El 30 de agosto del año pasado la Auditoría Superior del Estado, dependiente del Congreso, presentó 27 denuncias contra 84 exfuncionarios del periodo borgista, de ocho dependencias y de ocho municipios, por el evidente desfalco de 11 mil 800 y tantos millones de pesos. Fue el final de una investigación que inició durante la transición.
Podría ser una cifra mucho mayor. Lo cierto es que son números acreditados en las indagatorias por los que hay resultados: 10 aprehendidos, incluyendo al ex gobernador, al ex secretario de Gobierno y al ex candidato a la gubernatura por el PRI.
Los nombres de todos son conocidos. Una seguidilla de publicaciones de este periódico da pormenores del tema debate más importante de los últimos años en Quintana Roo, el cual trasciende nuestras fronteras.
Estos hechos conllevan consecuencias de diversa naturaleza. Para empezar, se castiga a los protagonistas de una era donde gobernaron la corrupción y la impunidad, dos de los problemas más graves del país, de los cuales se desprenden otras prácticas nocivas. Y es que algunos, al declararse confesos y reparar el daño, aceptaron tal premisa.
Llegarán los tiempos para revisar las cuentas actuales y determinar lo conducente; por lo pronto, asegura el gobernador Carlos Joaquín, se denuncia y castiga a los antecesores, y se previenen los actos deshonestos de quienes tienen hoy responsabilidades.
“Fue una promesa de campaña”, recordó él mismo en sus redes, en un contexto electoral, justo cuando se conocen los precandidatos, tanto del oficialismo como de la oposición, con el posible cambio en la correlación de fuerzas. Tras ello, grupos políticos en competencia (favorecidos y perjudicados) deberán replantear parte de la estrategia.
Además esa carga atiende una frustración ciudadana en alza: quienes eligieron la alternancia apostaron por la transparencia y la rendición de cuentas, que habían tardado, pero están llegando. Cosa fortuita o fríamente calculada para esta coyuntura, debería impactar de alguna manera en la evaluación general.
El ambiente también contiene una moraleja: “Al que obra mal…”. Los de ahora deberán cuidarse, más aquellos acusados de supuestas acciones indebidas, y los que, en el nombre del progreso, buscan la reelección para prolongar un supuesto buen ejemplo.
En definitiva, la lectura de las detenciones es que se reivindica la apuesta inicial del cambio, se consolida un eje político, judicial y administrativo, y se propone recuperar la confianza ciudadana en el desarrollo del proceso comicial.
