Si deseamos abordar las cuestiones de politización de la justicia y judicialización de la política lo primero que debemos hacer es plantearnos es que entendemos por política y que por justicia.
A la hora de definir política podemos seguir la concepción de la actividad inherente a través de la cual los grupos humanos adoptan decisiones colectivas.
Cuando abordamos la problemática de que debemos entender por Justicia lo tenemos también bastante sencillo. No debemos entender Justicia como un valor o principio general y abstracto. Lo que nos interesa aquí con justicia es aquello que se refiere a la procuración de justicia.
Es cierto que cuando hablamos de politización de la justicia y de judicialización de la política nos referimos a supuestos diferentes. Pero no es menos cierto, sin embargo, que ambos problemas parecen derivar de un tronco común. Este tronco en común resulta ser una errónea aplicación del principio de separación de poderes.
El pecado capital de la politización de la justicia tiene que ver esencialmente con las injerencias de los asesores del poder ejecutivo y en menor medida, del poder legislativo en esferas materiales que deben estar reservadas a la procuraduría de justicia del estado en exclusiva.
La pretendida politización de la justicia es uno de los pecados capitales de la alternancia en el poder. La segunda es que la politización de la justicia es una “invasión de poderes” de los asesores políticos del gobernador en turno.
La invasión de los asesores políticos del ejecutivo consiste en que los grupos políticos del sistema asumen de facto en mayor o menor grado competencias que la misma Constitución otorga a la procuraduría como un ente autónomo. De este modo, se ocasiona una distorsión en el mecanismo de impartición de justicia.
La independencia y la imparcialidad de la procuración de justicia acaban viéndose comprometidas como consecuencia de las injerencias de los partidos políticos u otros grupos de interés.
La politización de la justicia no debe ser tanto obra del poder ejecutivo en cuanto a sí mismo como de un sistema de cuotas por el cual los principales partidos se reparten los nombramientos, y a su vez se espera de forma tácita que el Procurador actúe como correa de transmisión de la formación política que le propuso para el cargo. Ese parece ser uno de los males más endémicos de nuestra politización de la justicia especialmente en esta alternancia de poder en Quintana Roo
Los asesores políticos del ejecutivo intentan apartar al titular de la procuración de justicia para asumir el control de las cuestiones disciplinarias, de nombramientos y de personal para tratar de imponer un nombramiento conforme a las cuotas políticas pactadas previamente entre Partidos la idea es que una vez nombrado se espera obedezcan las indicaciones o preferencias del respectivo partido. No existe una obligación constitucional de hacerlo y de hecho se establece que no se haga, pero la experiencia muestra que en la práctica existen ocasiones en que esto se produce. De hecho, la clase política parece contemplar la situación con normalidad.
