” del problema que se vive como sociedad en las últimas décadas; los servidores públicos, quienes se supone son los que debieran respetar la ley en primer término, para ponerle el ejemplo a los ciudadanos, son los primeros en violarla, lo que trae como consecuencia lastimar los derechos humanos de los habitantes y que al no existir castigo por ello se genera la impunidad que debilita a las instituciones del Estado.
El verdadero problema que genera la inobservancia de la ley por parte de los gobernantes es precisamente la desconfianza de los ciudadanos hacia la clase política; la desconfianza de los gobernados hacia sus autoridades.
