El Senado aprobó a medias la madrugada de ayer jueves la denominada “Ley Anticorrupción”: faltó la “3 de 3”, cuyo fin era obligar a todos los representantes populares presentar sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses para hacerlas públicas.
Para que prosperara faltaron sólo nueve votos de senadores que otrora se habían pronunciado incluso a favor, pero que al momento de la votación no lo hicieron. En redes sociales -el arma letal del ciudadano común y corriente- se les “juzgó” en tiempo real. A ellos y a los que la rechazaron de plano.
La máxima tribuna del país tenía en sus manos la oportunidad de combatir uno de los peores males del país, la corrupción, que según el Inegi es el segundo tema más irritante para los mexicanos después de la inseguridad.
Está de más especular, pero es evidente un meticuloso cálculo de votos previo a la sesión para que esta no se aprobara. Por lo mismo, es insoslayable la pregunta incisiva: ¿Y los nuestros? La perredista Luz María Beristain no votó, mientras que el priista Félix González Canto y el verde Jorge Aréchiga Ávila (suplente de Jorge Emilio) no la quisieron.
Estar en esa lista de 17 que se opusieron puede resultar igual de criticable que aparecer en la de 59 que no comulgan con la transparencia. Sus motivos tendrán. Lo rescatable es que se progresa en un tópico sensible, antes censurado, y que hoy ocupa espacio prioritario en la agenda pública.
Lo mejor es que las organizaciones civiles y los grupos académicos que dieron forma legal a esta inquietud han anunciado que debaten otras herramientas, en otros espacios y con otros alcances, para acotar la opacidad en diversos niveles, lo cual constituye una noble determinación que persigue la rendición de cuentas.
La iniciativa ciudadana no pudo contra los poderes en ese ítem; no obstante, en pocos meses se logró lo que durante décadas fue impensable. ¿Se puede? Por supuesto.
Mañana, nueva justicia
Esta medianoche, ya en sábado 18, entrará en vigor en todo el país el Nuevo Sistema de Justicia Penal, el cual transita del inquisitivo al acusatorio, privilegiando la presunción de inocencia y basado en la oralidad como elemento principal. El camino no ha sido fácil.
Ángel Ysidro Quintal, director de la Escuela Judicial de Quintana Roo, recordó que el pasado 30 de abril se dio cumplimiento al mandato constitucional en la entidad, sobre todo en lo referente a la captación de operadores, defensores, mediadores, conciliadores, administradores, litigantes, e incluso periodistas.
A la fecha, confirma, son 15 jueces que trabajan bajo el nuevo esquema en los distritos judiciales, aunque continúa la secuencia de cursos para ampliar dicha cifra. Aunado a ello, destaca, la infraestructura en edificios de primer nivel, los circuitos tecnológicos para la videograbación, los talleres para más de 300 ciudadanos interesados en conocer los detalles y la coordinación con otras instancias, han superado las expectativas asumidas con gran compromiso desde el primer minuto.
“A ocho años de la disposición legal podemos decir con orgullo que estuvimos listos en tiempo y forma para encarar uno de los desafíos más importantes en la historia jurídica de la nación. En la Escuela Judicial, donde hemos preparado a quienes son protagonistas de este cambio, seguiremos mejorando para la sociedad”, enfatiza.
Ayer el gobernador Roberto Borge Angulo aseveró que en los últimos tres años se invirtieron unos 123 millones de pesos en capacitación, infraestructura y equipamiento para el Poder Judicial, por lo cual “Quintana Roo está considerado entre los que mejor han cumplido el proceso”.
Es buena noticia. Ahora, a perfeccionar las estrategias en busca de una justicia más pronta y expedita.
