La sentencia ya cumplida de media docena de meses de cárcel y la multa de un par de miles de pesos aplicadas al titular de la Seduvi durante el gobierno de Roberto Borge Angulo, Mauricio Rodríguez Marrufo, a la justamente molesta opinión pública le pareció una burla, pero cuando reponer poco menos de 40 millones de pesos –que hay semanas en que ni el lector ni el que esto escribe los ganan– no parece haberle costado al funcionario más que rascarle a la bolsa de la morralla para dar una propina, la indignación puede crecer exponencialmente.
En cuanto a lo primero –que tiene que ver con la procuración y la administración de justicia– tanto el fiscal Miguel Ángel Pech Cen como el gobernador Carlos Joaquín González han reconocido que la decisión judicial estuvo apegada a Derecho: para los ilícitos demostrados la pena fue la correcta; en lo referente a lo recuperado tras el procedimiento abreviado al que se acogió el sentenciado corresponde a lo que se le pudo comprobar, por más que se sospeche que la danza de los millones ahí escamoteados al erario fue mucho más estridente, pero el mandatario dio a entender que sólo estamos atestiguando el principio de una recuperación de dinero mal habido muy importante, que igual puede ser la meta de una carrera de largo aliento pero de mayores beneficios.
La persecución de la corrupción imperante en la administración estatal anterior está ya mucho más cerca de rendir algunos resultados mucho más sustanciosos en cuanto a la restitución del patrimonio económico de los quintanarroenses, de lo que dan cuenta otras dos muy recientes detenciones: la de uno de los principales operadores financieros del gobierno de Félix González Canto, que en el de su sucesor todavía encarcelado en Panamá en espera de ser extraditado estuvo al frente de la Apiqroo, Ercé Barrón Barrera, y la de la contadora a las órdenes de la directora general de la CAPA Paula González Cetina, también del cuestionado equipo de Borge.
En el caso de Ercé Barrón la Fiscalía General de Quintana Roo anda tras la pista de unos 500 millones de pesos sustraídos mediante la ilegal operación de la empresa de transporte aéreo Vip Saesa, de la cual el Gobierno de Quintana Roo es socio mayoritario y toma decisiones a través de la Apiqroo. Ahí está la primera tajada sustantiva del enorme pastel de la corrupción borgista, que desde luego ya no se puede cubrir con el menudo que el funcionario tenga en el bolsillo.
Pero más importante aún es lo que es posible recuperar de los desvíos operados a través de la eterna “caja chica” de los gobernadores, la CAPA, pues la caída de la ínclita borgista Paula González, a la que apunta la detención de la administradira Ana Alicia Rivera Galera, sería la punta de la madeja que, al desenredarse en las investigaciones y ulteriores acciones jurisdiccionales, permitirá recuperar la friolera de mil 500 millones de pesos, que muy buena falta hacen a las causas más sensibles del pueblo de Quintana Roo
