Un año después de la tragedia, todavía no se han depurado las responsabilidades.
Colectivos de mujeres guatemaltecas, agrupadas en la Coordinadora 8 de marzo, denuncian la falta de avances en los juicios que se siguen a los presuntos responsables de la muerte de 41 niñas en el incendio que tuvo lugar hace un año en un orfanato estatal.
El fuego, registrado en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, se inició luego de que varias niñas quemaran varias colchonetas en protesta por los malos tratos recibidos. Según el diario Prensa Libre las autoridades y el personal del orfanato encerraron a las menores dentro de un aula, incluso durante los nueve minutos que duró el incendio.
Por este caso, la justicia guatemalteca sigue un proceso penal contra Carlos Rodas, exsecretario de Bienestar Social de la presidencia, Anahí Keller, exsubsecretaria de Bienestar Social, y Santos Torres, antiguo subdirector del orfanato. Los tres exfuncionarios enfrentan cargos de homicidio culposo, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y maltrato contra personas menores de edad.
Hace un año, el 8 de marzo de 2017, mientras las organizaciones de mujeres se concentraban en la plaza de los derechos humanos para luego marchar por las calles capitalinas en la celebración del Día de la Mujer, un incendio de apenas nueve minutos cobró la vida de 41 niñas que estaban en un orfanato estatal, ubicado en Ciudad de Guatemala, capital del país homónimo.
Ese mismo día, un medio de comunicación local, publicó un testimonio atribuido a bomberos voluntarios, quienes aseguraron que llegaron a tiempo pero que las autoridades del orfanato decidieron no dejarlos actuar en el lugar del suceso.
Otras 15 menores, aunque heridas, lograron sobrevivir a las llamas que se iniciaron en un dormitorio del orfanato, localizado en el municipio San José Pinula, a 22 kilómetros de la capital.
Para la Coordinadora 8 de marzo, que agrupa a 40 organizaciones, colectivos de mujeres, indígenas y feministas, el suceso constituye un «femicidio institucional». «No creemos que se trate de un accidente, sino de un femicidio cuyo responsable es el Estado guatemalteco», según la opinión de la coordinadora transmitida a este medio.
Sin culpables, todavía
Un año después, la justicia de Guatemala sigue en la fase de investigación, tomando declaraciones a los testigos, entre ellos tres funcionarios del gobierno.
Martha Godínez, vocera del colectivo Sector de Mujeres, uno de los que integra de la Coordinadora 8 de Marzo, calificó el proceso judicial como un «litigio malicioso», debido a los retrasos que presentan los juicios.
«Luego de la tragedia se abrió un expediente, un juicio, pero solo ha avanzado la investigación», dijo Godínez. Agregó que algunos de los implicados fueron investigados, pero lo más destacable ha sido «la forma en la que se ha dilatado el procedimiento».
Para la activista, existen intereses políticos que impiden que se juzgue a «los funcionarios de la secretaría de bienestar social, la procuraduría general y la policía nacional civil. Se han querido otorgar responsabilidades personales y nosotras consideramos que son institucionales».
Las víctimas
Para Rubí Hernández, integrante de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (Unamg), el Estado «ha invisibilizado a las víctimas fallecidas y sobrevivientes». Destacó que a la fecha no se conocen políticas o acciones concretas oficiales «para restituir los derechos violentados a las niñas de la casa hogar».
En todo caso, prosiguió Hernández, «han sido las organizaciones privadas, no gubernamentales, las que han suplido al Estado y brindan protección y acompañamiento a las sobrevivientes». Para la unión de mujeres, a un año de la tragedia en la que murieron quemadas 41 niñas, «el apoyo estatal ha sido mínimo o nulo».
En junio de 2017, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala decidió rechazar una solicitud de antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales, por su supuesta responsabilidad en la tragedia de la casa hogar. Se trata de «una denuncia política y espuria», declaró un portavoz de la Corte al explicar la decisión a la prensa local.
Reclamo
La tragedia ocurrida en el Hogar Virgen de la Asunción, dejó en evidencia un problema estructural en esta nación, apuntó Martha Godínez. «La desigualdad y la falta de atención integral a niñas, niños y adolescentes», precisó.
Este 7 de marzo, familiares de las 41 menores fallecidas, se reunieron en el monumento bautizado como el «altar de las niñas», instalado en la céntrica plaza de la Constitución, para reclamar celeridad a la justicia.
Carmen Urias, madre de Mayra Haydee Chutan Urias, una joven que acababa de cumplir 16 años siete días antes del fatal incendio, fue una de las asistentes.
«Estamos en el ‘altar de las niñas’ para exigir justicia. Para gritarle al presidente que no fue justo lo que hicieron a nuestras niñas y que el Estado también es responsable por sus muertes», aseveró Urias.
Fuente: Actualidad RT
