La importancia de prevenir el bullying aumenta en cada inicio o cierre de ciclo escolar; cuando se presentan hechos lamentables que trascienden, y cuando se promueven iniciativas generalmente del sector gubernamental, pues los actores sociales apenas comienzan a ser escuchados en un tema que prácticamente siempre ha sido de “vida o muerte”.
Lo cierto es que las medidas tanto de prevención como de resolución deben ser inmediatas e integrales.
Recientemente se dio un paso al respecto. La Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, en colaboración con la representación en Quintana Roo de la asociación civil Observatorio Nacional para la Prevención del Acoso y la Violencia Escolar, iniciaron el programa piloto “Escuelas Libres de Bullying”, cuyo fin es impartir talleres y pláticas dirigidas a los alumnos, a docentes y a padres de familia, para reducir la incidencia.
Posterior a ello se aplicarán encuestas que servirán para diagnosticar logros obtenidos luego de la capacitación y el trabajo con los representantes de la escuela. Y eso es lo importante, pues las medidas en conjunto son parte del éxito.
Cuando se detecta un caso de bullying, tanto los docentes como los padres del menor deben trabajar en equipo para resolver inmediatamente, persiguiendo en el fondo que no vuelva a ocurrir y que el afectado no sufra secuelas, las cuales pueden detonar incluso el suicidio. En este sentido, fortalecer los mecanismos de alerta para identificar las manifestaciones de violencia, conocer sus causas y alcances, así como diseñar estrategias paralelas, es un asunto impostergable, dadas las experiencias en Quintana Roo.
Por eso el acuerdo entre la Comisión de Derechos Humanos y la agrupación civil busca atender todas las demandas, procurando el diagnóstico, la aplicación de ideas, la supervisión constante y el análisis de los resultados, con el objetivo de perfeccionar el instrumento que ya fue dado a conocer a Cancún.
En paralelo, la Comisión ha propuesto foros de consulta; incorporar en las páginas electrónicas institucionales vínculos para recibir y canalizar denuncias, así como diseñar protocolos de actuación para directores, maestros y alumnos. Además, es conveniente motivar la participación activa de todos los involucrados en la vida cotidiana de los planteles, para desplegar una comunicación continua y efectiva, evitando que la burocracia, el desinterés de alguno del eslabón o el ocultamiento de la información, prevalezcan sobre la obligación de erradicar un flagelo cada vez más cruel.
Hasta donde se sabe, la Comisión y otras instancias ya proveen los materiales para fortalecer la tarea en los consejos técnicos escolares para que próximamente la discusión se concentre en la mejora del ambiente escolar y se realicen actividades, entre las que destacan cine debate, pláticas, elaboración de carteles, pinturas y juegos deportivos.
Este instrumento no es la única respuesta, como se ha constatado, ya que los gobiernos municipales, el estatal y el federal también han emprendido acciones creando redes de colaboración interinstitucionales. Debe seguir una campaña sistemática de comunicación social para difundir las acciones emprendidas, motivando la denuncia y la participación.
Lo de la Comisión y el Observatorio Nacional para la Prevención del Acoso y la Violencia Escolar se trata del primero de muchos pasos entre la sociedad civil y todos los niveles de gobierno y, como tal, hay que nutrirlo.
Ojo, la tarea no está hecha, ya que erróneamente el bullying se ha pretendido comparar con un juego violento o con una responsabilidad exclusiva de maestros y directores. Los padres, los familiares y los amigos del menor también deben comprometerse, antes de que sea tarde.
Por enésima ocasión el bullying se pone en boga, en un contexto en que los suicidios de menores en el Estado fueron gatillados por depresiones que nadie vio.
