El dato estremece a todos: en Quintana Roo se comete el triple de violaciones sexuales respecto de la media nacional. Según el informe Ranking de la violencia en municipios y entidades federativas 2014, divulgado recientemente por Seguridad, Justicia y Paz, una Organización No Gubernamental con prestigio en el país, en el Estado la tasa es 28.56 por cada 100 mil habitantes.

En el detalle, el panorama es aún peor, ya que Solidaridad y Benito Juárez ostentan los lugares primero y tercero con 48.78 y 40.04, respectivamente. La realidad del primer municipio es alarmante al representar casi cinco veces la media. No es una revelación nueva. Desde hace años las cabeceras de ambos municipios (Playa del Carmen y Cancún) figuran entre los primeros de la lista negra.

¿Por qué violan tanto en Quintana Roo? Autoridades, sociólogos, sicólogos y académicos han explicado que se debe al calor excesivo durante una larga temporada, lo que, aseguran, altera las hormonas; a que la vestimenta ligera propia de una región caribeña estimula a los agresores; a que las casas con espacios pequeños propician el contacto; a que las extensas jornadas laborales obligan a los padres a encargar a sus hijos con parientes, pero también con desconocidos, así como a que muchos están “de paso” en estas ciudades, lo cual dificulta su registro, pertenencia y participación.

El problema es multifactorial, pero dos circunstancias deben destacarse: La primera, relacionado con quienes dejan a sus hijos al cuidado de familiares o vecinos porque son miles los que viven lejos de su familia original. Lamentablemente se ha comprobado que un alto porcentaje de los abusos –sobre todo en menores de edad– son cometidos por familiares cercanos, como tíos, primos, hermanastros o abuelos, lo que da cuenta de un escenario mucho más complejo.

La segunda, acerca de los que vienen por temporadas, dejando poco rastro en alguna de estas ciudades. Por lo general, han sostenido las autoridades involucradas, son los que trabajan por temporadas cortas sin registrarse ante las instancias de gobierno ni se involucran con la comunidad, lo cual facilita la consumación de un delito. Vienen solos, trabajan en lo que pueden, se divierten y, claro, además delinquen. Son los llamados “oportunistas”, quienes aprovechan todas las ocasiones para hacer de las suyas.

No hay un prejuicio en torno a este señalamiento tan directo, sino que las estadísticas demuestran una situación innegable que no les favorece.

Es posible que en ambas circunstancias exista un número indeterminado de casos desconocidos o impunes, pues unos dudan de los testimonios de las víctimas o de los testigos, algunos prefieren callar pensando en que fue un error, otros otorgan el perdón y otros tantos que denuncian se enteran por la autoridad que el abusador huyó del lugar, por lo explicado anteriormente.

En ambos casos es muy difícil prevenir. Es claro que no se debe a la falta de programas gubernamentales. Con frecuencia, innumerables dependencias de los gobiernos municipales y del Estado difunden campañas de asesorías jurídicas, asistencias médicas y apoyos diversos -todos gratuitos- para prevenir este delito o resarcir el daño. Las campañas se han desarrollado en planteles educativos, comités vecinales, agrupaciones religiosas, asociaciones civiles y centros de atención comunitaria, con información completa reproducida en los medios y las redes sociales. De hecho, la cifra elevada evidencia a su vez que el delito se está denunciando gracias a que la gente confía en estos programas.

Pese a la secrecía con que las víctimas abordan estos temas (ya que para éstas la intimidad sigue siendo lo más preciado), es un mal asunto que compete a todos los ciudadanos.