EL BESTIARIO
La mitad de los presos de las cárceles de la mayor área metropolitana de México afirman que fueron golpeados en el momento de su detención para forzarles a cambiar su declaración. Las denuncias de que la policía exigió el pago de una mordida (extorsión) a cambio de un trato preferencial se han duplicado en los últimos 10 años. Más del 80% asegura que las autoridades de la prisión exigieron a su familia dinero a cambio de que les llevaran comida al interior de la cárcel y el 57% solamente por entrar al penal. Otros tantos -un 76,4%- desconocían sus derechos a la hora de su juicio. Seis de cada 10 de los internos en las prisiones del Distrito Federal y el Estado de México, la tercera aglomeración más grande del mundo según la ONU y que concentra a más de 20 millones de habitantes, han sido condenados por robo simple, la mitad por un monto de 11.000 pesos (700 dólares). Uno de cada cuatro, por menos de 2.500 (160 dólares). Siete de cada 10 de los reclusos tienen hijos, la gran mayoría no ha cumplido los 30 años y vienen de familias pobres.
Son los condenados de un sistema judicial con tal nivel de desconfianza que nueve de cada 10 delitos cometidos en México no se denuncian, según cifras oficiales. Los datos provienen del estudio Delito y Cárcel en México, deterioro social y desempeño institucional, elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas mexicano (CIDE), y que forma parte del proyecto internacional Poblaciones carcelarias en Latinoamérica, que analiza prisiones de Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, México y Perú. El informe, que recoge información de 2013 y la compara con análisis de 2002, 2005 y 2009, arroja un aumento en la corrupción en la actuación de las autoridades.
“Hay dos datos que muestran una preocupante descomposición. Uno, el incremento en los internos que han tenido evidencia de presos que han obtenido su libertad mediante pagos o influencias. El segundo es el aumento de los cobros indebidos [mordidas: soborno o extorsión]”, indica el informe. Los reclusos que han denunciado que algún policía les pidió dinero han crecido de un 36,9% en 2002 a 46,1% en 2013.
El 45,6% de los presos asegura que fue golpeado por la policía para forzarlo a declarar. “Esta cifra es particularmente grave porque refleja que no ha habido, a lo largo de la serie histórica, absolutamente ningún cambio en las formas tradicionales de operación de la policía de investigación y de los ministerios públicos”, indica el informe. La ONU presentó hace 10 días un documento que concluía que la tortura en México era “generalizada” en todos los cuerpos policiales, una acusación que fue rechazada de inmediato por el Gobierno mexicano.
Siete de cada 10 de los reclusos tienen hijos, la gran mayoría no ha cumplido los 30 años y vienen de familias pobres
La mayoría de los presos, además, no entendieron sus derechos en el momento de ser enjuiciados: dos de cada tres declararon que entendieron poco o nada de lo que sucedía a su alrededor. En 2013, la cifra ascendió a un 76,4%. La incomprensión del proceso es grave, aseguran los investigadores, porque “no sólo se refiere a la incapacidad de establecer una interacción adecuada y una defensa racional, sino también a una falta de comprensión de los mecanismos institucionales”.
Durante sus juicios, la mayoría de los detenidos no pudieron hablar a solas con sus familiares y amigos (el 64,6%) y, ya en la cárcel, con su abogado defensor (un 59,1%). El 86,1% desconocía que tenía el derecho de pedir libertad condicional. Seis de cada 10 dieron su primera declaración frente a un juez, fundamental para sus sentencias, sin que estuviera un abogado defensor presente. Un 63,8% no fue informado de que incluso podía negarse a declarar. Un juicio mexicano es escrito y secreto, lo que lo convierte en un proceso largo, complicado y burocrático. La reforma penal, impulsada desde 2008, busca cambiar este sistema para que en México se practiquen juicios orales, donde se valoren las pruebas con mayor claridad.
Las sombras de la justicia mexicana, la reforma que llegará en 2016 pretende acabar con un sistema obsoleto e ineficaz
Detrás de un cristal sucio y rayado se adivinan cuatro siluetas que se mueven de un lado a otro. Pertenecen a los acusados que tienen cita este miércoles en el juzgado. Los padres que llegan a la sala abren mucho los ojos tratando de adivinar a sus hijos entre las sombras. No es fácil, una capa de cristal, otra de barrotes y 14 funcionarios que trabajan ajenos a la escena se interponen entre ellos. Cuando uno de los empleados abre un pequeño hueco en un lado de la cristalera, la cabeza redonda de Rubén asoma entre los hierros. Es su turno.
El chico luce una camisa blanca planchada que su madre le llevó a la cárcel. Es su primera audiencia desde que lo detuvieron en la calle por menudeo de drogas “unos 50 policías”, según repetirán todas las personas que testificarán a su favor en las próximas tres horas. Rubén, de 24 años y más de cien kilos de peso, lleva desde septiembre en prisión. “Durmiendo en el piso [suelo]”, apunta su madre.
Los jueces o no asisten o no intervienen en el proceso. Dictan sentencia según lo escrito por el mecanógrafo
El abogado llega al juzgado a las once de la mañana con un traje claro y un rosario de madera entrelazado en la muñeca derecha. Además de a Dios, el letrado tiene en sus manos las esperanzas y el dinero de la familia de Rubén, el propio y el prestado. “Pago aunque no tengo para que saque a mi hijo. Cárcel es cárcel”.
Casi la mitad de los reclusos del país, como Rubén, están presos sin sentencia, pendientes de procesos judiciales que se suelen alargar durante años. Las autoridades reconocen que el sistema está obsoleto. La reforma judicial, que impone audiencias orales, ha comenzado a implantarse en algunos Estados y en 2016 llegará a todo el país. Se espera que el nuevo modelo descongestione un sistema hasta ahora ineficaz en el que desconfían dos de cada tres mexicanos, según datos oficiales, y en el que la mayoría de los casos quedan impunes.
En el juzgado penal número 52 del Reclusorio Oriente, de las 14 personas que están trabajando en la sala solo tres prestan atención al juicio de Rubén: el abogado, la mecanógrafa y el representante del Ministerio Público. Se han colocado alrededor de un escritorio en medio del habitáculo. El resto de funcionarios se dedica a otras cosas. Uno le pregunta a otro si quiere algo para comer. Y sí, quiere “un sándwich y una coca”. Un tercero tiene que acuñar más de cien hojas de papel. “Tac, tac tac” suena el tampón sobre los folios. Durante ese rato, el resto de interesados en la vista (la familia y el propio Rubén desde su jaula) también dejan de oír porque ese ruido lo inunda todo.
El acusado no entra en la sala, sigue las audiencias de su caso detrás de una ventana con rejas
El desarrollo del juicio es más o menos el siguiente: el representante del Ministerio Público le dice su pregunta a la mecanógrafa. La mecanógrafa se la repite al testigo. El testigo contesta. Si de pronto construye una frase muy larga, la mecanógrafa le reprende: “Hable usted más despacio”. En el juicio no se habla, se dicta.
Rubén ni oye ni dice palabra ni se puede sentar. A veces gira la cabeza y pega la oreja a los barrotes. Una de las sombras que tiene a su lado le da algo y se lo lleva a la boca. Su madre y su tía se preguntan qué es. “Un chicle”, confirma su hermana al verlo mascar. Rubén es comerciante en una calle del centro del Distrito Federal. Vende “cosas de temporada, como carteras y así”, explica un familiar. De allí se lo llevaron un día de septiembre “unos 50 policías”. Los cuatro testigos de hoy trabajan en los puestos vecinos.
Testigo: Conozco a los policías que detuvieron a Rubén porque se debe a ellos que trabajamos. Ministerio fiscal a la mecanógrafa: ¿Puede explicar eso? Mecanógrafa al testigo: ¿Puede explicar eso? Testigo: Algunos de los policías son a los que les pagamos para que nos dejen vender. Esa es la base de la defensa del abogado del rosario. Rubén y varios comerciantes aseguran que para poder instalar sus puestos en la calle se ven obligados a pagar una mordida a algunos policías de la zona. Cuando las ventas bajaron, Rubén dejó de pagar. En represalia, supuestamente se lo llevaron y le endosaron tráfico de drogas. Solo una de los cuatro policías que han sido citados a declarar se ha presentado hoy al juicio.
Rubén sigue su audiencia tras las rejas. ¿Y dónde está el juez? La madre de Rubén asegura que el juez es “ese señor”, pero se equivoca, ese señor es el representante del Ministerio Público. La hermana dice que ella no sabe eso. Por la puerta de la sala entra Luis Miguel Gutiérrez, tiene 20 años, viene a entregar unos papeles y está a punto licenciarse, pero ya trabaja con un abogado como pasante, por eso viste de traje. “No está. El juez nunca está”, asegura.
El juez casi nunca asiste a las audiencias y solo dicta sentencia a través de lo escrito por la mecanógrafa
Lo categórico de la afirmación de Gutiérrez se debe a que en el sistema mexicano, el juez casi nunca asiste a las audiencias y solo dicta sentencia a través de lo escrito por la mecanógrafa. La reforma judicial, que llegará en enero de 2016 a la Ciudad de México, obliga a celebrar juicios orales, grabados, ante la presencia del titular del juzgado. Los magistrados están recibiendo instrucciones desde enero para conocer el nuevo sistema, en el que, además de dictar sentencia, serán protagonistas del proceso.
Pero esta vez el pasante Gutiérrez se equivoca. Lasubellali Austria Cruz, juez interina del 52, sí está en la sala aunque pasa desapercibida. Sentada en uno de los 15 escritorios, la magistrada ocupa las horas que dura la vista firmando decenas de papeles que le entregan unos y otros. No hace ni una pregunta relacionada con el caso, atareada como está entre expedientes y con tanto ruido alrededor. Durante unos segundos suena la canción Diamonds de Rihanna porque a un policía le han llamado por teléfono. Del ordenador de la mesa de la magistrada sale un globo de corazón rojo, como los que se regalan los 14 de febrero, aunque hoy es noviembre. El globo también se interpone entre la familia y Rubén, que ya da muestras de agotamiento, ajeno como es a su propio juicio.
El abogado del rosario pide entonces un aplazamiento porque tres de los policías citados no han comparecido. El cristal sucio se cierra. La vida en la sala sigue como si ni Rubén ni las otras sombras hubieran estado nunca allí. Algún día la juez Austria leerá todo lo que se ha dicho hoy y en las sucesivas vistas. Así decidirá si el chico es un traficante de droga o una víctima de policías corruptos. Si dormirá en el piso de la cárcel o volverá a vender cosas de temporada en la calle.
A Antonio Zúñiga lo detuvieron en la Ciudad de México el 12 de diciembre de 2005. En dos días, fue acusado de asesinato
En México solo se denuncian el 9,9% de los delitos. El 31,4% de los mexicanos cree que denunciar es una pérdida de tiempo. Un proceso penal dura de media 543 días (se espera que con el nuevo sistema baje a 160). Casi la mitad de los presos del país están a la espera de sentencia.El 65% de la población cree que los jueces son corruptos o se les puede corromper. Dos de cada tres mexicanos desconfían de la justicia.
A Antonio Zúñiga lo detuvieron en la Ciudad de México el 12 de diciembre de 2005. En dos días, fue acusado de asesinato. En unos meses, condenado a 20 años de cárcel. Los policías que lo detuvieron nunca le leyeron sus derechos. Su primer abogado no tenía permiso para ejercer la profesión. El detective que le acusó no se acordaba de su caso. Decenas de testigos corroboraron su coartada, pero el único que fue tomado en cuenta fue un joven que no atinaba a describirle. El juez, pese a las múltiples pruebas que le exoneraban, le condenó no una sino dos veces a 20 años de prisión. Sólo consiguió probar su inocencia cuando dos jóvenes abogados, armados con una cámara de vídeo, mostraron las irregularidades de su juicio ante un tribunal de apelaciones. El documental Presunto culpable cuenta la historia de un hombre encarcelado pese a que podía probar su inocencia, pero que tuvo la mala suerte de toparse con que en México la justicia es ciega. Literal.
A mitad de un juicio, un grupo de secretarias entre con un pastel, el acusado puede cantar ‘Las mañanitas’ al fiscal que lo procesa
El sistema judicial mexicano establece que un detenido es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Muy pocos lo logran. En 2008, casi el 95% de las sentencias fueron condenas. Ese diciembre de 2005, Zúñiga fue detenido por dos policías que le tiraron al suelo sin dar más explicaciones. “Ni idea de qué me están hablando. No sabía nada. Me agarran, me meten a una patrulla y me dijeron ‘¡tú fuiste, y ya!”, recuerda. Le acusaron de matar a un miembro de una banda urbana, el domingo 11 de diciembre, a las 15.00 horas. El mismo domingo en que Zúñiga atendió un pequeño negocio de videojuegos en un tianguis (la palabra náhuatl para mercadillo) en la capital mexicana. El crimen había ocurrido a 15 kilómetros de distancia. Los vecinos del mercadillo recordaban haberlo visto todo el día. La prueba de pólvora a la que fue sometido, para probar si había disparado un arma de fuego, resultó negativa. De poco le sirvió. Todas las evidencias fueron ignoradas. El único testigo fue un joven de 17 años, Víctor Manuel Reyes, que nunca había visto al acusado, y que no lo mencionó en su primera declaración. Ni tampoco en la segunda. Fue en su tercer interrogatorio en el que hizo una vaga descripción de Zúñiga y le señaló como el responsable del homicidio. Tras 180 días de prisión y un juicio en el que el testimonio de Reyes fue la única prueba aceptada, el juez encargado del caso, Héctor Palomares, le condenó a 20 años de prisión.
Roberto Hernández y Layda Negrete, dos abogados mexicanos estudiantes de doctorado en la Universidad de Berkeley (EE UU), se enteraron del caso. Las estadísticas que han resultado de sus investigaciones reflejan el lado oscuro del sistema judicial mexicano. El 93% de los presos nunca vieron su orden de arresto. El 92% de las pruebas no son físicas y se basan solamente en el relato de testigos. Pero cuando difundieron los primeros datos no fueron recibidos con entusiasmo. “Dijeron que esos datos de pizarra contradecían su experiencia”, recuerda Hernández. Entonces decidieron coger una cámara y grabar las pruebas. “Veíamos escenas que eran imposibles de creer a menos que estuvieras ahí”. Como que, a mitad de un juicio, un grupo de secretarias entre con un pastel para celebrar el cumpleaños de uno de los participantes. “Y así el acusado puede cantar ‘Las mañanitas’ al fiscal que lo está procesando”, describe Hernández. “Hay juzgados con cocinas, jueces lustrándose los zapatos, vendedoras de cosméticos. Es una informalidad sin límites”.
Los abogados Layda Negrete y Roberto Hernández consiguieron el permiso para grabar el juicio, un hecho inédito en México
Entonces Hernández y Negrete, que también son pareja, se convirtieron en los ‘abogados con cámara’. Su primer trabajo fílmico fue el cortometraje ‘El túnel’ (2005). “Pero no era suficiente. Fue un trabajo de 14 días, donde los casos se eligieron de manera aleatoria”, recuerda Hernández. Por eso, cuando Eva Gutiérrez, la mujer de Zúñiga, les buscó para contar su historia, decidieron tomar la cámara de nuevo. “¿Les importa que las grabe?”, preguntó Hernández. Toma uno de ‘Presunto culpable’.
“No les quería dar falsas esperanzas”, recuerda Hernández. Cuando comenzaron a investigar el caso descubrieron las contradicciones. Hallaron detalles como que el primer abogado de Zúñiga había falsificado su permiso para ejercer la profesión. “Necesitamos un abogado bueno y que trabaje gratis”, aconsejaron. Y lo consiguieron. Rafael Heredia, un experimentado litigante al que sus colegas describen como “infalible y extraordinario”, tomó interés en el caso. “¿Y si me vuelven a condenar, seguiría defendiéndome?”, le pregunta en un momento. “A huevo”, responde Heredia sin pestañear. Negrete y Hernández consiguieron el permiso para grabar el juicio, un hecho inédito en México.
“En México, la injusticia está legalizada. Es un sistema que te detiene sin orden de arresto, te acusa sin pruebas y te juzga sin juez”
“En México, la injusticia está legalizada. No hay forma de salir. Es un sistema que te detiene sin orden de arresto, te acusa sin pruebas y te juzga sin juez”, asegura Hernández. La desconfianza de los mexicanos en sus instituciones es prácticamente absoluta. Sólo se denuncia el 3% de los crímenes en un país que libra una lucha contra el narcotráfico, que se ha cobrado más de 19.000 vidas desde 2006. En Ciudad Juárez, donde el año pasado se cometieron 2.900 asesinatos, sólo se efectuaron 30 arrestos. “La víctima es el jodido, el más pobre, el que no se puede defender”, describe Hernández. Zúñiga dormía en una pequeña celda junto con 20 presos. Su cama era un espacio en el suelo debajo de un catre, que los presos llaman ‘la tumba’. Y los consejos, tras las rejas. “Lo primero que te dicen es que tu familia no se debe enterar. Te memorizas las respuestas. ‘¿Cómo estás?’. Bien. ‘¿Te golpean?’. No”. Zúñiga todavía calla, pero Hernández está seguro de que le han torturado “al menos psicológicamente”.
‘Presunto culpable’ lo cuenta así. La estructura del filme convierte el burocrático y oscuro proceso judicial en una apasionante historia. Hernández, junto con el director australiano Geoffrey Smith (The english surgeon), editó los cientos de horas de grabación y estructuró un sobrecogedor relato de 90 minutos. Desde su estreno en el Festival de Toronto de 2008, la cinta ha causado lágrimas entre los mexicanos e incredulidad entre los extranjeros. Su estreno en España está programado para mayo, en el festival Documenta Madrid. “Yo me enamoré de la historia, me tocó mucho y no soy mexicano”, recuerda Smith. La historia de ‘Presunto culpable’ “es más poderosa que la ficción”, describe. “Es imposible hacer un casting entre actores que interpretaran mejor a los involucrados”, añade.
La cinta -pueden verla en la sección Filmoteca de EDUCACIÓN Y CULTURA, Revista online diaria,www.educacionyculturacancun.com-muestra las condiciones de las cárceles en México. La boda con su novia, Eva, en la prisión, junto con otras decenas de parejas. La negligencia del juez Héctor Palomares, el mismo que le había condenado la primera vez. El cinismo del detective José Manuel Ortega, que tras ser citado por el juez, afirma que el caso de Zúñiga es uno de “tantos crímenes que resolvió” y no se acuerda porque no es “una base de datos”. La dignidad de Eva, que consiguió un trabajo –“bordando trajes de charro”, relata- para llevar comida a su esposo en la cárcel (el 71% de los presos en México son alimentados por sus familias). Y Zúñiga. Nos enteramos que baila break dance e interpreta hip-hop. Todas las canciones que aparecen en la película fueron compuestas por él. Describe su caso y afirma que pelear su inocencia fue “como en el baile. Si te equivocas, no te puedes detener. Tienes que seguir, y seguir, y seguir”.
Acudió al Festival de Cine de Morelia (México), a la que asistieron 2.000 personas. Al final de la cinta fue recibido con una ovación
Su defensa nadaba contra corriente. En los argumentos finales, tras mostrar evidencia como que la prueba de pólvora realizada a Zúñiga había resultado negativa, que el testigo del caso no podía describirle, que era imposible que hubiera cometido el asesinato, Heredia, el abogado defensor, exige a la fiscal que explique cuáles son los fundamentos de su acusación. “Porque es mi chamba [trabajo]”, es su única respuesta. El 4 de febrero de 2008, tras 800 días en la cárcel, Zúñiga fue condenado, otra vez, a 20 años de prisión.
Pero siguieron. Había una última esperanza. Heredia, Negrete y Hernández acudieron a un tribunal de apelaciones, donde tres magistrados decidirían la suerte de Zúñiga. Y es ahí donde ocurre uno de los datos más esperanzadores de la historia. Tras ver las grabaciones del juicio, el magistrado Salvador Ávalos, el mismo que había avalado la condena de Zúñiga, decidió rectificar. “Fue el único en todo el proceso que dijo: me equivoqué”, recuerda Hernández. Después de pasar tres años en la cárcel, Zúñiga por fin fue exonerado. Fue el 3 de abril de 2008, el mismo día que nació su primera hija, Valeria. No guarda rencores. Acudió a una proyección pública en el Festival de Cine de Morelia (México), en octubre del 2009, a la que asistieron 2.000 personas. Al final de la cinta fue recibido con una ovación. “Fue un momento impresionante. Muchos lloraban. Era como si nadie pudiera creer que alguien había sobrevivido”, recuerda Smith. Zúñiga sólo quiere que su historia no se repita. Que se difundan los límites que alcanzan la negligencia y la corrupción en su país. Que se sepa cómo trabaja la justicia en México. Que todos se enteren.
‘Presunto culpable’ nos evoca ‘The Wrong Man’ (en España, ‘Falso culpable’) película de 1956 dirigida por Alfred Hitchcock y con Henry Fonda y Vera Miles como actores principales. La cinta trata una historia real ocurrida en 1953 -la de un hombre acusado de un crimen que no había cometido, pero todo parecía indicar que era culpable- y se basa en el libro ‘La verdadera historia de Christopher Emmanuel Balestrero’ (The True Story of Christopher Emmanuel Balestrero), escrito por Maxwell Anderson, y en el artículo de Herbert Brean ‘A Case of Identity’, publicado el 29 de junio de 1953 en la revista Life.
La idea de esta película rondaba la mente de Hitchcock desde hacía tiempo, aunque diversas circunstancias habían hecho aplazar el rodaje. Manny Balestrero (Henry Fonda), músico que trabaja en el New York’s Stork Club, es un hombre honrado, felizmente casado y con ciertos apuros económicos. Cuando su mujer necesita dinero para un tratamiento dental, Manny acude a una compañía de seguros a solicitar un préstamo sobre su póliza. Los empleados de la oficina lo confunden con el hombre que robó en la misma oficina unas semanas antes y llaman a la policía. La película cuenta la verdadera historia de lo que sucedió a Manny y a su familia…
Un estudio sobre las prisiones en el Distrito Federal y el Estado de México refleja un aumento de la corrupción judicial, nueve de cada diez delitos no se denuncian, ‘Presunto culpable’ o veinte años de cárcel porque sí.
@SantiGurtubay
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