Los problemas en las cárceles de Quintana Roo siempre suscitan interés por tratarse de seguridad pública y derechos humanos, dos temas colocados constantemente en el debate público durante los últimos años.
Lamentablemente, aun cuando suelen manejarse en el ámbito de la confidencialidad, las riñas, los motines, el autogobierno, las fugas o el microtráfico en el interior demuestran que los rumores tienen mucho de cierto. El asunto otra vez está en boga debido al intento de escape de dos reos cuando eran conducidos al juzgado penal oral, en Chetumal.
Pese a esta realidad, no debe olvidarse que el propósito en ellas es la reinserción social. Sin minimizar, y menos pretender ignorar dichas problemáticas, debe insistirse en que el fin último es la recuperación de los reos (hombres y mujeres), lo cual representa una misión compleja, a veces considerada imposible.
En este sentido cabe resaltar que el esfuerzo más completo de las autoridades ha sido el Órgano de Seguimiento del Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria instalado en 2014, por iniciativa de la Comisión de Derechos Humanos, de Harley Sosa Guillén, cuya misión es elaborar y ejecutar políticas públicas generadoras de una estancia digna en prisión.
Los detalles y el trabajo conjunto son oportunos de analizar, dado el contexto y el anuncio de la supervisión al recinto de Cozumel programada para la próxima semana.
Primero: este Órgano integrado por los titulares de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobierno, del Tribunal Superior de Justicia, de la Secretaría de Seguridad Pública y de otras entidades gubernamentales, identifica los problemas, los asume y resuelve.
En reiteradas ocasiones el ombudsman Sosa Guillén ha dicho con razón que existe una obligación legal de todos en atender y cumplir las tareas de reinserción social, lo cual ha sido aceptado por las autoridades. La prueba está en que se está cumpliendo el propósito.
La propuesta surgió de un diagnóstico realizado por su Comisión para ofrecer solución pronta a los conflictos, no como un instrumento de crítica, logrando así un doble avance, ya que antes se ignoraba lo ocurrido en el interior, se ocultaba y no se atendía. El paso clave fue reconocer que persisten innumerables dificultades y a partir de entonces buscar soluciones.
Segundo: con ese mismo objetivo se han sumado instancias como las Secretarías de Salud, de Educación y Cultura, de Finanzas y Planeación, de Infraestructura y Transportes, la Comisión para la Juventud y el Deporte, el Instituto para la Capacitación y el Trabajo, el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, así como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Cada institución ha propuesto acciones en el ámbito de sus atribuciones, con lo cual se ha mejorado la infraestructura, mitigado el hacinamiento, procurado la salud de los internos, sus estudios y su capacitación laboral; se han realizado torneos deportivos, implementado apoyo jurídico, brindado asistencia psicológica, entre otras actividades.
Las brigadas fueron suspendidas por la veda electoral, pero serán reactivadas la próxima semana. Se ha pedido redoblar los esfuerzos, sobre todo en beneficio de aquellos que obtendrán pronto su libertad, para facilitar la incorporación productiva a la sociedad, algo bien visto por todos.
El mantenimiento adecuado de prisiones es un compromiso social que legitima las políticas públicas, aunque se entiende que todo trabajo en materia penitenciaria es un verdadero desafío. Los cambios no se dan de la noche a la mañana y requerirá ejercitar no solo la responsabilidad legal, sino el compromiso ineludible por una mejor sociedad, se demoren poco o mucho tiempo en conseguirlo.
Crear un sistema de reinserción dinámico y no centros de vicios es una misión por la cual se está trabajando. Es un primer gran paso, de muchos por dar, para llegar a la meta.
