El equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) reclamó, a través de dos cartas, la manipulación de evidencias y la falta de cooperación, durante las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Las misivas, ambas con fecha del 29 de enero del presente año, fueron enviadas por coordinadores de los especialistas sudamericanos al entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam.
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Los documentos están integrados en la averiguación previa por esos hechos, cuya versión pública se puede consultar en el sitio oficial de la dependencia, como parte de las peticiones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y que fue atendida por la procuradora Arely Gómez González.
Las cartas se pueden consultar en el tomo 84, de las fojas 347 a la 353, con el testado (tachado) de la información clasificada que fue verificado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para garantizar el derecho a la privacidad, a la presunción de inocencia y el debido proceso de víctimas, testigos, ofendidos y presuntos responsables.
Manipulación
En una de las cartas, enviada por una de las coordinadoras del EAAF cuya identidad fue reservada, se le hace ver al exprocurador Murillo Karam, la posible manipulación de 42 casquillos percutidos encontrados, todos, bajo una piedra en el basurero de Cocula, Guerrero.
Se detalla que durante una diligencia, en la que no participaron los especialistas argentinos como se había acordado, realizada el 15 de noviembre de 2014 se encontraron diversos indicios presuntamente vinculados a los hechos.
En la misiva se explica que los casquillos percutidos eran 41 de calibre .22 y uno de calibre 9 milímetros, y los primeros fueron encontrados todos bajo una roca.
“El hecho de que los 41 casquillos hayan sido hallados todos juntos, debajo de una piedra, deja clara la evidencia que los mismos no son producto de la disposición que debería darse al ser eyectados o extraídos de un arma de fuego que fuera disparada en el lugar, sino que éstos fueron colocados por alguna persona en ese lugar.
“En opinión del EAAF ésta sería la única forma en que 41 casquillos percutidos por la misma arma, como fuera informado en el Dictamen del Departamento de Balística, puedan quedar amontonados todos juntos entre las piedras en un mismo lugar”, se argumento por parte del EAAF.
Otro reclamo fue que entre los días 6 y 15 de noviembre el basurero de Cocula quedó sin custodia, e incluso se autorizó a personas ajenas a la investigación acudir al predio.
“El EAAF no puede tener certeza del origen y/o vinculación de los indicios recolectados el día 15 de noviembre de 2014 con los eventos investigados.
“Lo anteriormente expuesto tiene su fundamento en que el sitio quedó por un tiempo prolongado sin custodia y/o seguridad, y en que los peritos del EAAF no estuvieron presentes en esta segunda intervención, por lo que no podemos dar fe de que estos indicios… tengan relación con los hechos investigados”, se concluye en esta misiva.
Falta de cooperación
En el otro documento, firmado por Mercedes Doretti, coordinadora del EAAF, se reclama a Murillo Karam la falta de coordinación para el traslado de los especialistas argentinos al basurero de Cocula, Guerrero, y el no fundamentar el motivo de una prueba pericial.
La especialista le narra al entonces procurador la planeación para realizar una diligencia el 22 de diciembre del año pasado, acordada con Eliana García Laguna, entonces encargada de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR.
En primer lugar se modificaba la cantidad de peritos que podían viajar, los horarios y no se precisaron los motivos para realizar una diligencia en la que se recolectarían muestras cadavéricas.
Doretti relató a Murillo Karam que el personal de la PGR explicaba que “iban a pasar a una carnicería” para colocar “trampas por mayor tiempo para ver qué tipo de fauna cadavérica se desarrollaba”.
“El objetivo de la diligencia en entomología forense resultaba poco clara para la investigación de esta averiguación previa, razón por la cual el EAAF solicitó que los peritos designados por la PGR para esta diligencia establecieran por escrito los objetivos de la misma”, se explicó en la carta.
Finalmente el traslado a Cocula no se realizó debido a que no se establecieron las condiciones de seguridad, ya que no se había solicitado a ninguna corporación acompañar al grupo, a quienes incluso se les dijo que estarían 24 horas en el lugar.
“Se decidió suspender esa diligencia debido a que no se había solicitado previamente personal de seguridad en la zona donde se realizarían las diligencias, elemento indispensable para llevarlas a cabo.
“Es importante dejar asentado que no se había acordado con el EAAF la permanencia en los lugares de las diligencias por 24 horas”, se indicó en la carta.
(FUENTE: EXCELSIOR)
