Según datos del periódico “El Economista”, el secretario de Finanzas y Planeación de Quintana Roo, Juan Pablo Guillermo Molina, tiene una demanda de juicio político por desvío de los recursos provenientes del Impuesto al Hospedaje. El monto que se le imputa es de 1,464 millones de pesos correspondientes al 2014 y 2015.
Según el diario nacional, Fabiola Cortés, miembro de la Asociación Somos tus Ojos, informó que la demanda se basa en 17 pruebas documentales obtenidas en diferentes momentos, por las unidades de información del Poder Ejecutivo y de los municipios de Benito Juárez y Solidaridad.
La demanda de juicio político, según los datos, aún se encuentra pendiente de resolver en el Congreso local; ahí es donde “la puerca torció el rabo”. ¿Cuál legislatura se aventará el toro de dar cauce a esta demanda?, ¿la que sale, la que entrará? O ¿cualquiera dará el mismo resultado?, ¡corren las apuestas!
Tiene viejas demandas
Juan Pablo Guillermo, quien es señalado como el responsable directo de la desaparición del dinero, también tiene otras demandas en su contra. Le recuerdo que en meses pasados el senador del PAN, Daniel Ávila Ruiz, presentó una denuncia ante la PGR por desvío de recursos y tráfico de influencias contra el secretario de Finanzas de Quintana Roo. De esa demanda, como dice la canción del Carro rojo, “ya jamás, se supo nada”.
Daniel Ávila Ruiz aseguró que Juan Pablo Guillermo estaba metido hasta el cuello en la compra ilegal de 300 hectáreas de terrenos ejidales en Ucu, Mérida, en los que se construye una fábrica de la Cervecería Modelo.
En ese momento el legislador panista por Yucatán, detalló que fue el hermano del secretario de Finanzas, Manuel Alberto Guillermo Molina, quien se presentó en el poblado de Ulila y compró casi 160 hectáreas de tierras en ese ejido en poco más de 32 millones de pesos “en efectivo”. Uyyyyy ¿Quién pompó, quién pompó, quién pompó esas tierritas, quién pompó?, ¿de dónde salió tanto billete? Preguntas para la araña.
¿Dónde quedaron los 1,464 millones?
La Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos, que dirige Carlos Gosselin Maurel, dicen ser los más afectados por la desaparición de los mil cuatrocientos 64 millones de pesos recabados entre 2014 y 2015, por concepto del Impuesto al Hospedaje.
La idea era que la mayor parte del dinero que se recauda, que es el 3% del alojamiento, se invierta en la promoción turística; sin embargo, Carlos Gosselin asegura que cada año se recolectan casi800 millones, de los cuales sólo se destinan cuento 70 millones de pesos a la Oficina de Visitantes y Convenciones, con lo que realiza una pobre labor de promoción, muy linda, pero sin alcance.
Es el gobierno federal, por medio del Consejo Nacional Turístico quien realiza la promoción nacional e internacional de este el polo más importante en México y Latinoamérica, aseguró el líder de los hoteleros.
La OVC está endeudada
Aunque la OVC “recibe” al año 170 millones de pesos para realizar promoción, está hasta el cuello de deudas.
Carlos Gosselin afirma que en todos los tianguis turísticos, se le acercan promotores de la industria para solicitar su intervención para que la Oficina de Visitantes y Convenciones les pague lo que les debe, lo único que puede responder es “en eso estamos”, jijijijijiji.
Hace apenas unos días, Jesús Almaguer, quien dirige la OVC de Cancún, reveló que adeudan a proveedores y servicios de promoción unos 220 millones de pesos, eso porque, la asignación de recursos de 170 mdp sólo es en papel, sin embargo, la “lana” no llega a sus manos.
Según “El Economista”, en la demanda interpuesta en contra de Juan Pablo Guillermo se incluye la deuda a proveedores, que a la fecha, tienen de promoción turística de Cancún y la Riviera Maya; es de 224 millones de pesos el primero y el segundo por 118 millones de pesos. Eso sin entrar en detalles en cuanto a los adeudos que tenga el Fideicomiso de la Gran Costa Maya.
Más desapariciones de dinero
En cuanto al dinero que los hoteleros han aportado para pagar el fideicomiso de recuperación de playas, Carlos Gosselin estima que aún se debe unos 360 mdp, ellos, los empresarios, no han dejado de pagar al gobierno del estado la parte que les toca, sin embargo, ese dinero no llega a la asociación financiera a la que se le adeuda.
Por ello, el hotelero advierte, si ahora se presentara algún evento ciclónico no existe dinero para hacer frente a la situación; las playas, principal fuente de recursos de Quintana Roo no tendrían modo de ser recuperadas. Peor aún, la erosión natural las tiene en malas condiciones, sin que existan recursos para que se rellenen.
Pecan de confiados
El grupo empresarial que lidera Carlos Gosselin no presentará ninguna demanda o solicitará una investigación sobre los dineros desaparecidos. Dicen, creen ciegamente en que la justicia divina en manos de las autoridades federales y del gobierno entrante de Carlos Joaquín González les haga justicia. Ummmm.
Es más, dice, no le interesa pelear por lo perdido “eso ya se perdió, quien lo va a regresar”, sino evitar que los sigan chamaqueando y exigirán al ahora gobernador electo, durante su mandato, dé un informe detallado del destino del dinero del impuesto al hospedaje, principal fuente de recaudación del estado.
Más denuncias
Los que si denunciaron los malos manejos del dinero obtenido por concepto de del Impuesto al Hospedaje fue la Asociación Nacional de Cadenas de Hoteles, según el periódico “El Economista”, este organismo presentó un informe: “Rendición de cuentas respecto de las contribuciones en el sector turístico de México”, donde se reveló que Quintana Roo es la entidad que mayores recursos recauda por Impuesto al Hospedaje, pero es el estado con mayor opacidad en el destino que se le da a esos ingresos. Nadie sabe a ciencia cierta dónde se invirtió el dinero.
La Secretaría de Finanzas y Planeación del estado, que dirige Juan Pablo Guillermo, informó a los de la AHC, sin entrar en detalles específicos que: “se destinaron para la realización de campañas de promoción y publicidad turística a nivel nacional e internacional, realización de estudios e investigaciones que apoyen a la toma de decisiones estratégicas en todo lo referente a comportamiento pasado, presente o futuro en la actividad turística de los municipios del estado de Quintana Roo”, lo que resulta en falsedad si se toma en cuenta que los organismos encargados de la promoción están en quiebra y deben hasta los kleenex.
El detalle es que, según los datos de “El Economista”, la AHC impugnó la respuesta, con el objeto de que se le dieran detalles específicos, ante la autoridad de transparencia local en julio del 2014, sin que hasta la fecha haya resuelto la inconformidad. El plazo de respuesta expiró a los dos años y apenas se dan cuenta de que nadie los peló.
Se reúne con la procuradora
Que fue el mismo gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, quien solicitó la audiencia con la procuradora Arely Gómez; reunión que se realizó la tarde de ayer para hablar sobre las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la PGR contra las reformas anticorrupción que el mandatario impulsó en la entidad, conocidas como el blindaje o “LeyBorge”.
El objetivo de Roberto Borge es evitar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita una notificación al Congreso del estado y lo que con este acercamiento, pretende demostrar que tiene disposición para modificar los errores cometidos, al menos en los que se refiere a las modificaciones de ley realizadas. Tantán.
