¿Seguirá Dilma Rousseff como presidenta de Brasil o tiene sus días contados en el cargo?
Este jueves comenzó el juicio político en el Senado de Brasil que decidirá la suerte de la actualmente suspendida mandataria.
BBC Mundo te explica en cuatro puntos lo que va a ocurrir en Brasilia los próximos días:
1- De qué se la acusa
La acusación central contra Rousseff se basa en que presuntamente violó normas fiscales, maquillando el déficit presupuestal.
La denuncia alude en particular a lo que en Brasil se denominan «pedaladas fiscales», que implican el uso de fondos de bancos públicos para cubrir programas de responsabilidad del gobierno, según explica Gerardo Lissardy, corresponsal de BBC Mundo en Río de Janeiro.
El argumento es que esa práctica está prohibida por una ley de Responsabilidad Fiscal. El gobierno de Rousseff presuntamente lo habría hecho para exhibir mayor equilibrio entre ingresos y gastos.
Aunque no es primera vez que se utilizan esas maniobras contables, hay datos oficiales que indican que se volvieron mucho más frecuentes durante la gestión de Rousseff.
Además, los denunciantes aseguran que las prácticas irregulares continuaron en 2015, una parte trascendental del argumento, ya que varios juristas creen que la presidenta sólo puede ser juzgada por delitos cometidos en su actual mandato.
2- ¿Cómo se defiende?
Rousseff, que nunca ha sido acusada de enriquecimiento ilícito, niega haber cometido delito alguno que vuelva legal el juicio político.
«¿»Impeachment» sin crimen de responsabilidad qué es? Es golpe (de Estado)», dijo Rousseff hace unas semanas.
Además, su defensa en el Congreso negó que los actos denunciados tengan su firma y afirmó que, desde que fue reelecta, sus opositores buscan la forma de terminar su mandato.
La suspendida presidenta recibió en abril el apoyo del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el excanciller uruguayo Luis Almagro.
«Si hubiera una acusación (contra Rousseff) bien fundada, como la ha habido en otros casos en Brasil, entonces perfecto, se va por ese camino. Pero hoy eso no existe, y es muy deshonesto plantearlo en estos términos», sostuvo Almagro aquella vez.
3- ¿Cuáles son los plazos?
El 18 de abril pasado, una mayoría de 367 diputados de 513 miembros votó a favor del «impeachment», alcanzando así los dos tercios requeridos para continuar el proceso contra la presidenta por presunto delito de responsabilidad.
Luego en mayo el Senado votó por iniciar un juicio político. Entonces se suspendió a la presidenta por un plazo máximo de 180 días.
Y desde este jueves comienza el fin del proceso, cuando la cámara alta tiene cinco días para escuchar los argumentos de la Fiscalía en contra de Rousseff y los de la Defensa, con la propia presidenta en el podio.
Se espera que entreel martes o miércoles, tras escuchar el testimonio de Rousseff el lunes por la mañana, el Senado vote si la presidenta es o no culpable de los cargos que se le imputan.
Si dos tercios de los senadores consideran a Rousseff culpable, la presidenta actualmente suspendida será apartada de su cargo de manera permanente.
La moción de destitución necesitaría 54 votos a favor para ser aprobada.
4- ¿Pueden haber elecciones anticipadas?
De ser destituida Rousseff, el vicepresidente Michel Temer, que la reemplazó mientras está suspendida y al que ella ha señalado como artífice de un «golpe blando», asumiría definitivamente la presidencia hasta el fin del periodo original en 2018.
Rousseff ha defendido las últimas semanas una elección presidencial anticipada, medida que es apoyada por la mayoría de la población según las encuestas.
Su promesa, que hizo pública en una carta abierta, es que de ser absuelta y restituida en el cargo, apoyará la aprobación de un plebiscito para que sea el pueblo el que decida si ella termina su mandato original o llaman a elecciones.
Pero esta estrategia, según los analistas, más que para la gente tiene como objetivo convencer los senadores «indecisos» respecto de su voto en el juicio político.
Sin embargo, la realización de un plebiscito como ese es técnicamente muy difícil, ya que requiere una enmienda constitucional aprobada por tres quintas partes de los parlamentarios.
De hecho, Rui Falcão, presidente del Partido de los Trabajadores, al que pertenece Rousseff, calificó como «inviable» la medida.
fuente:bbc mundo
