En un ridículo enredo de falta de información, una tropa sin el control de su jefe se declaró en `paro´ poniendo por horas en riesgo a los solidarenses
Cristina Torres Gómez acudió a retomar el control, estableció reglas para el diálogo, agotó las dudas y negoció una solución transmitida `en vivo´
Juan Martín Rodríguez Olvera con antecedentes de incapacidad para controlar a su tropa; Fue detenido en Guanajuato por sospechas de vínculos con mafias
Inclina Vergara la balanza hacia la aprobación de aumento en un punto porcentual el Impuesto al Hospedaje; Antes del 15 quedará aprobado por mayoría
CANCÚN, QUINTANA ROO (10 de diciembre).- Este sábado quedó bien claro qué es lo que no funciona en el tema de Seguridad Pública de Solidaridad.
Durante toda la mañana y hasta casi el mediodía, se generó una crisis en este sensible rubro de la atención ciudadana, cuando el cuerpo de policía municipal en pleno se declaró en huelga de `brazos caídos´.
Los improvisados líderes del movimiento expresaron sus inconformidades en redes sociales y prácticamente todo el estado se mantuvo en alerta del desarrollo de esta trama, donde se acusaba a la presidenta municipal, Cristina Torres Gómez, de incumplir compromisos y, sobre todo, de dar un trato desigual a los elementos de la tropa.
El diputado local Carlos Toledo Medina no dejó pasar la oportunidad de `jalar reflectores´, y se ofreció como el interlocutor de esos policías y el Congreso, para exhortar a la autoridad municipal a resolver el problema, cuyo fondo es finalmente de recursos económicos.
La pregunta clave aquí es: ¿Dónde estaba el director de la Policía Municipal, Juan Martín Rodríguez Olvera?
Todas las dudas expresadas por sus subordinados estaban, por lo que se escuchó en ese momento y por lo que se dilucidó más tarde, en el ámbito de su competencia.
El tiene el panorama claro de cómo se distribuyen los recursos de cada uno de los programas de los que se beneficia la corporación, en este caso específico en el área de recursos humanos.
Y tenía la obligación de contener, desde que apenas era un rumor o una idea (mala por cierto), de declararse en paro y dejar a la ciudad y al municipio desprotegidos. Más en la actual coyuntura, cuando el tema más sensible para los playenses es sin duda el de la seguridad pública.
No pasó a mayores el problema.
Lo resolvió directamente la presidente municipal, Cristina Torres Gómez. Acudió personalmente para entablar un diálogo, desequilibrado por cierto, pero sobre todo por eso encomiable.
Con el valor y la astucia política que no tuvo ni tiene el director de la corporación, Torres Gómez se plantó en medio de la turbamulta que lanzaba reclamos en forma de gritos.
Torres Gómez estableció con prontitud las reglas del diálogo, para despejar dudas y pasar a las soluciones prácticas. Tomó el control de la improvisada reunión, así en campo abierto y con transmisiones en `vivo´.
“Es cierto –dijo–, que los recursos del programa federal Fortaseg se entregan de una forma que beneficia más a un elemento que a otro, sin tomar en cuenta el riesgo, las horas de sol y otras variables personales… porque es una fórmula… y si es injusta o no eso no puedo decirlo, sino únicamente apegarme a la ley y eso lo que estamos haciendo”.
Y así, en algunas transmisiones en vivo hechas por administradores de redes sociales y comunicadores, nos enteramos todos de que los policías de Playa del Carmen arrastran un largo tiempo de dudas y desinformación, que nunca les brindó su cabeza; es decir, su desdibujado director.
Cristina Torres acudió acompañada de su tesorero, Asunción Ramírez Castillo, con quien horas antes trabajó en la elaboración de una corrida financiera, la misma que les presentó en forma de solución a los efectivos policíacos.
Les explicó que, haciendo un ajuste en otros imperativos del presupuesto, podía en ese mismo momento, otorgarles un pago de hasta 17 mil pesos para todos y cada uno de los más de 500 elementos de la corporación.
En menos de diez minutos Torres Gómez calmó a la `turbamulta´, consiguió explicarles las condiciones legales a las que se sujeta el otorgamiento del recurso federal, y cerró una negociación estableciendo un diálogo político de respeto, pero sobre todo colocando en forma preponderante a la sociedad a la que se debe tanto el cuerpo de policía como el ayuntamiento que preside.
Y hasta aquí, del director de la policía no se supo nada, más que su actitud complaciente hacia una tropa que se le salió de su mando. Se le salió de control.
La nueva duda es: ¿Debe permanecer en su puesto de director Juan Martín Rodríguez Olvera si ya perdió la capacidad de control de la corporación?
No es la primera vez que hay sospechas sobre el director de SPM
En junio de 2011, la agencia Apro de la revista Proceso, informó de la detención del entonces director de la Policía Municipal de Celaya, Guanajuato, luego de que sus elementos simplemente no acudieron a llamados de alerta ni de atención al suceso, en el caso de un triple asesinato con armas de fuego, a pesar de que ocurrió prácticamente casi frente al inmueble de ese organismo.
Así lo relató la redacción de esa agencia:
“La Procuraduría General de Justicia de Guanajuato detuvo en calidad de “presentado” al director de la Policía Municipal de Celaya, Juan Martín Rodríguez Olvera, debido a que ningún agente preventivo se presentó durante y después de la ejecución de tres personas en una fonda. Rodríguez Olvera quedó a disposición de la Subprocuraduría de Justicia de Celaya, que indagará si la ausencia de policías preventivos responde a supuestos vínculos del jefe policiaco con el crimen organizado, sobre todo porque los hechos ocurrieron casi enfrente de la corporación. Para la Procuraduría de Justicia existió una omisión que dejó sospechas tras el ataque en el que murió un policía ministerial y dos civiles, debido a que los agentes de la corporación no participaron en los operativos de búsqueda de quienes perpetraron la ejecución. Rodríguez Olvera fue escolta de Vicente Fox Quesada cuando era gobernador de Guanajuato. Por la mañana, un agente de la Policía Ministerial del estado y dos civiles murieron en un ataque efectuado por un grupo armado a una fonda en pleno centro de Celaya”.
Todo indica que aumentará en uno por ciento el IH
El secretario de Finanzas y Planeación, Juan Vergara Fernández, conversó y explicó a los legisladores locales las necesidades del gobierno estatal, y de la ciudadanía, por contar con un ambicioso proyecto de reforzamiento de seguridad pública, pero que dependería de la posibilidad de allegarse de un fondo especial para concretarse.
El viernes hasta entrada la noche, los diputados de todas las fracciones parlamentarias expusieron sus inquietudes y escucharon la atenta explicación del titular de la Sefiplan.
La construcción y operación de un Centro del Control “C-5”, de la más alta capacidad y calidad de atención, con un sistema de hasta tres mil cámaras, así como la construcción de la infraestructura para una “ciudad militar”, requiere también de un esquema financiero que no impacte a los bolsillos de los ciudadanos.
La respuesta a este dilema es, propuso y explicó, aumentar en un punto porcentual el Impuesto al Hospedaje, que como se sabe, lo recauda el sector hotelero, pero que sale del bolsillo del turista, como ocurre en prácticamente todos los destinos turísticos del mundo.
Actualmente el gravamen es del tres por ciento y con esta propuesta sería de cuatro por ciento a partir del uno de enero de 2018.
Se conoció que Vergara Fernández consiguió inclinar la balanza de la mayoría legislativa hacia este sentido, de manera que antes del día 15 de diciembre quedará aprobada por el Congreso del estado. Y el PRI, que presentó sus reservas sobre el caso, también votará en el sentido la aprobación. Así que el gobierno de Carlos Joaquín conseguirá sin problemas hacerse de un presupuesto de poco más de 28 mil millones de pesos para cumplir con sus obras y programas. El monto significa más de siete por ciento con relación al aprobado para el año que está por terminar.
