CORRE LA VOZ
Por: Jorge Castro Noriega
DOS NOTAS CONTRADICTORIAS amanecieron hoy en los medios de comunicación: La Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas del INEGI que colocó a Quintana Roo como el estado más corrupto de todo México (nada menos que en el lugar 32) y la paralela réplica del gobernador Carlos Joaquín que, asegura, la entidad no está en el cabús del tren de la honestidad oficial, sino en la posición número 15 y confía, dice, en llevarlo al primer sitio durante su mandato. Hay nada más que destacar dos cosas entre ambas informaciones, con creyentes e incrédulos en los dos flancos: El estudio del INEGI, basado en encuestas de percepción del sector empresarial, corresponde al 2016, del cual nueve meses (y los cinco años anteriores) correspondieron a la administración de Roberto Borge, hoy huésped distinguido de una cárcel en Panamá. En tanto, la versión de Carlos Joaquín se sustenta en el mismo período, de septiembre del año pasado a junio del presente, que es lo que lleva de trayecto su gobierno.
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SEGÚN EL INEGI, por cada 10 mil empresas que tuvieron que realizar un trámite o un servicio en Quintana Roo el año anterior, al menos 2 mil 077 tuvieron que aceptar o recurrir en un acto de corrupción, siendo las autoridades más proclives a estas deshonestas prácticas las de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y la Secretaría de Finanzas; ésta última, una verdadera mina de oro en materia de permisos o giros especiales para negocios. En total, revela el documento, el sector privado tuvo que desembolsar tan sólo en 2016 la cantidad de mil 600 millones de pesos para “facilitar” trámites y solicitudes ante las autoridades quintanarroenses que, para esas fechas, ya despuntaban –y acabarían siendo– como las más pillas del país.
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CARLOS JOAQUÍN DIFIERE en la injusta percepción que ha generado la difusión de la encuesta del INEGI, que por primera vez se segmentó a la iniciativa privada pues antes sólo tomaba en cuenta la opinión de ciudadanos, ya que asegura que se ha avanzado “un buen número” de lugares en materia de lucha contra la corrupción. Todos los días, afirma el gobernador, se resuelven asuntos de corrupción y espera que la iniciativa presentada por el Ejecutivo estatal ante el Congreso, para crear una estructura legal que permita trabajar y combatir de manera más contundente este cáncer tan enraizado en todos los niveles del Gobierno, prospere para poderla aplicar en Quintana Roo. Y precisamente, el 13 y 14 de julio el Congreso del estado convocará a una sesión extraordinaria para analizar minuciosamente el tema de la Ley del Sistema Anticorrupción, que si bien todavía cojea de una pata, sus impulsores parecen empeñados en ponerla pronto a correr.
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EN COINCIDENCIA CON esta perspectiva, valdría la pena recordar que el principal cabecilla de una administración que saqueó a Quintana Roo y desmanteló su patrimonio público rematándolo a amigos y familiares, ya está detenido en Panamá en espera de ser trasladado a México para responder por la larga lista de acusaciones que pesan en su contra. Antes de Borge, ya había sido capturado y encarcelado el que fuera uno de sus principales operadores legaloides en materia de despojos de propiedades particulares desde la estatal Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Rodríguez. Y apenas ayer, cayó en manos de la justicia Carlos Alberto Acosta, ex director de la polémica empresa paraestatal VIP Saesa, mediante la cual se desviaron cientos de millones de pesos del erario público a cuentas privadas de amigos de Borge, mediante la renta de aviones y helicópteros.
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ADEMÁS, AYER MISMO también la Fiscalía notificó a través del Periódico Oficial de Quintana Roo que ya han sido aseguradas 21 propiedades que fueron desincorporadas de la reserva territorial del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE) y vendidas a precios de ganga durante el “borgismo”, siendo ésta precisamente una de las líneas de investigación que se le sigue en la PGR al ex mandatario cuya administración colocó al estado en tan deshonrosa posición en materia de corrupción. Los inmuebles estaban en poder de amigos y familiares de Borge Angulo en Benito Juárez, Cozumel, Solidaridad,Tulum, Isla Mujeres y Othón P. Blanco, lo que se convierte en una muestra más de que, aunque no se vea que camine con mucha celeridad, es un hecho de que el actual Gobierno no ha quitado el dedo del renglón en sus promesas de castigar a los corruptos y resarcir a la entidad el patrimonio que le arrebataron.
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A LO ANTERIOR se le suma el llamado a comparecer ante el Congreso del ex secretario de Finanzas, Juan Pablo Guillermo –otro “pez gordo” del pasado–, sujeto a juicio político como presunto autor de multimillonarios desvíos de recursos públicos y malversación de fondos federales y la casi inminente aprehensión de la ex titular del IPAE, Claudia Romanillos, a quien le negaron recientemente los amparos que tramitaba para seguir gozando de impunidad. Y a ello, hay que añadirle que los procesos penales contra muchos otros ex funcionarios estatales que se enriquecieron robándole al estado y traficando influencias, siguen su curso y no hay indicios de que le hagan otra vez “manita de puerco” al hasta hace poco maniatado brazo de la justicia. Por eso, si lo fue hasta el año pasado y de lo cual no tenemos ninguna duda, no podemos creer ni aceptar tan a la ligera que Quintana Roo sea y siga siendo el campeón de la corrupción en México. En algo, estamos seguros, ya se ha avanzado.
