Es muy positivo que la PGR haya aclarado este domingo en rueda de prensa que el estallido del 21 de febrero en un ferri de Barcos Caribe atracado en el muelle de Playa del Carmen, Quintana Roo, no presenta indicios de tener un origen terrorista o de la delincuencia organizada, lo que deja casi ninguna posibilidad de que tuviese una motivación distinta del autoatentado, pero faltan muchas explicaciones.
No es que nos sintamos muy proclives a confiar en la PGR, sexenio tras sexenio hundida en la falta de credibilidad y las actuaciones ilegales, así que la pura palabra del encargado de despacho desde mediados de octubre de 2017, Alberto Elías Beltrán, para afirmar lo expuesto arriba difícilmente nos basta, pero tenemos la indudablemente buena noticia de la expedita apertura de la oficina consular de Estados Unidos, apenas ayer, en Playa del Carmen.
La víspera también fue reportado un artefacto flotante frente a la costa de Cozumel que de inmediato hizo surgir el rumor de otra bomba a la deriva, con la simple base informativa de que efectivamente, poco antes de la conflagración en el barco, una bomba casera flotante había sido detonada de manera controlada en instalaciones de la Secretaría de Marina. Se trataba de un instrumento de uso oceanográfico.
Si bien debemos creer que como lo afirma el gobernador Carlos Joaquín González la seguridad en los destinos turísticos quintanarroenses está bajo control, asegurada, para que propios y extraños –los que vivimos aquí y quienes nos visitan– superemos la idea negativa y seguramente errónea de que ya no vivimos en el próspero paraíso que como estado es el receptor de visitantes más importante de Latinoamérica, hace falta contar con más certezas sobre la miniserie de las bombas náuticas.
No se descarta que existan enemigos del actual régimen que quieran afecta su imagen y desestabilizarlo, sin excluir temas como el electoral ya tan cercano a su culmen del 1 de julio, pero así fuera la simple enemistad con Carlos Joaquín el motivo de las execrables acciones requerimos saber quién o quiénes fueron sus autores materiales e intelectuales, pues más allá de los intereses de los políticos profesionales nos ocupa develar la campechanía con la que se puso en riesgo a nuestra industria turística.
No se descarta que la familia del exgobernador Roberto Borge Angulo, acérrimo enemigo del actual mandatario y hoy encarcelado y acusado por la Fiscalía General de Quintana Roo por dos delitos del fuero común que se suman a las imputaciones de la PGR, esté detrás del affaire de las bombas caseras, pues el dueño principal de Barcos Caribe es el padre del mandatario, Roberto Borge Martín, que además desembarcaba cuando se presentó la explosión el 21 de febrero –esto es lo que se insinúa a gritos–, pero se necesitan más certezas, pues el o los autores pueden ser considerados enemigos de Quintana Roo, y esto no se debe hacer a la ligera
