La Secretaría de Infraestructura y Transporte del Estado se convirtió en un nido de corrupción en la zona norte de la Entidad, Los empresarios han hecho señalamientos en contra de la dependencia estatal, por los dispositivos de revisión implementados en las carreteras de los municipios Benito Juárez y Solidaridad, que terminan en extorsiones.
Las denuncias van encaminadas a que la dependencia estatal comenzó a detener camionetas de carga principalmente de insumos, bajo el argumento de no contar con un permiso estatal que genera una multa de 30 mil pesos.
Estos operativos se establecían en las avenidas principales de playa del Carmen y Cancún y están enfocados al servicio particular de transporte.
El modus operandi de Sintra ha sido el detener las camionetas de una tonelada, para aplicar la llamada ley estatal de transporte.
Los supervisores argumentan los Artículos 82 y 83 de una ley establecida en 1988, los cuales no contemplan la regulación del servicio particular de transporte.
Este argumento es el que se utiliza dentro de Sintra, para multar, detener y extorsionar a todos los comerciantes de la zona norte.
Sintra ha aprovechado muy bien esta falta de regulación, pues si bien ha multado a algunos transportistas, también ha extorsionado con cantidades que van desde los mil a los 2 mil pesos a los operadores.
Es de señalar que la suprema corte de justicia de la nación declaro inconstitucional el cobro de permisos por circular con carga sobre las carreteras y vialidades de Quintana Roo.
Este tributo que desde hace tres años ha sido el dolor de cabeza de empresarios, está permitido por la Ley de Tránsito, Transporte y Exportación de Vías y Carreteras del Estado de Quintana Roo en sus artículos 39 y 44, fracción IX, y en el artículo 82 del Reglamento de Transporte y Exportación de Vías y Carreteras del Estado de Quintana Roo, y sigue aplicándose a pesar que desde enero de 2012 la justicia federal calificó estos artículos como inconstitucionales por transgredir los principios tributarios de equidad y proporcionalidad, previstos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución General de la República.
La encomienda de Jorge Portilla es poner orden en Cancún con los inspectores abusivos de SINTRA y en el transcurso de mañana nombrará al delegado de esa dependencia en Cancún tal como ha ocurrido en Playa del Carmen con Jesús Duarte y en Isla Mujeres con Jorge Miguel Martín Alvarez, delegados nombrados en esos municipios.
El actual delegado en Cancún será dado de baja junto con una docena de inspectores que han sido denunciados por corrupción hay mucha quejas “se han pasado de la raya”. Aunque el tema de “Uber permanece en un limbo legal porque presta un servicio sin concesión y en el Estado se regula eso. La pretensión de la nueva administración es platicar con socios de UBER y Taxistas para que haya alianza entre UBER y los operadores, Buscaran la manera de conciliar entre las partes lo más importante es que se dé un buen servicio.
