La reciente aprobación a las modificaciones a la Ley de Movilidad de Quintana Roo desató una serie de especulaciones y reclamos, fundados en criterios muy personales. Unos basados en intereses también personales y otros, simplemente, en la ignorancia.
Cuando anteriormente se había prohibido la operación de plataformas digitales en la prestación del servicio de transporte de pasajeros -en este caso Uber- por carecer de una Ley que las rigiera, ahora por Ley éstas están autorizadas a entrar al estado y operar como ellas mismas ofrecen y el público usuario, cansado del mal servicio de los taxis, lo exige. Pero, he ahí el pero que a muchos no les cuadra, todo debe ser por la derecha. Por la “libre”, nada.
A nivel federal, los tribunales que han tomado parte de estas discusiones han establecido que el servicio de transporte de personas con plataformas tecnológicas debe contar con concesión para que puedan entrar a la competencia, lo cual es también el criterio de tribunales locales que en varios estados del país se han aplicado de la misma manera.
Los conceptos de la Ley al respecto son tres y son claros:
1.- Equidad: Tiene que haber piso parejo para todos y por eso, para todos (sindicatos y plataformas), la herramienta para prestar el servicio es la concesión, tal y como lo han interpretado -y hecho tesis- los tribunales federales.
2.- Legalidad: Requisitos claros para prestar el servicio.
3.- Competitividad: Que los usuarios puedan optar por el servicio que más les convenga en calidad y precio.
¿Dónde está entonces la parte que no se entiende? ¿Cuál es la supuesta prohibición a que Uber entre a Quintana Roo o que los Poderes del Estado estén en perversa confabulación para seguir protegiendo a los sindicatos taxistas?
Si la leemos al detalle la Ley de Movilidad, que hoy no prohíbe la entrada de Uber, nos permite entender que esta plataforma tecnológica puede operar en Quintana Roo, pero ateniéndose -como cualquier otro prestador de servicios- a reglas para el beneficio general.
Porque ni aquí ni en ninguna otra parte, es posible que una empresa funcione sólo bajo sus propias reglas.
Entonces, es así de sencillo: Llámese Uber o como se llame, entrarán las plataformas digitales que acaten las disposiciones que el Estado mande y éste, a su vez, será garante de su operación. Como con cualquier empresa legalmente establecida.
