Desde el 8 de agosto cuando asumió la presidencia del Tribunal Superior de Justicia el magistrado Antonio León Ruiz habló de relanzar y redignificar; dos conceptos que implican rescate, reacomodos y reorientaciones. Es una tarea titánica, que en todo caso deberá cumplir entre este año y el 2022, cuando acabaría su encomienda.
En una entrevista reciente identificó los retos, reconociendo carencias y dificultades en un ámbito sobre el cual recaen expectativas crecientes desde la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal y debido a una reforma laboral en proceso, cuyo traspaso a dominios judiciales conllevará otros tantos desafíos aún por abordar en el trayecto.
Para ejemplificar esta nueva etapa el titular del Poder Judicial admitió que es preciso redignificar el papel del magistrado, del consejero y del juez, y consolidar el programa de impartición de justicia, en equipo; es decir, con autoridades de todos los niveles y poderes, empresarios, Barras, Colegios y Consejos de Abogados, así como con la Fiscalía, Seguridad Pública, universidades y otras instancias. La participación ciudadana es clave.
Primero comenzó puertas adentro, creando comisiones de trabajo para afrontar diversas temáticas, como la justicia laboral, el abatimiento del rezago en el proceso penal tradicional, igual que en materia civil y familiar.
Después fue puertas afuera, con organizaciones y otros interlocutores, con los cuales ha coordinado agendas y esfuerzos. “Esta es una gestión de todos, no la de Antonio León”, insistió a pregunta expresa.
Tiene razón. En una etapa como la actual, cuando todavía se reconstruye y proyecta tanto en seguridad como en justicia, tender esos puentes será vital para lo que viene, en tanto abona a mejor la percepción ciudadana sobre gobernantes e instituciones.
Y es que los retos no son pocos: además de los anteriores, fortalecer la justicia cotidiana, como la mediación privada (entre ellas la comunitaria, la escolar, etcétera), es urgente. Acerca de lo último compartió una estadística: entre el 7% y el 10% de los casos llega a juicio oral, los demás se resuelven con la justicia alternativa, el juicio abreviado, y antes de eso, en la Fiscalía existen mecanismos para descongestionar. Apostar a eso es fundamental.
Dinamizar los juicios orales y civiles, donde aún falta mucho por hacer, sobre todo en Cancún, ya que prevalece el retraso. Aunado a ello, afinar los mecanismos de control interno para evitar actos deshonestos, irregularidades o errores.
Por último, estrechar respetuosamente la relación con los otros dos Poderes, que indudablemente debe ser permanente. Es la única manera de garantizar la gobernanza, explicaba al respecto.
El 20 de octubre pasado presentó un presupuesto de 767 millones de pesos, aprobado previamente por el Consejo y luego por el Pleno, y remitido a la Legislatura. Los diputados deberán determinar el monto en los próximos días. Adicionalmente, 92 millones para infraestructura, capacitación, personal y todo lo que implica la operación de la reforma laboral dentro de su competencia. ¿Será autorizado? ¿Alcanzará?
Es momento para convencer a los empleados del Poder Judicial, y más a los ciudadanos, quienes deben estar atentos. Están avanzando. De eso no hay duda.
Desorbitado
Cuando parecía que había soluciones en el caso las cajas de seguridad incautadas a First National Security, nuevos datos sepultaron el optimismo de quienes sirvieron como facilitadores o aseguraron que todo estaba en orden. Tanto las quejas como los debates crecerán en los próximos días, con un desenlace evidentemente inesperado.
¿Quiénes han mentido? La pregunta apunta a todos los involucrados
