EN ÓRBITA Marcelo Salinas
@msalinas21
En marzo, un grupo de ciudadanos denunció públicamente un “cobro arbitrario” de la autoridad, en Tulum, bajo el concepto de “Promoción y Publicidad Turística”, como requisito para conceder la licencia de funcionamiento a los interesados.
Sin embargo, aun cuando dicho concepto está estipulado en el Capítulo XXI del Título Tercero de la Ley de Hacienda de ese municipio, debería ser recaudado de forma diversa y no estar condicionado.
Pero hay algo peor, según los quejosos: de acuerdo con la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2018 (publicada el 21 de diciembre, a la vista de todos), el cálculo estimado del ingreso correspondiente a “Promoción y Publicidad Turística” es de cero peso, a menos de que sea modificado, lo cual no ocurrió en tiempo ni forma.
¿En qué devino esta acusación? Aproximadamente un mes después (ya en marzo), la asociación civil Transparencia por Quintana Roo interpuso una denuncia contra la Tesorería Municipal, ante la Auditoría Superior del Estado, fundamentada en múltiples ordenamientos legales, no obstante en Palacio difundieron haber cobrado casi 777 mil pesos por ese concepto, pese a que ello contraviene el principio de legalidad, ya que no están facultados para recaudar tal impuesto.
Tras ello, los integrantes de la agrupación presidida por Herminia Salinas promovieron en la comunidad tulumense una carta para que los contribuyentes solicitaran la devolución del dinero, si cumplían determinados pasos. Así, se supo que, de acuerdo con el artículo 26 del Código Fiscal Municipal, deberían regresar el monto total en tres meses, los cuales se cumplieron hace pocos días.
En caso de incumplimiento, el mismo Código prevé un recurso administrativo ante un órgano jurisdiccional, por lo que se prevé una batalla legal entre las partes, pues los representantes del Ayuntamiento seguramente se defenderán o difícilmente admitirán la aparente irregularidad del procedimiento señalado.
Más allá del resultado jurídico, es una interesante arremetida ciudadana, en el contexto de la participación social y la rendición de cuentas, como pocas veces se ha visto en el estado.
Los afectados no se quedaron callados, poniendo un precedente en la materia, por lo que, si la Auditoría encuentra motivos y razones, el gobierno de Romalda Dzul Caamal tendrá mucho qué explicar.
Atentos a las resoluciones.
Desorbitado
El asesinato contra una candidata a regidora en Isla Mujeres se suma, desgraciadamente, a la lista de 112 víctimas fatales, participantes en el proceso electoral 2018, lo que merece la condena sin titubeos de todos en Quintana Roo. No importan los colores partidistas en estos escenarios de terror.
Mucho más allá del lamento, los encargados de garantizar la paz y la estabilidad deberán multiplicar sus esfuerzos para que nadie permanezca expuesto a más peligros.
