Con la reciente designación del auditor superior del estado, Manuel Palacios Herrera, la interpretación más lógica fue el derrumbe definitivo del llamado “paquete de impunidad borgista”, aquel andamiaje político-legal diseñado por el exgobernador recluido en Panamá. La historia es conocida. También la del paquete: fabricado ex profeso, aprobado vía fast track y hoy sepultado.
Pero debe prevalecer el enfoque progresista. El visionario. Porque más allá de las auditorías a las cuentas públicas de 2015 y 2016, así como las 27 denuncias contra 84 exservidores por el supuesto saqueo de 11 mil 813 millones de pesos del erario (cuestiones que remiten al pasado reciente), su nombramiento implica el nuevo inicio de la administración estatal, que durante el año de funciones sentó las bases, tirando y reconstruyendo.
Progresista y visionario, porque si en algún momento la explicación fue “estamos revisando” o “las condiciones no están dadas”, ya no sirve de mucho. Es decir, el último eslabón ha caído, justo antes del primer informe, cuando las expectativas afloran para saber qué ha pasado. A tiempo y en forma, según sus alcances. Lo demás será responsabilidad de otros poderes, sistemas y niveles. Eso no significa olvidar lo anterior.
Tal nuevo inicio lo dejó entrever el mismo gobernador Carlos Joaquín, cuando la semana pasada sostuvo en el Tercer Foro de Transparencia celebrado en Cancún: “Muchos funcionarios creen que han llegado al gobierno para hacer lo mismo que se hacía antes. Los pretextos se acabaron. La corrupción no se acaba con solo decirlo”. Y las especulaciones cundieron en torno a despidos y enroques, como forma de dinamizar la gestión.
En esta misma coyuntura se presenta la pronta designación del fiscal anticorrupción. El sábado pasado, en el umbral del plazo constitucional, el fiscal Miguel Ángel Pech Cen presentó en el Congreso estatal el documento con los nombres de los profesionistas de la terna propuesta a la XV Legislatura, para que esta seleccione al futuro fiscal especializado.
Dicha lista es el resultado de un proceso consultivo convocado en fechas recientes, y a la que se inscribieron profesionistas del derecho de Cancún, Chetumal, Cozumel y Playa del Carmen. Sus nombres serán dados a conocer por la Legislatura y, quien resulte ganador, deberá investigar y perseguir los delitos establecidos en el Código Penal de la entidad, así como cualquier otro cometido por un servidor público en el desempeño de un empleo, cargo o comisión. Claro está, con independencia e imparcialidad.
Todo lo anterior se da, pues, en un marco legal renovado precisamente con dos temas recurrentes, como son corrupción e impunidad, y además en un contexto político favorable para las autoridades en turno, días antes de los informes. Tal vez así lo previeron. Quizá es fruto de las casualidades, considerando que hubo plazos no fijados por ellas.
Como sea, tienen una nueva oportunidad para convencer, no muy lejos del proceso electoral del 2018. Si convencen o no, dependerá de cómo aprovechen estas circunstancias.
