Antiguos funcionarios, familiares y amigos del ex gobernador, acusados de desvíos, venta ilegal de terrenos, entre otros, buscan blindaje para evadir la acción de la justicia
Soraya Guadalupe Herrera Manzanilla, ex coordinadora jurídica del Instituto del Patrimonio Inmobiliario del Estado (IPAE), obtuvo una suspensión provisional para evitar la aprehensión concedida por un juez de distrito en el Estado de México.
Según los acuerdos publicados ayer el Juzgado Sexto de Distrito con sede en Chetumal, concedió la suspensión provisional para lo cual se estableció el 12 de junio para resolver la audiencia incidental y el cinco de julio para la constitucional.
“En el caso de que la orden de aprehensión hubiese sido dictada por un delito que no implique prisión preventiva oficiosa, la suspensión será para que la quejosa no sea detenida, con motivo de la orden de aprehensión reclamada”, determinó el juzgado.
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Soraya Guadalupe Herrera Manzanilla fungió como coordinadora jurídica del IPAE durante la administración de Borge Angulo, además de que habría avalado, junto con Claudia Romanillos Villanueva, la ex directora, la venta irregular de predios.
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Ex funcionarios como el anterior titular de la Sefiplan y Claudia Romanillos Villanueva, son parte de la red de corrupción e ilegalidad de Roberto Borge Angulo que han buscado la protección del amparo, en la que también se encuentran familiares, trabajadores y amigos.
El ex secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan) es familiar de Armando José Millet Molina, empresario yucateco implicado en la compra de tres predios de la reserva territorial de Puerto Morelos, privilegiada ubicación en primera línea de mar, que forma 60 metros lineales de playa.
El ex titular de Sefiplan está señalado por el desvío de mil 464 millones de pesos recaudados del Impuesto al Hospedaje de 2014 a agosto de 2015, recursos destinados a la promoción y publicidad de los fideicomisos de turismo, dinero que nunca llegó a su destino original, y por el que la organización civil “Somos Tus Ojos por la Transparencia de Quintana Roo” solicitó ante la XIV Legislatura un juicio político, que le fue negado.
La organización interpuso un recurso de revisión en el que el juzgado le dio la razón y autorizó el juicio, sin embargo, aquél se amparó contra ello, aunque se le negó el amparo definitivo, se le concedió uno provisional, por lo que la Comisión de Hacienda realiza las investigaciones para presentarlas al pleno.
“La medida que establece el juez no impide las investigaciones, pero estamos a la espera de la resolución final que permita al Congreso convertirse en un gran jurado y celebrar el juicio político”, señaló Emiliano Ramos, diputado local.
Claudia Romanillos Villanueva, ex titular del IPAE, solicitó ante el Juzgado Séptimo de Distrito tres amparos contra diversas autoridades, de los que sólo le concedieron la suspensión provisional en la carpeta 621/2017, porque los otros dos 601/2017 y 622/2017 le fueron negados.
La ex funcionaria ya tiene orden de aprehensión por delitos en contra de los bienes patrimoniales de Quintana Roo.
Fuente: Sipse
