La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, cumple un año sin que alguna de las 111 personas detenidas por el caso haya recibido sentencia, y con reclamos de las familias de las víctimas y de expertos por la forma en que las autoridades han conducido los procesos penales por este crimen.
El más reciente detenido es Gildardo López Astudillo, el Gil, presunto líder del cártel Guerreros Unidos, quien fue aprehendido por fuerzas federales el miércoles pasado.
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De los 110 detenidos que había antes de él —según el informe de labores de la Procuraduría General de la República (PGR) correspondiente a 2015—, 52 eran policías del municipio de Iguala que presuntamente agredieron a los normalistas el 26 de septiembre, 19 eran agentes de Cocula que ayudaron a capturar a los jóvenes y entregarlos a Guerreros Unidos, mientras los 39 restantes eran miembros de dicha organización delictiva.
Entre estos últimos están el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, quienes fueron arrestados en el Distrito Federal en noviembre de 2014 y actualmente están bajo proceso.
Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los normalistas desaparecidos, consideró al respecto que si bien el número de detenidos es alto, Guerreros Unidos mantiene su fuerza.
«Guerreros Unidos hoy en día no está desarticulado ni en Iguala ni en Guerrero, sigue operando tal cual», dijo en entrevista.
Tras la detención de López Astudillo, todavía hay 20 personas prófugas por este caso. Entre ellas están Felipe Flores, entonces secretario de Seguridad Pública de Iguala, y Alejandro Tenescalco, quien era supervisor de la policía municipal, según detalla el informe elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El pasado 7 de septiembre, un día después de que se publicara el reporte del GIEI —el cual pone en duda que los 43 jóvenes fueran asesinados y quemados en un basurero de Cocula, como sostiene la PGR desde noviembre de 2014—, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que su gobierno no se detendrá hasta que todos los responsables de la desaparición de los normalistas sean arrestados.
«El caso, como lo hemos también sostenido, se mantiene abierto, la investigación continúa y será el Poder Judicial quien determine cuándo deba de concluirse», señaló en un acto público.
Reclasificar el delito
Los familiares de los normalistas —quienes exigen que los jóvenes sigan siendo buscados con vida— no solo se quejan de que todavía haya prófugos. También lo hacen por los delitos que se atribuyen a las personas actualmente detenidas.
Los padres buscan que se haga una reclasificación para que a los presuntos responsables se les acuse de desaparición forzada, un delito que ocurre cuando un funcionario participa en el ocultamiento doloso de una persona y cual es castigado hasta con 40 años de prisión.
De todos los detenidos, sin embargo, únicamente cinco policías de Iguala son acusados de desaparición forzada, según el informe de la PGR, en el que se detalla que el resto enfrenta cargos por secuestro, homicidio, delincuencia organizada, delitos contra la salud (narcotráfico) y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).
Rosales estimó que la acusación por secuestro es débil, pues no hay evidencias de que los sospechosos pidieran rescate por los normalistas.
«En el delito de secuestro, si bien es cierto que ofrece las expectativas de que la penalidad pueda ser alta también, el problema es que un elemento del delito de secuestro exige la obtención de lucro, es decir, se debe acreditar en autos que el inculpado perseguía fines de lucro. Si eso no está acreditado, es una inconsistencia que puede ser aprovechada por los procesados para obtener su libertad», dijo.
Los expertos de la CIDH también se han pronunciado a favor de la reclasificación del delito de secuestro a desaparición forzada, argumentando en su informe que con los normalistas «no se trató únicamente de una privación de libertad, sino que ha existido un ocultamiento del paradero de los jóvenes estudiantes».
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Un proceso «disperso»
Otra recomendación de los especialistas es que las autoridades mexicanas lleven un solo proceso penal por este crimen, en lugar de los 14 que existen actualmente en ocho juzgados de Tamaulipas, Guerrero, Morelos, Estado de México, Querétaro y Jalisco.
«La fragmentación afecta seriamente la investigación porque cada juez conoce un trozo del caso y las evidencias a su vez se encuentran dispersas en todos estos juzgados», dicen los expertos.
«Por esta razón, el GIEI sugirió que se unificaran las causas para que no se perdiera la visión integral de los hechos; para que no se dificultara el encuentro entre los consignados, sus familiares y sus representantes legales y sobre todo para garantizar el acceso de las víctimas a la justicia, evitar situaciones de inseguridad y garantizar que haya un adecuado acercamiento al proceso», agregan.
El pasado 11 de septiembre, la procuradora Arely Gómez señaló en su cuenta de Twitter que el gobierno mexicano está dispuesto a «revisar» las recomendaciones del GIEI y a «seguir trabajando juntos en la investigación» del crimen de Ayotzinapa.
Para Rosales, el informe del GIEI y las reacciones que ha generado representan «una oportunidad» para profundizar en las indagatorias y averiguar qué ocurrió con los 43 normalistas.
( Fuente CNN México)
