Mantener el poder más allá de los tiempos constitucionales a través de algún familiar ha sido una tentación de muchos políticos.
Desde la época colonial ha sido común que la llamada “clase gobernante” considere que entre sus facultades o atribuciones está el poder incluir a parte de su familia dentro del gobierno. Esta práctica fue algo normal en el contexto de las sociedades de esa etapa de la historia latinoamericana, en la que la democracia no existía y el poder se reservaba sólo a un grupo selecto que se consideraba con derecho a gobernar por descender de la nobleza o estar vinculada directamente a ella.
Sin duda se trataba de una situación fundada en la desigualdad que garantizaba a la “clase gobernante” una serie de privilegios y comodidades que se consideraban legítimos como parte de su condición cuasi divina.
La democracia debió corregir esa irregularidad. Lo hizo donde la práctica de las libertades están plenamente consolidadas, pero en los países latinoamericanos la tentación de heredar el poder a algún familiar sigue siendo algo común y corriente.
Concretamente el llamado “reeleccionismo conyugal” es un fenómeno que comenzó siendo una anécdota en Argentina, donde Cristina Kirchner sucedió en 2007 a su esposo Néstor, pero el ejemplo argentino tiene ecos en otros lados de la región: en Perú, Honduras, Guatemala e incluso podría ocurrir en Nicaragua.
Entre 2012 y 2016, período en el que se celebraron elecciones presidenciales en 18 países latinoamericanos, en 17 de ellos los presidentes salientes perfilaron a sus cónyuges como candidatas, con el argumento de que encabezaban las encuestas esposas de presidentes o expresidentes se perfilan como candidatas para alcanzar el poder. Al final no se salieron con la suya.
Apenas a principios de este año en Perú Ollanta Humala pretendía impulsar a su esposa Nadine Heredia como su sucesora, pero no pudo destrabar algunos “candados” legales.
En Colombia se debate actualmente sobre la conveniencia de prohibir legalmente que los legisladores tengan como suplentes a familiares, principalmente hijos y cónyuges.
La iniciativa surgió del Poder Judicial, pero encuentra oposición justamente entre los legisladores que tendrán que aprobar o rechazar la propuesta.
En México Vicente Fox Quesada pretendió lo mismo con su esposa Marta Sahagún, pero las críticas, incluso dentro de su partido, el PAN, frenaron sus pretensiones.
A nivel de gubernaturas, en 2012 el gobernador saliente de Tlaxcala, el perredista Alfonso Sánchez Anaya, pretendió que su esposa María del Carmen Ramírez lo sucediera, pero fracasó en el intento. Sin embargo, en muchos lugares del país perredistas, panistas y priistas lograron en el pasado y en el presente proceso electoral postular candidatos que son familia directa de ex gobernadores, ex alcaldes o legisladores en funciones que tienen fuerte influencia en sus lugares de origen.
En Quintana Roo hay muchos casos de los que hablaremos próximamente, pero lo que más llama la atención es la llamada “reelección conyugal” que podría darse en Cozumel, centro del poder político quintanarroense, donde la alianza “Somos Quintana Roo que lidera el PRI postuló como candidata a la presidencia municipal a Gina Ruiz, esposa del actual alcalde Freddy Marrufo.
Más allá de la capacidad de la abogada Gina Ruiz, que está fuera de discusión, su postulación evidencia la debilidad que aún persiste en el sistema democrático, pues la clase gobernante insiste en pensar que los cargos públicos son una propiedad particular que pueden usufructuar a su gusto, sin importar si cancelan legítimas aspiraciones de quienes con trabajo y capacidad han hecho méritos o se pone una barrera a quienes podrían representar aire fresco para la política.
Como quiera que sea, no estamos ante un fenómeno único, sino que cada vez más comienzan a aparecer estas aspiraciones de transmitir el poder a la familia, generando con ello una especie de pseudomonarquía que, sin duda, hace daño a la democracia.
Debemos entender que esto ya no es el México del siglo pasado ni de la colonia y que el poder, por un mínimo de rectitud, no se hereda.
Platea
Mauricio Góngora Escalante, candidato de la coalición Somos Quintana Roo a la gubernatura del estado, tiene claro que Cozumel debe diversificarse para reposicionarse en el mercado turístico internacional.
“Tenemos que hacer de Cozumel un destino imperdible”, subrayó durante su gira proselitista por esa isla, donde planteó una necesaria diversificación de la oferta turística con el objetivo de garantizar que la derrama económica beneficie directamente a la gente.
Ese objetivo se suma a otras propuestas de gobierno que ya planteó, como el extender al resto del estado el servicio de transporte gratuito a los universitarios que puso en marcha en Playa del Carmen como presidente municipal de Solidaridad.
Luneta
El polémico Gregorio Sánchez Martínez, candidato de Encuentro Social a la presidencia municipal de Benito Juárez, predica con el dicho que reza “mejor malo por conocido que bueno por conocer” y con sus de sobra conocidos antecedentes como alcalde pretende restarle posibilidades de triunfo a Remberto Estrada, abanderado de la alianza Somos Quintana Roo, sólo porque lo considera inexperto.
Sin embargo, juventud no significa inexperiencia y tampoco incapacidad y justamente Remberto se constituye en una propuesta novedosa ante otras dos -la de Sánchez Martínez y Julián Ricalde Magaña- que ya tuvieron su oportunidad.
Mezzanini
¿Debe Mayra San Román, presidenta del Instituto Electoral de Quintana Roo tomarse fotografías con los candidatos que acuden a recoger sus registros? ¿Lo hizo con todos?
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