Estado de los ESTADOS.
Militarización de México
- Violencia e impunidad generalizadas
- Ataques de cárteles contra federales
- Contradicciones entre funcionarios
- Aumenta producción de drogas: EU
- Miedo generalizado entre la sociedad
- Reformas perjudican a trabajadores: UNT
Enrique Peña Nieto traicionó su promesa de sacar a las fuerzas armadas de las calles. De hecho, ha optado por lo contrario: intensificar el proceso de militarización del país, invirtiendo grandes recursos presupuestales para tal efecto. Los resultados son los mismos: una gran masacre a lo largo y ancho del territorio nacional; la producción, tráfico y consumo de drogas no han disminuido; se incrementaron las ejecuciones extrajudiciales; la impunidad es escandalosa y los desplazamientos aumentaron. Hay miedo generalizado, despojo de bienes y propiedades, muerte de civiles, impunidad en los crímenes, razias sociales, incremento de las actividades ilícitas, represión de movimientos sociales, activistas y periodistas.
Más de 21 mil muertos se contabilizan en lo que va de la presente administración: un promedio de 750 al mes, más de 25 homicidios diarios. Guerrero, Estado de México, Veracruz, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Baja California y Michoacán, son los estados más violentos. Donde se realizan operativos militares se incrementa la tasa de homicidios. Son miles los hechos de violencia en los que las fuerzas armadas se han involucrado, incluidas las recientes masacres de Tlatlaya y Apatzingán. La estrategia de militarización incrementa la violencia y las ejecuciones y hace tolerables ciertas prácticas como las ejecuciones y “levantones”. Permite que la sociedad asuma que los asesinados o secuestrados (por parte de autoridades o grupos criminales) son culpables a priori.
A pesar de la estrategia de medios que se opera desde Los Pinos, todos los días los diarios nacionales dan cuenta de los hechos de violencia: la reacción al Operativo Jalisco desplegado por el gobierno federal que dejo un saldo preliminar de afectaciones en 19 municipios tras 29 bloqueos, cuatro enfrentamientos, 7 muertos, 15 detenidos, 11 bancos y una caja popular incendiados, además de 16 gasolineras incendiadas; la centena de muertos tan sólo en un municipio de Guerrero, Acapulco, en el mes de abril, donde se resiente una ola de violencia; de las cotidianas balaceras que dejan decenas de muertos en la región de la Costa Chica; de los enfrentamientos entre policías comunitarios y Agentes de la Fuerza Estatal; de las lucha intestinas por el control de los cárteles de la droga en diversas entidades el país, a pesar de los operativos militares que se implementan para coparlos, y que han desembocado en casos como el ocurrido en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014.
Grave es el hecho de que los grupos criminales se hayan atrevido a desafiar abiertamente al Estado mexicano con acciones como la de este viernes en que uno de los helicópteros que participaban en la Operación Jalisco fue agredido con armas de fuego, incidente que dejó tres militares muertos y 12 heridos -10 soldados y dos policías-. La aeronave, un Cougar matricula 1009, dijo la Defensa Nacional, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia.
Sólo Tlaxcala y Yucatán, son los estados que se han salvado de la ola de violencia nacional, según datos oficiales. Los hechos violentos, asesinatos y homicidios se han concentrado en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Durango, Baja California, Sinaloa, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Guerrero y Veracruz, donde la intervención militar está asociada al aumento de muertes violentas. La guerra que se libra es contra la sociedad en general, el Estado mexicano desarrolla una política de represión preventiva, de la mano del posicionamiento de los negocios de los sectores que representa por la vía de la fuerza militar.
CONTRADICCIONES
Ni entre los funcionarios públicos de primer nivel se ponen de acuerdo sobre los “avances” en contra del crimen organizado. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sostiene que han avanzado con pasos firmes y sólidos en la recuperación de la tranquilidad de Tamaulipas, mientras que el comisionado Monte Alejandro Rubido afirma que “no se le ha dado vuelta al problema de inseguridad en Tamaulipas”. Dice que esta entidad es una de las más conflictivas del país y la zona más compleja es parte de la frontera, entre Reynosa y Matamoros. Afirma que la violencia en Tamaulipas es responsabilidad de dos nuevos grupos, “Los Ciclones” y “Los Metros”, el primero asentado en Matamoros y el otro en Reynosa. Mientras que el responsable de la política interna sostiene que “existe una gran coordinación que nos permite entregar mejore resultados”, sólo que no los vemos.
Rubido García asegura que han neutralizado 93 de los 122 objetivos prioritarios del Gobierno federal, y que ya están detrás de los 29 restantes. Señala que han caído capos de la talla de Joaquín “El Chapo” Guzmán; Héctor Beltrán Leyva, el “H”; Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”; Miguel Ángel y Omar Treviño Morales y Servando Gómez, “La Tuta”. Sin embargo reconoce sus limitaciones en cuanto al cártel Nueva Generación, que opera en Jalisco y Michoacán, y que ha dejado a más de una veintena de agentes de seguridad muertos. Es precisamente el tronco donde han surgido las principales organizaciones criminales del país, que están lejos de ser erradicadas, a pesar de las declaraciones de funcionarios de primer nivel.
PROMESA INCUMPLIDA
El actual inquilino de Los Pinos no cumplió sus promesas de campaña. Ha aumentado la militarización de la guerra contra las drogas en el país. Ha incrementado el gasto del gobierno federal en material de defensa, a través de un programa de ayuda militar de Estados Unidos. México gastó más de mil millones de dólares en equipamiento militar durante el año pasado a través del programa Ventas Militares Extranjeras de Estados Unidos (FMS por sus sigla en inglés), de acuerdo con las declaraciones de William Gortney, almirante de la marina de guerra y alto comandante del comando norte de EU, ante el Senado estadounidense.
La cifra representa un aumento de cien veces más con respecto a años anteriores. Hasta el año pasado, México adquiría equipos militares de EU a través de ventas comerciales directas. Ahora lo lleva a cabo a través del FMS, cuyas adquisiciones están destinadas a fortalecer los esfuerzos de interceptación de drogas. México compró a EU, en mayo de 2014, 2,000 Humvees (vehículo militar multipropósito), por un valor de US$245 millones, para ser utilizados en la lucha contra los cárteles de la droga. El mes pasado EU acordó vender tres helicópteros Blackhawk por US$110 millones, para ser utilizados por militares contra narcotraficantes. Las ventas comerciales directas se triplicaron entre 2011 y 2012, pasando de menos de US$400,000 a más de US$1,2 billones, el gasto se mantuvo por encima de US1 billón en 2013, el primer año del mandato de Peña Nieto.
Durante lo que resta de la administración de Peña Nieto, todo parece indicar que seguirá recurriendo de manera excesiva a las fuerzas de seguridad militar contra los cárteles de la droga. No hay indicios de que esto vaya a cambiar en los años siguientes. Aunque en los primeros años de su administración el mexiquense se comprometió a que los militares tendrían un retorno progresivo a los cuarteles, aún no hay información sobre cómo y cuándo esto será un hecho.
La militarización del país seguida por la administración de Peña Nieto es inquietante y no se le ha dado la debida atención mediática. Los grupos de vigilancia de derechos humanos han vinculado el esfuerzo militar del gobierno de Felipe Calderón a un marcado aumento en los reportes sobre tortura y abusos por parte del personal de fuerzas armadas. Las autoridades buscaron imponerse mediante violaciones de derechos humanos, como las recientes masacres y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
El enfoque militar utilizado por Peña Nieto para luchar contra el narcotráfico causó un retroceso de los derechos humanos en el país, acusó la organización gubernamental estadounidense Human Rights Watch (HRW). El enfoque ha sido contraproducente, acusa, porque la estrategia propició un clima de impunidad y de falta de rendición de cuentas entre las fuerzas del orden. Sostiene que el Ejecutivo mexicano ha hecho poco para combatir la corrupción e impunidad que propiciaron graves abusos por parte de militares y policías. Estados Unidos guarda silencio sobre esto, lamenta HRW.
La “guerra contra las drogas”, iniciada por Felipe Calderón y seguida por Peña Nieto desembocó en una epidemia de ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas y tortura por parte de militares y policías, señaló la organización con sede en Washington. “La espiral de violencia entre las organizaciones criminales, aunada a la catastrófica situación de la seguridad pública, ha costado ya más de 90,000 vidas en México desde 2006”, cuantifico HRW.
También la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sostiene que usar al ejército en labores de seguridad pública que corresponderían a una policía civil expone a los ciudadanos a diversas violaciones a derechos humanos. Christof Heyns, relator especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, urgió al Estado dejar atrás la militarización y capacitar a cuerpos policiales para que éstos sean aptos de atender las demandas de seguridad pública en el país.
Heyns advierte que la sociedad mexicana está expuesta a una serie de atropellos por la militarización, no hay suficiente rendición de cuentas por esos actos en el sistema de justicia militar, que “ha sido sistemáticamente incapaz de enjuiciar de manera efectiva a los soldados acusados de haber cometido abusos graves”.
La situación de militarización y violencia en el país es grave. Las fuerzas armadas concentran las recomendaciones formuladas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre violaciones al derecho de la vida. Los niveles de homicidio son demasiado elevados, y la impunidad hace más grave la situación. No hay investigaciones por homicidios y es evidente la “falta de capacidad y deseo de las autoridades para realizarlas”.
El involucramiento de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública ha tenido un efecto directo en el incremento de las violaciones graves de derechos humanos. Las quejas presentadas por violaciones de derechos humanos por parte de militares se han incrementado en un 1000%. Resulta particularmente preocupante el incremento en la cifra de desapariciones forzadas desde que inició la pasada administración federal.
La militarización es un peligro real para el país. Es la anulación categórica de la democracia, la seguridad pública y los derechos humanos. Desde el gobierno de Ernesto Zedillo la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandonó vergonzosamente su misión –en tanto equilibrio del poder Ejecutivo- al legitimar la participación militar en tareas de seguridad pública. Con Vicente Fox el proceso siguió al conformarse la Policía Federal Preventiva con efectivos del sector castrense. Con Felipe Calderón el ejército tuvo un incremento presupuestal de más del 100% brincando de 26 mil millones en 206 a 50 mil millones en 2011. Con Peña Nieto la militarización continúa con la creación de la Gendarmería Nacional, es decir, una policía militarizada.
MÁS DROGAS A EU
El proceso de militarización de México está engranado a los intereses de Estados Unidos, país que apoya y financia las guerras contra las drogas, para su administración y dosificación a su amplia población adicta que no puede quedar sin narcóticos. Estas guerras le permiten a EU reactivar su economía, apropiarse de territorios y despojar sus recursos naturales, combatir a las disidencias políticas, restringir derechos, y consolidar negocios a partir de la muerte.
De acuerdo con lo señalado por el subsecretario de Estado para asuntos de narcóticos de los Estados Unidos, William Brownfield, el consumo de heroína en los EU se incrementó un 65%, durante los últimos tres años. El aumento en la demanda disparó la producción de dicha droga en México y tiene en alerta a las autoridades estadounidenses.
Según el funcionario, el consumo está generando una “crisis” que se agrava con la participación de los cárteles de México en el tráfico de heroína. Al menos 10 cárteles han cambiado su actividad principal de la cocaína a la heroína. Son esas mismas organizaciones criminales que dicen los funcionarios de la administración de Peña Nieto que ya han sido eliminadas.
Con todo, México produce la mitad de la heroína que se consume en los Estados Unidos. Las incautaciones de pasta de opio, con la que se produce la heroína, en México aumentaron 500% entre 2013 y 2014, y los decomisos de la droga ya procesada aumentaron 42 por ciento. Mientras que el consumo de cocaína en suelo estadounidense disminuyó cerca de 50 por ciento, según el funcionario.
Cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional indican que aumentó en 507 por ciento las incautaciones de goma de opio durante 2014, mientras que las de cocaína se desplomaron 64 por ciento, respecto a 2013. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, se decomisaron mil 250 kilos de goma de opino, contra 206 kilos en 2013. De la goma de opino se produce la heroína, una de las drogas prohibidas más caras del mundo. En la región de Norteamérica, un gramo de heroína se cotiza en 272 dólares. El comercio de opio es una industria de mil millones de dólares al año.
La variación en incautaciones responde a modificaciones en el mercado de Estados Unidos.
DE LOS PASILLOS
Ante representantes obreros y empresariales del país, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que su administración revisará a fondo los mecanismos de justicia laboral de las juntas de conciliación y arbitraje. En Los Pinos, tanto el líder de la Coparmex, Juan Pablo Castañón, como el líder de la CROM, Rodolfo González Guzmán, elogiaron la política laboral y económica del gobierno. Peña Nieto se congratuló que en los últimos 18 meses no se ha presentado una sola huelga de jurisdicción federal. Es decir, que ¡vivimos en el paraíso de los trabajadores!
La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) sostuvo que la inexistencia de huelgas en el último año y medio, no implica necesariamente que los trabajadores estén mejor, pues en ocasiones se evita colgar las banderas rojinegras para salvaguardar la fuente de trabajo. La paz laboral no implica que haya una mejora en las condiciones laborales del trabajador, afirmó Francisco Hernández Juárez, presidente colegiado de la UNT.
Ante un zócalo lleno de trabajadores afiliados a sindicatos adheridos a la CTM, líderes sindicales hicieron un llamado a no tolerar la corrupción. Se pronunciaron contra los nuevos modelos laborales que limitan la organización de los empleados y por un cambio que restablezca los valores de la Patria. En tanto, representantes de sindicatos independientes se manifestaron en contra de las reformas estructurales que perjudican a los trabajadores de México.
