El exgobernador Roberto Borge, detenido en Panamá la noche del domingo, enfrenta diversas denuncias por posibles actos de corrupción, que van desde presuntos desvíos de recursos hasta el remate de terrenos propiedad del estado. Los expedientes se encuentran en manos de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la fiscalía de Quintana Roo.
Un día después de que dejó el cargo, el exmandatario fue acusado de peculado y enriquecimiento ilícito ante el Ministerio Público de Solidaridad (Playa del Carmen), a través de la querella FGE/QR/SOL/09/3943/2016, presentada el 25 de septiembre, de acuerdo con información de la organización Somos Tus Ojos Transparencia por Quintana Roo, misma que pidió por este caso iniciar un juicio político contra el priista.
Además, la administración de Borge ya ha sido denunciada por los despojos cometidos por una red de funcionarios cercanos al exgobernador, en un caso conocido como #LosPiratasDeBorge.
Aquí desglosamos en qué consiste cada una de estas acusaciones, de acuerdo con la información difundida hasta el momento.
LOS REMATES
Al inicio de la actual administración estatal en Quintana Roo, se presentó una denuncia ante instancias federales por la presunta desincorporación y venta de 850 hectáreas de terrenos pertenecientes al estado a personas cercanas al exmandatario. En febrero pasado, la PGR recuperó 25 predios como parte de esa denuncia.
Sin embargo, el secretario de la Gestión Pública, Rafael del Pozo, señaló que dicho aseguramiento es una pequeña muestra de las irregularidades que hubo durante el sexenio del priista, quien podría ser expulsado de su partido esta misma semana.
“Es apenas una pequeña muestra, porque son 25 predios. Nosotros denunciamos 850 hectáreas, pero en realidad se enajenaron 9,500. Fue lo que se enajenó en la administración anterior. Nosotros no denunciamos 9,500, denunciamos 850, y eso solamente de las operaciones que se hicieron a través del IPAE (Instituto del Patrimonio Estatal), pero además están las operaciones que se hicieron a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano”, detalló Del Pozo a Expansión.
Somos Tus Ojos ha señalado que los remates de propiedades del estado se dieron en Tulum, Cancún, Puerto Morelos, Cozumel, Mahahual (Othón P. Blanco) y Chetumal; en la indagatoria federal se menciona la venta de 60% de la reserva territorial de Puerto Morelos, 52% de Solidaridad (Playa del Carmen), 36% de Benito Juárez (Cancún), 23% de Cozumel, 20% de Tulum y 10% de Felipe Carrillo Puerto.
Este martes, el diario Reforma informó que el exmandatario también está involucrado en otras 14 ventas irregulares de la reserva natural de Quintana Roo, a precios que iban de 1% a 6% de su valor real. En dichas operaciones se presume la participación de la madre del exmandatario, María Rosa Yolanda Angulo, el empresario Édgar Manuel Méndez, el director de la firma Corpogas, Santiago Samuel Jiménez, y Jorge Luis Cárdenas.
En el mismo sentido, un reportaje de Televisa exhibió documentos en los que González Patrón, como administrador único, cedió “poder general amplísimo” en esta empresa a María de Lourdes Pinelo Nieto a quien, junto con González Hermosillo y Melgarejo, ubica como “empleados de la familia Borge”, en particular como abogado de la familia y secretaria desde hace 30 años del padre del exgobernador, respectivamente.
Pinelo Nieto y González Hermosillo y Melgarejo —de acuerdo con la denuncia citada por Somos Tus Ojos— conformaron la empresa inmobiliaria Caracol 65, beneficiada con los remates del IPAE, cuya extitular, Claudia Romanillos Villanueva, también fue denunciada por el delito de peculado.
Somos Tus Ojos menciona casos de otros beneficiarios; por ejemplo, un predio en Tulum de 1,000 metros cuadrados vendido en 5,000 pesos a Jaqueline González Canto, hermana del senador del PRI Félix González Canto, quien precedió a Borge en el gobierno de Quintana Roo y llegó a ser considerado su mentor político.
La empresa declaró impuestos en cero, de acuerdo con lo revelado por Televisa; esto, pese a contar con inversiones de millones de dólares en barcos —el reportaje habla del gasto de 9 millones 400,000 dólares en la compra de tres barcos, más 2 millones de pesos (mdp) en permisos y en la instalación de taquillas en las dos localidades que conecta: Playa del Carmen y Cozumel—. Además, el reportaje asegura que Barcos Caribe adquirió otras dos embarcaciones —cuyo monto no menciona— para conectar Puerto Juárez con Isla Mujeres.
#LOSPIRATASDEBORGE
Otro frente abierto contra el exgobernador es el caso de los despojos realizados el pasado sexenio, documentado en el reportaje #LosPiratasDeBorge publicado por Expansión y elaborado en colaboración con Mexicanos Contra la Corrupción. La investigación desvela una red de funcionarios vinculados con el exmandatario para saquear inmuebles y cuentas a particulares, incluyendo a la transnacional Nestlé.
“Hay algunas investigaciones que se están haciendo en el interior de la Secretaría de la Gestión Pública, en algunas otras, cuando hemos encontrado conductas que podemos acreditar ante la autoridad investigadora que pueden ser constitutivas de delitos, ya empezamos a hacer las denuncias”, dijo Del Pozo sobre el caso.
POSIBLE DESFALCO DE 1,050 MDP
El exgobernador también es investigado por el posible desvío de 1,050 mdp que la concesionaria Aguakan le pagó para conservar su concesión de distribución de agua potable hasta 2052 en Cancún, Isla Mujeres y Solidaridad, según información publicada por Reforma.
El dinero, señala el diario, se depositó en 2014 a través de una cuenta de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado (CAPA) y posteriormente a la tesorería local. Sin embargo, ya no se supo su destino.
El destino de esos recursos es parte de otra investigación que realiza la Secretaría de la Gestión Pública estatal, misma que alcanza al extesorero de Borge, Juan Pablo Guillermo Molina, acusado además del probable desvío de 1,400 mdp.
ANOMALÍAS ANTE LA ASF
En la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la administración de Borge tiene abiertos además 50 pliegos de observación por posibles daños al erario por 1892.5 mdp, detectados en las cuentas públicas de 2012 a 2014.
Las anomalías mayores se registraron en 2013, casi a la mitad del sexenio. En ese año la base de datos de la ASF da cuenta de un posible daño patrimonial que asciende a 1,468 mdp.
Dichas irregularidades se detectaron en la aplicación de recursos de origen federal entre los que están los fondos de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, el de Aportaciones para los Servicios de la Salud, para la Infraestructura Social Estatal, de Aportaciones Múltiples, y de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades.
FUENTE: EXPANSIÓN
