Basta un muerto, un herido, un motín o inclusive una amenaza para considerar el fracaso de los esfuerzos y replantear las estrategias inmediatamente. Cuando ocurre una tragedia en las cárceles del estado muchos se preguntan: ¿para qué han servido los recorridos, las mesas para denuncia sobre derechos humanos y los programas multidisciplinarios aplicados por diversas dependencias? No se duda en las buenas intenciones de los actores, sino en la efectividad de las campañas.
El motín del fin de semana en Cancún –cuyo saldo fue un muerto y más de una docena de lesionados– refleja por enésima ocasión la negligencia de quienes deben poner orden, pero sobre todo, que los intentos no han servido para el fin último: la reinserción social de los reos. Es decir, las inspecciones y las múltiples atenciones llevadas a cabo por autoridades (cortes de cabello, asesorías jurídicas, etc.) solo comprueban secretos a voces, pero no resuelven los problemas de raíz.
Con lo anterior me refiero a los autogobiernos, a la fabricación de armas, a la venta ilícita de artículos, al trasiego de drogas, a las extorsiones y a otros tantos delitos cometidos en su interior, los cuales no están siendo prevenidos, tampoco atajados,con las buenas intenciones. Se necesita mucho más que eso para evitar tragedias. A lo que voy: las cruzadas ayudan, aunque no solucionan las dificultades de fondo, lo que a final de cuentas sirve de poco.
Tras el motín se reaccionó como siempre:activando los protocolos de alerta, el Ministerio Público inició la investigación, Derechos Humanos optó por la queja de oficio y otras instancias de acuerdo a su competencia; o sea, moviendo al aparataje burocrático y respondiendo confusa y previsiblemente, pero sin ofrecer soluciones definitivas a tantos conflictos. Murallas divisorias, más programas o más personal no fructificarán en un ambiente marcado por añejas disputas, por fuertes intereses, por evidentes ineptitudes y por aparentes complicidades.
Cada vez que hay un motín se acusa a los encargados de los recintos de privilegiar a ciertas bandas, de ocultar la realidad o de manipular la información. Favoritismos y corrupción son términos trillados a estas alturas, pero no perderán vigencia en tanto no remuevan las estructuras completas de los penales, garanticen transparencia y empiece un largo proceso de reinserción, cumpliendo recién con ello el fin último antes expresado.
Así, por ejemplo, vivirán entre verificar si hubo actos u omisiones que atentaron contra los derechos de los presos, o anunciando acciones insuficientes, para una situación dramática que se desborda como el fin de semana. Los dígitos de los expedientes, los números de las inversiones y las cifras del saldo final son lo de menos frente al drama de los familiares o al tensoescenariotras los murallones.
Todo esto contrasta con un panorama alentador en materia de seguridad al exterior. Quintana Roo se sitúa en una zona de paz, con mejores indicadores cada año, con la captura de pillos y con la prevención de los delitos más comunes (robos y asaltos), pero a nivel nacional lo ensucian cuando ocurren motines. Esto se constata en redes sociales cuyo alcance es ilimitado y en noticieros nacionales, lo cual perjudica en la imagen de un destino que vive de ello.
No se vale. Es injusto que por un grupo reducido los avances en otros ámbitos sean minimizados o, peor aún, pasen inadvertidos ante escándalos como estos. Es hora de poner orden en serio cueste lo que cueste, coinciden empresarios, académicos, servidores públicos y activistas sociales.
Ya no se puede esperar que explote otra vez la “bomba de tiempo”. Es tiempo de acciones concretas, no de simulaciones ni ensayos.
