Redacción Macronews.- Un nuevo caso de violencia digital en México ha generado indignación luego de que colectivos feministas denunciaran la difusión ilegal de más de 4 mil fotografías íntimas de mujeres a través de grupos en las aplicaciones WhatsApp y Telegram, situación que ya es investigada por autoridades del estado de Hidalgo.
De acuerdo con la denuncia difundida en redes sociales, el material habría sido compartido y comercializado dentro de diversos grupos de mensajería, donde presuntamente también se detectaron imágenes que podrían involucrar a menores de edad, lo que agrava la gravedad del caso.
Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de las víctimas; sin embargo, algunas mujeres de entre 25 y 30 años ya acudieron a presentar denuncias ante las autoridades correspondientes.
Fotos habrían sido filtradas por parejas o exparejas
Las primeras investigaciones señalan que varias de las fotografías filtradas habrían sido obtenidas por parejas o exparejas de las víctimas, quienes posteriormente las difundieron sin consentimiento en redes sociales y plataformas de mensajería.
Tras la denuncia pública, autoridades estatales informaron que varios de los grupos en los que se compartía el contenido ya fueron eliminados, aunque continúan las investigaciones para determinar el alcance real de la filtración y si existen más personas involucradas en la distribución del material.
Especialistas advierten que este tipo de delitos puede expandirse rápidamente en internet, por lo que no se descarta que el contenido haya circulado también en otras entidades del país.
Ley Olimpia castiga la violencia digital
En México, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento es considerada un delito bajo la llamada Ley Olimpia, legislación que protege a las personas contra la violencia digital.
La ley establece sanciones que van de 3 a 6 años de prisión, además de multas económicas, para quienes difundan, compartan, vendan o publiquen imágenes, audios o videos de contenido íntimo sin autorización.
Para denunciar un caso de este tipo, las autoridades recomiendan guardar toda la evidencia posible, como capturas de pantalla, enlaces de grupos y perfiles involucrados, y acudir al Ministerio Público para iniciar el proceso legal.
Asimismo, se aconseja no eliminar el contenido original, ya que puede servir como prueba pericial para identificar a los responsables y rastrear el origen de la filtración.
