Los esfuerzos en algunos estados para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, y la tipificación del delito de feminicidio, han sido insuficientes: a las mujeres las siguen asesinando.
El más reciente recurso jurídico es la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). Se trata de un mecanismo contemplado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Está conformado por acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida, además de que busca eliminar desigualdades derivadas de una legislación o política pública que agravie los derechos de este sector de la población.
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Actualmente la AVGM solo se ha declarado en Morelos y en el Estado de México. En el caso de este último hubo resistencia de las autoridades federales y estatales para otorgar la declaratoria y reconocer el problema, incluso las organizaciones que la solicitaron se enfrentaron en una batalla jurídica ante la negativa.
En Jalisco se declaró la alerta en febrero de 2016, pero con base en legislación estatal y no en la ley general.
La alerta para una entidad debe ser solicitada a las autoridades federales por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales u organizaciones de la sociedad civil.
Sin embargo no resulta tan sencillo obtener la declaratoria de este mecanismo, ya que se debe evaluar la solicitud y determinar si en el estado hay una situación grave de violencia contra las mujeres, y de ser así, el Gobierno federal, las autoridades estatales y municipales deben implementar medidas de emergencia para garantizar la seguridad de las mujeres.
El Estado de México
Los 922 homicidios de mujeres con características feminicidas registrados de 2005 a 2010, durante el mandato del ahora presidente Enrique Peña Nieto, motivaron al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) a solicitar al Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
A través de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la declaratoria de alerta para la entidad mexiquense se dio en diciembre de 2010, pero un mes después se determinó la improcedencia de la solicitud.
Los activistas interpusieron una demanda de amparo y luego de años entre recursos de inconformidad, en abril de 2014 se aceptó investigar la petición, pero debido al retraso para declarar la alerta interpusieron un nuevo juicio, hasta que el 31 de julio de 2015 se emitió la declaratoria en Chalco, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad.
María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF, señaló que en la lucha jurídica se destacó que resulta alarmante la desaparición de mujeres en el Estado de México, y esto es consecuencia de no investigar a fondo los feminicidios.
De acuerdo con el informe del grupo interinstitucional que atendió la solicitud de alerta en el Estado de México, las autoridades ministeriales en la entidad recurren, en los casos de violencia contra las mujeres, a la conciliación cuando los agresores son pareja de la víctima, para inhibir la denuncia, por lo que Estrada instó a evitar esta práctica.
Con las recomendaciones de este grupo que se hicieron para declarar la alerta, destacó Estrada, se reconoció la impunidad en casos de feminicidio y homicidio.
La aplicación de la alerta tampoco ha resultado sencilla, ya que, según Estrada, mientras las autoridades aseguraron que ya trabajaban en la elaboración de protocolos, en el grupo de policías de género consideraban, a tres meses de la declaratoria, un avance del 60%.
El Observatorio les señaló deficiencias en el cumplimiento de las recomendaciones, por ejemplo, en una campaña sobre violencia contra las mujeres que era en materia familiar y no de feminicidio.
Para Estrada la alerta ha servido porque evidenció un problema que no se quería reconocer, y a siete meses de la declaratoria, aún no se puede hablar de resultados hasta aproximadamente a mediados de 2016.
Morelos
El 10 de agosto de 2015 se declaró la AVGM en Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec, municipios de Morelos.
De acuerdo con Juliana García Quintanilla, coordinadora de la Comisión Independiente de Derechos Humanos del Estado de Morelos, asociación que solicitó la alerta, aseguró que este mecanismo funciona, pero las autoridades no entendieron el significado de acciones de emergencia.
«Cuando decimos que no se está atendiendo (la alerta) es porque la realidad rebasa a estas acciones que nosotras decimos, hay acciones de omisión de parte de la autoridad y eso permite que se siga actuando de manera violenta contra las mujeres y se siga incluso incrementando el nivel y la saña con que están siendo asesinadas las mujeres y el número de casos no ha disminuido», enfatizó García Quintanilla.
En los seis meses de aplicación, indica un informe elaborado por la asociación, se han registrado 37 casos de feminicidio en Morelos, de los cuales 10 se registraron solamente en enero de 2016.
García Quintanilla aseguró que en el Estado no se están aplicando los protocolos de investigación para feminicidio, entre otros pendientes.
Jalisco
Las autoridades del gobierno de Jalisco anunciaron la declaratoria de alerta de género en los municipios de Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Guadalajara, Tonalá, Tlajomulco, El Salto, Puerto Vallarta y Ameca, sin embargo, decidieron hacerlo con base en la legislación estatal y no recurrir al Gobierno federal.
Roberto Castelán, investigador de la Universidad de Guadalajara, criticó que el mecanismo se aplicara solamente en ocho municipios, ya que se manda el mensaje de que la violencia contra las mujeres en la entidad está focalizada, lo que significa una visión sesgada del problema.
Lamentó que se haya dejado fuera a Lagos de Moreno, que presenta altos índices de violencia contra las mujeres, u otros en donde hay presencia del crimen organizado.
ONU Mujeres
