El jueves fue promulgada por el gobierno de Carlos Joaquín González la Ley de Movilidad para Quintana Roo al ser publicada en el Número 80 Extraordinario del Periódico Oficial, mas estando los tórculos todavía calientes por la impresión el propio mandatario presentó ante la XV Legislatura una iniciativa de reforma. Tendremos que conocer los detalles para saber en qué cedió el gobierno ante la furibunda protesta de un par de semanas por parte de los taxistas, pues las negociaciones fueron por debajo de la mesa. Con eso empezamos mal.
Desde una buena negociación para mejorar la postura de los taxistas tradicionales frente al servicio a partir de plataformas digitales –como Uber o Cabify– sin afectar los derechos de esas empresas, los operadores los usuarios, hasta un chantaje abusivo de una federación de monopolios que siempre han estado más empoderados de lo que jamás debieron merced al uso político que de ellos hicieron los gobernantes venales y líderes voraces.
Todo cabe en la imaginación, y hasta ahora no nos queda otra más que especular, pero lo que deberá informarse sin vericuetos ni titubeos es el verdadero beneficio –o perjuicio– para los quintanarroenses.
La ley en comento, cuya sentencia de muerte habría salido a las dos horas de haberse promulgado, es muy amplia y compleja, pues toca todas la modalidades de transporte público, su funcionalidad, las responsabilidades de los concesionarios y los gobiernos para hacerlo posible y cualquier aspecto imaginable alrededor de estos temas –como los estacionamientos, los derechos de los ciclistas, vialidades y muchos más– pero todos sabemos que el tema polémico, el de fondo, es la reglamentación de servicios como el de Uber o Cabify.
Todo es muy sospechoso: de entrada los jeques taxistas y pachás que los acompañan en la burocracia de esas agrupaciones de patrones donde los choferes son los más inermes dijeron un no rotundo a la entrada de Uber, sin importar las necesidades de los usuarios de los destinos turísticos del norte del estado. No: ¡por mis… destos! Punto.
Se entiende que busquen asegurarse de que las nuevas tecnologías no les signifiquen una competencia desleal, como efectivamente lo era cuando andaban por la libre y bajo sus propias leyes. Eso era del todo inaceptable y los chafiretes tenían razón. Mas la responsabilidad de la autoridad es atender las necesidades y razones de todos los habitantes, amén del derecho a la libre empresa y al trabajo, en este caso de los choferes de este sistema.
La ley que aprobó la XV Legislatura hace casi 20 días, como todas, seguramente tendrá muchos aspectos perfectibles, pues no faltan los que son muy técnicos o los que sólo sabremos si funcionan al contrastarlos con la realidad, pero los señores del FUTV no se referían a eso: era un berrinche contra la admisión legal de Uber y de paso un juego de vencidas con el gobernador. Paros, amenazas –entre las que no faltaron amagos de violencia– y hasta insultos extremos a las más altas autoridades antecedieron ese par de semanas de “negociaciones”, pero el tema siempre fueron las plataformas digitales para servicio de transporte.
Helada madrina
Hay que decir que las empresas de este tipo tampoco carecen de culpa. Es más: tienen fama mundial de ser rapaces e incluso están prohibidas en varios países. En Yucatán, verbigracia, las autoridades establecieron regulaciones que a los señores no les gustaron y se inconformaron. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio la razón al congreso y al gobierno yucatecos y entonces Uber, que pretendía que nadie le pusiera reglas para operar, cogió sus chivas y se fue. Tan-tan: por los caminos de la ley; sin una protesta. Pero aquí algo más sucedió, y quisiéramos saber qué fue.
La ley de marras se extiende en el tema de las plataformas digitales. En el artículo 149 establece que el servicio de transporte contratado a través de plataformas solo podrá ser brindado “por quienes cuenten con un permiso expedido por el Instituto (de Movilidad)”, que tendrá la facultad (artículo 150) de otorgar las autorizaciones a las personas morales que medien o promuevan la contratación del servicio de transporte entre particulares y permisionarios a través de plataformas digitales, conforme a lo dispuesto por la Ley y su reglamento. Ya no es a la buena de dios, como malamente empezó Uber en Cancún, y en general en todas partes.
De hecho los requisitos exigidos a las operadoras son bastante prolijos y formales, pero se especifica que los mediadores o promotores entre los operadores y el particular “deberán acreditar ante el instituto que la plataforma cuenta con capacidad y experiencia necesarias para prestar el servicio mediante la difusión, operación o utilización o administración de aplicaciones para el control, programación, geolocalización o telemetría en dispositivos fijos o móviles a fin de que los particulares puedan contar con sus servicios.
“La vigencia de la autorización será de diez años y se deberá realizar un refrendo anual ante el instituto”.
En el artículo 151 se establece que las empresas tendrán que solicitar la acreditación de sus socios, asociados o conductores para la obtención del permiso. La lista de requisitos para los choferes tiene 11 puntos, poniendo énfasis en garantizar la seguridad del usuario. Podríamos llenar algunas cuartillas más sobre temas tales como las características obligatorias para los coches a utilizar o que la propia aplicación del celular permita una identificación plena del conductor, fotografía incluida.
El tratamiento de este polémico tema en la ley que ahora podría ser parcialmente echada para atrás nos parece amplio, pormenorizado y hasta prolijo. Ya sabremos si los misteriosos cambios que ahora se proponen serán para bien, para mal o una vil pérdida de tiempo.
A lo mejor solo estamos siendo malpensados…
La dicha inicua…
No es tan increíble que haya impactado más la noticia de que México, Estados Unidos y Canadá organizarán el Campeonato Mundial de Futbol 2026 –noticia recibida en el marco del torneo de este año, en Rusia– como otra que es sin duda mucho más importante para el país: la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá Chrystya Freeland aseguró que las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte podrían reanudarse “este verano”.
No hay fechas específicas, pero la diplomática dio a entender que era un consenso de las tres naciones, y eso lo dijo después de una reunión a puerta cerrada Robert Lgththizer, el representante comercial del país que más obstáculos e incluso amenazas de cancelación ha lanzado sobre el acuerdo comercial, uno de los más importantes del mundo, lo que se habría derivado del apoyo de varios senadores, incluidos dos republicanos, correligionarios del hostil presidente estadounidense Donald Trump.
El secretario de Economía de México Ildefonso Guajardo también se reunió con la canadiense, dejando claro que las elecciones del 1 de julio en México no deberían interferir.
La alerta en Estados Unidos por los desplantes de Trump se prendió cuando casi al mismo tiempo México, la Unión Europea y China respondieron a la aplicación arbitraria de varios aranceles, especialmente al acero y el aluminio, con medidas proporcionales.
México impuso un fuerte gravamen a las importaciones de queso estadounidense, país del que importamos el 25 por ciento de nuestro consumo, pero mayoritariamente del Wisconsin, del que somos el cliente principal. Uno de los senadores republicanos que está dando su apoyo al Tlcan lo es precisamente por ese estado delos Green Bay Packers.
Se sabe que en México las regiones y estados más afectados en caso de una cancelación del Tlcan serían, en este orden, aquellos en los que se fabrican coches y partes automotrices, los de manufacturas de piezas de alta tecnología y las producciones agropecuarias de exportación, como el tomate y el aguacate, pero al mediano o largo plazos el proteccionismo económico acabará socavando otras fuentes de divisas muy importantes como los hidrocarburos y –¡cuidado!– el turismo.
No necesitamos decir lo importante que es para Quintana Roo mantener buenas relaciones comerciales con los dos países que aportan la mayor cantidad de turistas que nos visitan, y eso es muy difíciles si nuestros líderes nacionales están del chongo.
Homúnculos
El oficial mayor de Quintana Roo Manuel Alamilla Ceballos, que el año pasado estuvo en el centro del huracán por el asunto de la licitación de uniformes escolares que fue ganada por una empresa poblana y entre la desinformación y el sospechosísimo –con una pizca de chovinismo mediático y maña empresarial local– lo hizo protagonista del mayor escándalo no relacionado con la seguridad en lo que va del sexenio, seguramente no ha podido pegar un ojo en las últimas semanas, pues la compra del próximo ciclo escolar no termina de resolverse.
Resulta que esta vez la inconformidad es de una empresa textilera poblana llamada Yaka, que impugnó el proceso de licitación de los paquetes de uniformes, que fueron obtenidos por empresas locales.
Lo cierto es que esta vez todos los procedimientos del concurso fueron transparentados al extremo, incluso se transmitieron por Facebook en tiempo real y cuando se presentó alguna falla en la señal suspendieron actividades en lo que la falla era corregida.
Cierto que esta vez no ha estado tan dura la refriega porque la ganadora fue la empresas conocida como La Rana, que es la más importante productora de uniformes de Chetumal y nos da gusto que los emprendedores locales hayan aprendido de la experiencia anterior, en la que ni juntos ni por separado alcanzaron a quedarse con el sustancial negocio.
No creemos que trascienda la queja presentada por el poblano Juan Yaka Bretón; ni siquiera es un recursos inusual este tipo de inconformidad, ¡pero cómo le sacan canas verdes los tales uniformes a Manuel Alamilla!
