“Nuestras playas son de todos y para el uso de todos; las playas no deben privatizarse, ni se debe permitir que lo hagan, lo que se busca es garantizar el libre tránsito conforme al artículo 11 constitucional”.
Pareciera que hay fariseos facultados para malbaratar el país tienen hambre pero no del ideal de Colosio sino de rematar hasta el último reducto disponible. La subasta no sólo incluye petróleo, agua, telecomunicaciones o seguridad social, sino también la arena y el mar.
Por playas de todo el estado se comenzaron a colocar desde hace ya un tiempo letreros apocalípticos: “Propiedad privada, prohibido el paso”. Pescadores, ejidatarios, comerciantes y familias enteras comienzan a ser desplazadas de su propia tierra. Son tratados como extranjeros en su país, indeseables extraños, insoportable contaminación visual para los exclusivos hoteles.
Desde los años 80 los mayas descendientes de los indígenas rebeldes de la Guerra de Castas se quedaron sin playa en la reserva de la biosfera de Sian Ka ´an, marginados del proyecto turístico de la Riviera Maya “
La iniciativa de reforma al artículo 27 constitucional permite a los extranjeros adquirir propiedades frente al océano para uso residencial. “Se trata de erradicar la simulación en la propiedad extranjera en las playas de México y de eliminar a los intermediarios que a través de fideicomisos, sociedades anónimas y prestanombres, habían lucrado con la prohibición constitucional”. ¿Quién se benefició de esta propuesta? La respuestas es tres grupos mayoritarios: ciudadanos estadunidenses, grandes inmobiliarias y los políticos.
Los concesionarios cierran los espacios, hasta ahora públicos, a las playas que adquieran. Los nuevos dueños pueden subarrendar y recibir huéspedes de paga.
México tiene once mil kilómetros de litoral distribuidos en 17 estados costeros. Las playas son una zona indispensable de recreación, manifestación artística, flujo comercial, derrama de divisas extranjeras, inversión turística y factor predominante de salud ambiental y diversidad biológica.
Los bienes públicos no son baratijas para ser ofrecidas al mejor postor. La privatización de las playas es una continuación del rumbo del país: una élite con ambiciones desmedidas capaz de malbaratar una nación entera a cambio de vivir como jeques árabes.
La privatización de playas es un saqueo más de lo que queda de México. Pese a que las playas de México son propiedad de la nación, diversas áreas del litoral del país ya han sido vendidas a particulares u otorgadas en concesión por el estado a grupos relacionados principalmente con el turismo.
«Las concesiones deben regirse por lineamientos legales y análisis de impacto ambiental, hasta ahora cuestionados siempre por los ambientalistas, que realiza la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Por ningún motivo pueden ser vendidas, traspasadas o heredadas, ya que son zonas federales y aunque se haya pagado el predial de una concesión por algún tiempo, eso no da pie a vulnerar el libre tránsito de los ciudadanos mexicanos.»
