A juzgar por hechos de conocimiento público, la prensa mexicana vive uno de los peores momentos de la historia reciente. De todo lo malo que pudiera enlistarse, la amenaza contra los comunicadores es de lo más dañino. El peligro es inminente. En muchos casos las advertencias se han consumado: ahí están las desgracias. Ahí están los cuerpos.
Si alguien tenía dudas, los medios nacionales pusieron nuevamente el tema sobre la mesa, la semana pasada, cuando diarios como El Universal recordaron que solo en el 2017 murieron 12 en hechos de violencia. Uno por mes, digamos. Eso convierte a México en uno de los países con más cifras sangrientas.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) precisa que, desde el 2000 a la fecha, 113 han sido asesinados, con Veracruz a la cabeza. Allí hay casos “ejemplares” de los peligros y retos que enfrentan los profesionales de la información. El contexto nacional es, por obvias razones, muy desfavorable para el gremio.
Pero Quintana Roo parece no escapar a esa atmósfera. Al menos no en los últimos días, cuando dos reporteros acusaron arremetidas en sus redes sociales, señalando como presuntos responsables, ni más ni menos, a servidores públicos.
Luciano Núñez, director de Grupo Pirámide, acusó que el ahora regidor con licencia de Benito Juárez, Gregorio Sánchez Martínez, le habría advertido por la denuncia pública que hizo el periodista en torno al presunto “plagio” de un libro de su creación, cuyos detalles fueron expuestos ayer en primera plana por este rotativo.
En el caso se aclaró que no hay motivaciones políticas, por aquello de las pretensiones del protagonista. Si eso tiene asidero, es evidente que los políticos han confundido entonces a sus rivales; porque en vez de enfrentar a sus opositores reales, estarían atacando a quienes se dedican a dar noticias. Así de absurdo.
Por el bien de todos, deben aclararlo en un ambiente seguro, legal y legítimo.
Desorbitado
En un clima como el actual, las estrategias de los candidatos deberán considerar el blindaje de todos los equipos. También los árbitros y, por supuesto, quienes deben garantizar la paz social. Supuestamente, al menos dos ya han renunciado a sus aspiraciones por dicho asunto. ¿Serán más?
