Estado de los ESTADOS. Lilia Arellano.
“El odio es la venganza de un cobarde intimidado”: George Bernard Shaw
- Rearmado en puerta
- Arremete Donald Trump contra migrantes
- Presiona al sistema judicial y al Congreso
- Rechazan Ley migratoria de republicanos
- EU: más de 2 mil niños separados y solos
- Mandatarios salientes llenaron panteones
Ciudad de México.- Faltan unas horas, si así se quiere ver el poco tiempo restante para el día de la jornada electoral de la cual, según las últimas encuestas, se demuestra una importantísima participación ciudadana y una diferencia de muchos puntos entre el primero y el segundo lugar lo cual, sin duda, es muy benéfico para el futuro del país al contarse, en primer lugar, con un gobierno cuya legitimidad no está en duda lo cual hará posible el regreso a la gobernabilidad, al Estado de Derecho. De manejarse las autoridades electorales con la seriedad y honestidad requerida y exigida, se verá no solamente en lo interno sino al exterior el inicio de un cambio, de un camino en el cual pueda transitarse sin las componendas y corruptelas de los últimos 50 años.
Definitivamente se dará una recomposición política, económica y social. Será menester una conciliación entre todos los participantes en el terreno político pero, al quedar asentado el triunfo con una base mayoritaria quedarán invalidadas las presiones acostumbradas para la imposición de integrantes de gabinete o coordinadores o jueces o magistrados o todas aquellas posiciones a través de las cuales buscan los partidos opositores al del poder hacerse presentes y, obviamente influir, además de lograr como lo han venido haciendo las grandes tajadas para ver incrementado su patrimonio familiar y lograr la sobrevivencia del grupo al cual sirven y pertenecen.
Por lo pronto algunos miembros del gabinete empiezan a hacer sus maletas, aunque también están en la etapa de terminar de llenarlas. El cozumeleño Pedro Joaquín Coldwell, titular de Energía, padre del candidato a presidente municipal de su natal Cozumel y medio hermano del gobernador quintanarroense Carlos Manuel Joaquín González, prácticamente rindió su informe de despedida al cerrar las licitaciones de la Ronda 3 con la firma de 14 contratos entregados a 10 empresas extranjeras para operar en el Golfo de México. El ese mismo foro se refirió al total de documentos firmados para la entrega del petróleo, mismos en su mayoría entregados a iniciativa privada del exterior y relacionados con la protección económica a familias políticas del pasado. Nada más y nada menos. Habrá de verse en muy poco tiempo si anuncia su retirada y entonces sabremos cuál será su nuevo destino al quedar claramente establecido serán revisados todos, absolutamente todos los contratos apenas inicie el nuevo gobierno.
Tiempos veremos de acomodos y reacomodos y si estos se hacen antes del primero de diciembre, mucho mejor porque así no se perderá un solo día, se aprovechará el tiempo para iniciar la etapa de transformación anunciada.
MIGRANTES, INSOMNIO DE DT
La migración es un tema que obsesiona a Donald Trump, quien desea modificar todo, tanto la migración legal como la indocumentada. Presiona tanto al sistema judicial como al Congreso, a quien le pide tome las decisiones sobre el futuro de los Dreamers (DACA), resuelva los casos de estatus temporal protegido (TPS por sus siglas en inglés), cancele las visas familiares a las que llama migración en cadena y las que califica como lotería de visas. DT modificó las condiciones en el acceso a visas de los profesionales y lo más seguro es que si no se resuelve el TLCAN se terminará con las visas Nafta.
En cuanto a la migración irregular, su obsesión principal es la construcción del muro y acabar con la política de catch and reléase (captura y liberación), la cual era una modalidad práctica y económica de regular el flujo de trabajadores que eran necesarios para la economía. Antes, se capturaba a los que cruzaban la frontera y se les devolvía a territorio mexicano. Luego se empezó a tomarles sus huellas y datos a los migrantes y se les obligó a firmar una “salida voluntaria”. Después todos los migrantes fueron criminalizados, fichados y confinados.
La política de “tolerancia cero” aplicada por la gestión de Donald Trump llevo a la criminalización y encarcelamiento de todo inmigrante indocumentado capturado por las autoridades y provocó así la separación de miles de niños de sus padres. La tensión generada por la política migratoria de la Casa Blanca fue retratada crudamente por el semanario estadounidense Time, en cuya portada reciente se confronta la imagen del presidente Donald Trump con la de una niña hondureña de dos años llorando por la detención de su madre. “Bienvenida a América” son las tres únicas palabras que acompañan el montaje de la imagen del mandatario estadounidense que, sobre un fondo rojo, parece mirar desde lo alto a la pequeña, cuya foto se viralizó días atrás cuando su familia inmigrante e indocumentada fue capturada en la zona de McAllen, Texas.
La política migratoria de “tolerancia cero” del gobierno de Donald Trump derivó en violencia innecesaria. La acusación del magnate de que los migrantes menores y con familia cometen un “abuso” al acogerse a refugio, se pretendió corregir con otro abuso de peor calaña, que es criminalizar al padre y torturar al niño, al separarlo de su familia. Su política de “tolerancia cero” complica aún más la situación de los juzgados, incrementa el número de detenidos (actualmente más de 700 mil) y alarga la estancia de los que ya están en los centros de confinamiento.
La presión de DT al sistema judicial es inédita y compromete la independencia de jueces y el debido proceso. El procurador general ha empezado a revisar y revertir casos en los que un juez había concedido refugio por razones de violencia doméstica. Las instrucciones a los jueces son endurecer sus posiciones y desechar los casos que tienen que ver con un criterio más amplio de refugio. Los jueces de migración son presionados para que resuelvan más casos. Atienden en promedio 678 casos al año y quieren elevar la “productividad”, lo cual afecta la calidad de la decisión y el debido proceso.
RECHAZAN LEY MIGRATORIA
A pesar del impulso de última hora de Donald Trump, el proyecto republicano de ley de reforma del sistema migratorio estadounidense no fue aprobado en la Cámara de Representantes del Congreso. Ese proyecto de ley abría un camino a la legalización definitiva de jóvenes migrantes llegados a EEUU siendo niños pero también incluía recursos para la construcción de un muro en la frontera con México.
La ley, que tuvo 301 votos en contra y 121 a favor, pretendía otorgar a ciertos inmigrantes traídos al país en forma irregular cuando eran niños un camino a la ciudadanía. El proyecto hubiera también financiado el muro fronterizo con México, limitando la inmigración legal y frenado la separación de familias. Paul Ryan, titular de la cámara baja, calificó la propuesta de “una magnífica obra de consenso” y trató de ponerle buena cara pese a que los pronósticos eran desalentadores.
Trump quiso pasarle la bola al Congreso y echar la culpa a los demócratas que impiden una reforma migratoria a su gusto y que no le dan dinero para la construcción del muro y así incrementar la represión contra los migrantes.
NIÑOS SEPARADOS Y SOLOS
Diversas organizaciones civiles y medios de comunicación han denunciado que más de 2 mil niños separados de sus familias por el régimen de Donald Trump permanecen solos y hasta perdidos en el laberinto burocrático de Estados Unidos. No hay hasta el momento un plan para volver con sus familiares.
Una demanda judicial contra el gobierno federal fue presentada por 17 administraciones estatales para exigir la inmediata reunión de los menores con sus padres en Seattle. Argumentan la política de Trump de separar niños y padres en la frontera es inconstitucional e indican la orden ejecutiva no resuelve la tragedia que desató. Los procuradores generales de estos gobiernos acusaron dicha orden no reúne a las familias ni evita las separaciones en el futuro.
Hace una semana, Trump se vio obligado a firmar una orden ejecutiva poniendo fin a su política de separación de niños –incluso bebés- tras una feroz condena nacional e internacional.
Abogados, legisladores, diplomáticos, expertos y activistas siguen denunciando la falta de transparencia e información específica sobre dónde están los niños, cuándo y cómo serán llevados con sus padres, y hasta cuántos son. De acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos son 2 mil 47 niños bajo su custodia, cifra no necesariamente exacta. El gobierno no revela públicamente en qué albergues aloja a los niños separados desde mayo a la fecha, y rehúsa abrir los centros donde fueron colocados; a periodistas e incluso legisladores federales se les ha negado el ingreso.
NO SABEN CÓMO REUNIR A NIÑOS CON SUS PADRES
La administración estadounidense no parece conocer cómo cumplirá con la orden de un juez federal para reunir en un plazo de 30 días a familias inmigrantes separadas en la frontera. Mientras, se multiplican denuncias sobre autoridades que presionan y hasta amenazan a solicitantes de asilo para abandonar el país usando a sus hijos separados como fichas de negociación.
Los padres ubicados en centros de detención de migrantes o los liberados recientemente, o incluso quienes ya hasta fueron deportados, siguen la búsqueda de sus hijos enviados en algunos casos a albergues y guardas a miles de kilómetros de distancia. La política de “tolerancia cero” aceleró el proceso de justicia. Cada día, decenas de acusados esposados son presentados en grupo ante jueces de un tribunal criminal en la frontera.
Prácticamente todos estos recién capturados han aceptado ser expulsados de manera “expedita” del país, sin poder consultar a abogados antes de esa negociación. Tan sólo 14 por ciento de los detenidos, incluyendo menores, tienen acceso a un defensor, según la asociación nacional de abogados. Cada uno es procesado en menos de dos minutos. Sin embargo, no hay suficientes jueces.
Miles de víctimas de estas políticas en esas condiciones buscando a sus hijos, son indígenas de México y Centroamérica, quienes no necesariamente hablan español. También se multiplican las quejas sobre cómo las autoridades han presionado a solicitantes de asilo a abandonar sus casos al ofrecerles reunirlos con sus hijos si aceptan ser deportados.
DEJAN CEMENTERIO GOBERNADORES SALIENTES
De los nueve gobernadores quienes serán relevados tras las elecciones del próximo 1 de julio, seis dejan un panorama desolador en materia de seguridad, pues en sus sexenio registraron más homicidios con armas de fuego que sus predecesores. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) estos mandatarios son: Miguel Márquez de Guanajuato; Miguel Ángel Yunes de Veracruz; Aristóteles Sandoval de Jalisco; Graco Ramírez de Morelos; Miguel Ángel Mancera de la Ciudad de México; y Manuel Velasco de Chiapas.
De los otros estados donde habrá de renovarse gobernador, sólo en Yucatán se muestra un descenso de la violencia respecto a las administraciones anteriores. En Tabasco no hay registros de los homicidios con armas de fuego antes de 2014, por lo tanto no se puede hacer un comparativo, y en Puebla el gobierno de José Antonio Gali Fayad registra en 17 meses 801 asesinatos, casi 60 por ciento de los mil 379 casos que se reportaron durante el sexenio de Rafael Moreno Valle.
Sin duda, Guanajuato es el caso más alarmante. En esa entidad se cometieron 3 mil 975 asesinatos durante el gobierno del panista Miguel Márquez Márquez, lo cual representa un aumento de 235.4 por ciento respecto a los mil 185 casos reportados en la administración de Juan Manuel Oliva.
Veracruz también es un caso especial. La gestión de Miguel Ángel Yunes, la cual comenzó en enero de 2016, registra mil 811 denuncias por homicidios dolosos con arma de fuego, es decir, un aumento de 23 por ciento respecto a la que tuvo su antecesor, Javier Duarte, durante casi seis años de gobierno.
Morelos es un entidad con un alza importante de ejecuciones. Durante la administración de Graco Ramírez los delitos aumentaron 42.6 por ciento respecto a los resultados entregados por su predecesor, Marco Adame. Actualmente el SNSP reporta mil 726 homicidios con armas de fuego, mientras en el gobierno de Adame hubo mil 210 casos.
En Jalisco y la Ciudad de México también se han registrado incrementos de asesinatos. En el primero se han incrementado 19.2 por ciento, mientras, en la segunda, el alza es de 16.2 por ciento. Con Emilio González se registraron en Jalisco 2,833 homicidios y con Aristóteles Sandoval la cifra se elevó a 3,379. En la capital de la República, con Marcelo Ebrard se registraron 2,596 asesinatos, y en la gestión de Miguel Ángel Mancera se elevaron a 3,018.
DE LOS PASILLOS
La democracia es cada vez más cara en México. Este año el costo del voto será 31.2 por ciento superior al de las elecciones del 2012, al pasar de 436 pesos a 572, de acuerdo con el presupuesto asignado al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y con un promedio de participación ciudadana estimado en 61.9 por ciento… El Presupuesto de Egresos de la Federación indica que el INE recibirá 24 mil 215 millones de pesos este año, un incremento del 27.3 por ciento en términos reales respecto al monto ejercido en las elecciones del 2012 por el entonces IFE, que fue de 19 mil 21 millones de pesos a precios de diciembre de 2017… Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) recibirá 3 mil 893.2 millones de pesos, con un aumento real de 38.2 por ciento respecto al gasto ejercido por la institución en las pasadas elecciones federales…
Por la violencia, amenazas y cuestiones de paridad de género, entre otras causas, alrededor de 5 mil 703 aspirantes a un puesto de elección popular fueron sustituidos en el actual proceso electoral, iniciado en septiembre de 2017 y que concluirá este domingo 1 de julio. De acuerdo con datos del INE y autoridades comiciales de los estados, en cuanto a candidatos locales, las entidades donde más cambios se han registrado son Oaxaca con mil 660 y el Estado de México con mil 225. Luego le siguen Michoacán con 736: Jalisco, 674; Guerrero, 477; Querétaro, 176; Chihuahua, 84; Hidalgo, 70; Yucatán, 70; Tamaulipas, 51; Veracruz, 19; Baja California Sur, 12; y Tlaxcala con cinco. A éstos, hay que sumarles otros 444 candidatos a puestos federales que también se bajaron de la contienda. Los difuntos ni para que contarlos.
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