En palabras del Código Nacional de Procedimientos Penales, la investigación de los lamentables hechos del ya conocido martes negro en el ataque a la fiscalía de Cancún deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión.
Un componente adicional que transforma substancialmente la manera en que se desarrolla la investigación, es que debe permitir que el MP o agente ministerial articule una política de persecución penal de naturaleza estratégica.
La publicidad en los procesos y juicios cuando la sociedad es agraviada
Considerada por la doctrina como un principio consecuencia del de la oralidad, el de publicidad, ha ido adquiriendo en los últimos años, y es de prever que aumente en el futuro inmediato, una mayor relevancia en el derecho procesal penal tanto como principio que inspira varios de sus actos, como uno de los medios que garantiza la legítima defensa del acusado o, a contrario sensu, cuya ausencia la afecta sensiblemente.
La publicidad para las partes o publicidad interna, significa que todo cuanto actúa el juez o tribunal y la parte adversa es conocido ope legis por la parte. La publicidad general hace referencia al gran público no interesado directamente en el proceso. La publicidad general se manifiesta, a su vez, en otras dos formas, la publicidad inmediata, que supone la percepción directa de los actos procesales por el público, y la publicidad mediata, que tiene lugar por vía indirecta, a través de un intermediario (prensa, radio, televisión, cine…, etc.).
La publicidad contribuye a la satisfacción de este interés, pues el juicio propiamente dicho se realiza a la vista de todos, y no al amparo de la oscuridad que puede encubrir la arbitrariedad.
Desde el punto de vista del Estado, la publicidad contribuye de forma decisiva la prevención general, en la medida que se presenta como el medio más apto para transmitir a la sociedad los mensajes institucionales acerca de las valoraciones sociales reconocidas en la ley, y la vigencia de las normas penales.
El sigilo de las investigaciones muchas veces es contrario a un proceso público con dilaciones indebidas, hay que entender que el proceso que se desenvuelve en condiciones de normalidad dentro del tiempo requerido y en el que los intereses litigiosos pueden recibir pronta satisfacción en este caso la aprensión de los autores intelectuales y materiales de los hechos ocurridos el martes negro.
Las Dilaciones indebidas han sido entendidas por el Tribunal Constitucional como un supuesto extremo de funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, con una irregularidad irrazonable en la duración mayor de lo previsible o tolerable, y además imputable a la negligencia o inactividad de los órganos encargados de la Administración de Justicia.
@JRamirezCancun
