LA ONU Y EL FIN DE LA ‘GUERRA’ CONTRA LOS ESTUPEFACIENTES

La sesión plenaria, en la que participarán media docena de jefes de Estados, 40 ministros y 800 representantes de la sociedad, arranca este martes. El debate general se verá apoyado por cinco grupos de trabajo y decenas de eventos paralelos. El objetivo es dar un nuevo rumbo a las políticas, al quedar claro que la cooperación y la prevención son más efectivas que la represión pura y dura de las drogas.

Jimmy Morales, presidente de Guatemala, y Enrique Peña Nieto, de México, intervendrán en la sesión inicial. Juan Manuel Santos lo hará el jueves. La sesión comenzará con la aprobación de una resolución, de 27 páginas, que hace un elenco de las políticas en marcha. El documento fue adoptado previamente por la Comisión Global sobre Políticas de Drogas en Viena, a finales del pasado mes de marzo.

América Latina es la que está pagando “los mayores costos” de la guerra declarada hace casi medio siglo contra la droga

La droga tiene atrapados a 27 millones de personas en el mundo. Casi la mitad son adictos a estupefacientes que se inyectan. Naciones Unidas calcula que la droga arrastra con la vida de cerca de 200.000 personas cada año. Eso sin contar con el derrame de sangre de la guerra contra el narcotráfico. Los recursos destinados al combate de este negocio ilícito no paran de crecer. Santos recordó que América Latina es la que está pagando “los mayores costos” de la guerra declarada hace casi medio siglo contra la droga. “Los tiempos han cambiado. La paz con las guerrillas implicará un giro positivo para el país y el mundo”, auguró. Un mundo sin drogas, admitió, no es factible. Pero sí cree que “se puede ser más eficaz” en la lucha contra las drogas.

Miguel Samper, coordinador del proyecto Diálogo sobre Drogas, considera que llegó el momento de acabar con el statu quo actual. “Se necesita un cambio, una alternativa, y debe partir de una flexibilidad del régimen internacional sobre drogas”, indicó en el foro. “Cada país tiene sus prioridades”, añadió al tiempo que planteó un “régimen regional suramericano sobre drogas”.

“Es posible lograr un consenso sobre la base del principio de unidad en la diversidad”, añadió Milton Romani, secretario general del consejo nacional sobre drogas de Uruguay, explicando que no hay un talle único para todas las realidades en América Latina. “La diversidad, como en la democracia, fortalece”, afirmó, al tiempo que invitó a experimentar con la regulación más allá de la marihuana.

Un millar de personalidades de EE UU y Latinoamérica escriben a Ban Ki-moon, “la actual política es desastrosa, contraproducente e ineficaz”

La semana previa a la reunión se entregó una carta al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en la que un millar de personalidades de América Latina y Estados Unidos calificaba de “desastrosa”, “contraproducente” e “ineficaz” la política seguida hasta ahora, tanto para la seguridad como los derechos humanos y la salud. Por eso reclaman una verdadera reforma en la estrategia. El candidato demócrata a las presidenciales Bernie Sanders se encuentra entre los firmantes que piden el fin de la guerra contra la droga. Estados Unidos está siendo más flexible en el castigo de delitos leves por posesión, mientras estados como Colorado, Nueva York y Pensilvania permiten el acceso al cannabis medicinal. Sanders pide que se retire de la lista federal de sustancia prohibidas.

Juan Manuel Galán, senador del Partido Liberal Colombiano, destacó que se esté “cuestionando el libreto del prohibicionismo” con un diálogo y acciones concretas. “Hace unos años nadie se atrevía nadie a hacerlo”, valoró, al tiempo que propuso crear una red interparlamentaria regional que integre a congresistas de EE UU. Es una idea que apoya Constanza Moreira, del Frente Amplio de Uruguay.

“Asunto de salud pública y derechos humanos, la nueva estrategia sin renunciar al combate contundente contra las mafias del narco”

Aunque el texto que se va a aprobar en esta sesión especial de la ONU es de mínimos, si da margen a los países para que ajusten sus estrategias y aborden el problema de la droga como un asunto de salud pública y preserve los derechos humanos. Juan Manuel Santos precisó, sin embargo, que el cambio de estrategia no debe hacerse “sin renunciar al combate contundente contra las mafias”.

Ann Fordham, del Consorcio sobre Política Internacional de Drogas, lamenta que el documento final que se adoptará en la sesión especial de la ONU no sea más contundente en cuestiones como a avanzar hacia la despenalización del uso de las drogas. “Hay pasos adelante pero el consenso general es muy frágil y no representa un punto de inflexión real sobre el statu quo”, afirmó.

Rodrigo Uprimny, de la organización colombiana Dejusticia, considera “una vergüenza” el silencio que dominó durante el proceso respecto a que haya países que recurren a la pena de muerte como medida de castigo. En el otro extremo, advierte, es una utopía que se diga en las conclusiones se la sesión especial que el objetivo es avanzar hacia un mundo libre de drogas, “porque no es posible”.

‘México y la política global contra las drogas, retos transnacionales’, columna de Roberto Gil Zuarth, presidente del Senado mexicano

‘México y la política global contra las drogas’ es el título de la columna que publicó este lunes, en diversos periódicos internacionales, Robderto Gil Zuarth, presidente del Senado mexicano. ‘El tráfico y consumo de estupefacientes, así como el combate a las organizaciones delictivas, son retos transnacionales que deben ser atendidos’, decía el subtítulo.

“En la apertura de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2012, Colombia, Guatemala y México lograron adelantar para abril del 2016 la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas (UNGASS) que originalmente se celebraría en 2019. Con esta acción, subrayaban la necesidad de revisar el marco global prohibicionista de drogas y de adoptar un enfoque integral centrado en la salud pública, los derechos humanos y la reducción de los daños sociales que genera su consumo.

El tráfico y consumo de estupefacientes, así como el combate a las organizaciones delictivas, son retos transnacionales que deben ser atendidos a través de medidas concertadas y de alcance global. UNGASS nos permite refrendarla centralidad de la cooperación internacional frente al problema de las drogas. Pero también, es la ocasión propicia para reconocer que los costos del enfoque prohibicionista son, para nuestra región y desde luego para México, sencillamente insostenibles.

“Nuestra región, la más violenta del mundo, entre el 2000 y 2010 perdimos a más de un millón de latinoamericanos en manos criminales”

Y es que América Latina se ha convertido en la región más violenta del mundo. De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), tan sólo entre 2000 y 2010 perdimos a más de un millón de latinoamericanos en manos de la violencia criminal. Ciertamente, la violencia fratricida que experimentamos es multidimensional. Obedece a múltiples causas que van desde la debilidad de nuestras instituciones hasta la persistencia de una muy precaria movilidad social.

Sin embargo, para los países productores o de tránsito como México, las drogas y su combate se han convertido en uno de los principales detonantes de esta crisis. La persecución penal a la oferta y la demanda de drogas y, en consecuencia, el mercado negro que esta aproximación prohibitiva provoca, ha generado distintas externalidades: fortalecimiento de las organizaciones criminales, incremento en los niveles de violencia, criminalización de consumidores, fragmentación y fractura de nuestro tejido social.

Las consecuencias de la política prohibicionista se expresan con claros sesgos socioeconómicos y de género. Las padecen los más pobres y vulnerables. Las mujeres, en particular. La población femenina en las prisiones de América Latina por crímenes relacionados con las drogas se duplicó entre 2007 y 2011 (UNDCP). Tan sólo en México, el 80% de las mujeres encarceladas son por delitos contra la salud; una de cada dos mujeres indígenas en situación de cárcel responde a delitos de drogas; el 98% de las mujeres en prisión no tiene antecedentes penales y no portaba armas al momento de la detención; el 98% son madres y el único soporte para su familia. Todas estas personas son historias rotas por una política rotundamente ineficaz.

“La doctrina Reagan que nos presionaba a ejercer políticas internas de control punitivo es cosa del siglo pasado”

México ha tenido un papel destacado en la formulación para la UNGASS 2016 de una resolución innovadora que presentará la Comisión de Estupefacientes. Bajo el título ‘Nuestro compromiso conjunto de afrontar y combatir eficazmente el problema mundial de las drogas’, la resolución presenta un enfoque integral y equilibrado que debe ser visto como la punta de lanza de lo que debe ser el fin de la era prohibicionista. La resolución integra los enfoques de salud pública y de derechos humanos puestos sobre la mesa de negociación por países latinoamericanos.

Promueve una visión más flexible frente a la demanda por motivos medicinales y terapéuticos, reafirma la necesidad de articular respuestas desde la cooperación internacional y bajo el principio de responsabilidad común y compartida. Por primera vez, se menciona la relación entre drogas y desarrollo económico, y se hace un llamado a promover alternativas viables para quienes hoy se encuentran atrapados en la cadena productiva de las sustancias ilícitas, especialmente los pequeños campesinos.

Debemos entender que desde el exterior ya nada nos empuja a conservar el estatus quo prohibicionista. La doctrina Reagan que nos presionaba a ejercer políticas internas de control punitivo es cosa del siglo pasado. Los cambios regulatorios en Estados Unidos, especialmente la probabilidad de próximas decisiones legalizadoras en estados fronterizos -California y Arizona- exige tomar decisiones en el corto plazo, si es que queremos evitar que los problemas de disposición de drogas y de mercado negro se agudicen dentro de nuestro territorio. Nueva y muy robusta evidencia prueba que la política punitiva ha resultado más dañina que la propia enfermedad y, al mismo tiempo, que hay formas más eficaces de lidiar con el problema de las drogas.

UNGASS debe ser el punto que alumbre un nuevo consenso internacional sobre las drogas. Una aproximación más justa, más humana, más racional. Es la oportunidad para que nuestra generación detenga, por fin, la espiral de la insensatez”.

La producción, distribución y consumo de drogas ilícitas, se ha encadenado a dinámicas cada vez más cruentas de crimen organizado

Hoy se inaugura en Nueva York la Asamblea General de la ONU sobre política global contra las drogas ilícitas, más conocida como UNGASS 2016. Presentada como “una oportunidad sin precedentes para revisar y reorientar las políticas de drogas”, mucho indica, sin embargo, que esa esperanza se puede ver frustrada. La UNGASS 2016 se convocó para que fuera el escenario de un “cambio de paradigma”, en el que la comunidad internacional analizara “todas las opciones disponibles, incluyendo medidas regulatorias o de mercado”.

Pasados más de 50 años desde que se puso en marcha -1961- el actual régimen internacional de control, esta reunión debía ser importante para revisarlo y actualizarlo. En el tiempo transcurrido el problema no sólo no se ha resuelto sino que se ha agravado. La producción, distribución y consumo de drogas ilícitas, lejos de haber disminuido, se ha encadenado a dinámicas cada vez más cruentas de crimen organizado y violencia.

Aunque en el proceso preparatorio de la UNGASS se dieron algunos avances, todo parece indicar que ésta puede ser otra oportunidad perdida en que se optará por un consenso en torno a un mínimo común denominador y que resultará en el continuismo, en detrimento de ajustes y revisiones importantes. Mucho de esto se adelanta ya en el documento preparatorio para UNGASS. Adoptado en Viena el mes pasado por los países representados en la Comisión de Estupefacientes de la ONU, básicamente allí se reiteran las políticas vigentes. El eje no está en objetivos de política realistas y que no generen males peores que los que se trata de evitar. En ese ‘consenso’ continuista pesaron mucho las visiones conservadoras de países como Rusia, Pakistán, Egipto, Irán y varios africanos.

Una de las consecuencias del continuismo minimalista es soslayar nuevas políticas ya en aplicación -como la reducción de daños- que han dado resultados positivos comprobables, en países como Portugal, Canadá y Suiza. Lo mismo, por ejemplo, en cuanto a la relevancia de cambios en las políticas penales en países como EE UU (que ya no busca encarcelar a consumidores ni a minoristas no violentos sino a ‘peces gordos’).

Enfrentar el hacinamiento carcelario con “penas alternativas a la privación de libertad para los delitos menores relacionados con drogas”

Hay, sin embargo, dos aspectos a destacar que sí pueden alimentar un razonable optimismo sobre evoluciones futuras. Primero, que lo que se resuelva esta semana en la UNGASS sobre políticas de control de drogas no se da en el vacío. Así, no cancela -ni lo puede hacer- lo avanzado sobre políticas de drogas en otros ámbitos de la ONU y como en el espacio interamericano. Particular relevancia tienen los informes presentados en el último año por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, por el PNUD y por la Universidad de Naciones Unidas. También el innovador informe de la OEA del 2013 sobre ‘Escenarios’ y la declaración conjunta adoptada el año pasado por UNASUR en la que se recomienda enfrentar el hacinamiento carcelario con “penas alternativas a la privación de libertad para los delitos menores relacionados con drogas”.

Segundo, que pese a todo hay que reconocer que en el documento adoptado en Viena se han incorporado algunos conceptos que podrían servir a los países interesados en delinear políticas innovadoras. Por ejemplo, se reconocería a los países un mayor grado de “flexibilidad” al aplicar las convenciones sobre estupefacientes y recomendar que cada país establezca “políticas nacionales en materia de drogas con arreglo a sus prioridades y necesidades”. Esto era antes impensable. Habrá que observar, pues, lo que ocurra esta semana. Pero, eso sí, observando no sólo el árbol sino el bosque.

‘El Chapo’ se resiste a su extradición, ha presentado 21 impugnaciones en un año. México considera una cuestión prioritaria su envío a EE UUU

Joaquín Guzmán Loera no ha temido jamás a los sicarios ni a las cárceles mexicanas. Su verdadero miedo, como tantos otros narcos, es otro: acabar sus días en una prisión de Estados Unidos. Un universo hermético donde ni el plomo ni la plata lograrán ablandar a los guardianes. Para evitar su extradición, el líder del cártel de Sinaloa ya ha presentado en menos de un año siete recursos de amparo. Esta catarata de impugnaciones, combinada con otras 14 destinadas a mejorar su situación penitenciaria, muestran, según medios fiscales, que la pretendida intención de ‘El Chapo’ de negociar su salida y abandonar México, aireada por sus abogados, no es más que una cortina de humo. “Bastaría con que dijese que acepta la extradición para que al día siguiente lo enviásemos a Estados Unidos”, señala una fuente de la Procuraduría General de la República.

Sobre Guzmán Loera pesan ahora dos peticiones formales de Estados Unidos. Allí tiene al menos siete causas abiertas; la de mayor envergadura radica en un juzgado de Nueva York. Es un macrosumario por narcotráfico en cuya investigación participó la ahora fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, y que presumiblemente, si se consuma la extradición, subsuma al resto. “Existe la posibilidad, reconocida por tratado, de que sean los estadounidenses quienes decidan dónde tiene que ir el preso”, indica una fuente fiscal.

Pero sin la aquiescencia de ‘El Chapo’, su entrega a las autoridades estadounidenses puede convertirse en un proceso plagado de meandros. Así ocurrió, por ejemplo, con el sanguinario Edgar Valdés Villareal, La Barbie. Aunque su envío fue autorizado por la justicia mexicana en 2011, no culminó hasta octubre de 2015. Difícilmente lograrán Guzmán Loera y sus 13 abogados una dilación similar. La determinación del presidente Enrique Peña Nieto es clara y su extradición se ha vuelto un asunto prioritario. Pero hasta los más optimistas calculan que al menos tardará un año en completarse. Un tiempo que corre en contra del narcotraficante. Y también del Ejecutivo.

La extradición, un valor en alza, ante el narcotráfico, ante una ciudadanía desengañada y ante las sospechas de connivencia con el líder de Sinaloa

Las dos fugas de ‘El Chapo’ penden como una espada de Damocles sobre el presidente. Tras la humillación que supuso su huida en julio pasado por un túnel de 1.500 metros, otra evasión de la cárcel de máxima seguridad de El Altiplano supondría un golpe demoledor al mandatario. Para evitarlo se han adoptado medidas de seguridad extremas. A su alrededor se ha levantado una fortaleza insomne. Una cárcel dentro de la cárcel, con cambios de ubicación continuos, controles térmicos, un equipo especial de 35 agentes y hasta perros que prueban su comida.

Ningún experto cree que bajo estas condiciones pueda recuperar la libertad en estos momentos. Pero también alertan de que es una cuestión de tiempo. Si algo caracteriza a ‘El Chapo’ es su capacidad de corrupción e intimidación. Un poder que le ha permitido salir a su antojo de los dos presidios en los que ha estado encerrado en los últimos 20 años. En el primero, el Penal de Puente Grande, dejó a sus espaldas a 62 funcionarios corrompidos. Y en el último, aunque la investigación sigue abierta, fuentes de la Procuraduría dan por hecho que contó con la connivencia de uno o dos altos cargos penitenciarios, aparte del apoyo de parte del personal de seguridad.

Junto al reto carcelario, la extradición ha adquirido también un peso político. Durante los dos primeros años de mandato, Peña Nieto redujo el ritmo de los envíos de presos e incluso hizo gala de su vena patriótica al anteponer en su caso estelar, el de Guzmán Loera, el cumplimiento de su pena en México a la seguridad de tenerlo encerrado al norte del río Bravo. “El Chapo se tiene que quedar aquí a agotar su condena y después lo extradito. Unos 300 o 400 años después”, llegó a jactarse el entonces procurador general.

La fuga fulminó esta estrategia y convirtió la repudiada extradición en un valor en alza. Una vez capturado, en enero pasado, el giro se consumó. Y lo que en un principio pudo parecer un reconocimiento del fracaso institucional de México y de su capacidad para custodiar a un preso, se tornó una demostración de fuerza. Ante el narcotráfico, ante una ciudadanía desengañada y ante las sospechas de connivencia. Ese es el desafío. ‘El Chapo’ lo sabe. Y hará todo lo posible por impedirlo. La cuenta atrás ha empezado.

La ONU y el fin de la ‘guerra’ contra los estupefacientes; la sesión especial se inicia hoy a petición de México, Colombia y Guatemala; los presidentes apuestan por una nueva estrategia, “la cooperación y la prevención son más efectivas que la represión pura y dura”; hay 27 millones de personas ‘enganchadas’ en el mundo, la mitad son adictas a estupefacientes que se inyectan; fallecen anualmente cerca de 200.000 drogadictos, aparte están los muertos del narcotráfico; los recursos destinados al combate de este negocio ilícito no paran de crecer; ‘El Chapo’ se resiste a sus extradición a Estados Unidos con 21 recursos de amparo, la cuenta atrás ha empezado.

@SantiGurtubay

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