El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este jueves por primera vez que quiere que la nueva Constitución del país que debe redactar la Asamblea Constituyente que él convocó sea aprobada en un referendo.
«Al final del proceso, seguro, seguro, y yo lo propondré de manera expresa abierta y taxativa, la nueva Constitución saldrá a referendo consultivo para que el pueblo diga si está de acuerdo con la nueva Constitución reforzada o no está de acuerdo», dijo durante un consejo de ministros televisado.
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La realización de una consulta para la conformación de la Asamblea Constituyente y de otra para refrendar el texto de la nueva Constitución ha dividido no sólo a la oposición, sino que también ha generado las críticas de muchos chavistas, incluida la fiscal general, Luisa Ortega.
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Una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el miércoles dio vía libre a la conformación de la Asamblea Constituyente sin referendo previo, algo que fue criticado por la propia fiscal, que defiende la consulta como en el proceso de la Constitución de 1999 que promovió Hugo Chávez.
Al menos 80 personas resultaron heridas durante una protesta contra el gobierno de Maduro este miércoles.Competencia
Pese a Maduro diga que quiere que haya un referendo posterior para validar el texto, esa competencia no recaerá en él, sino que serán los 545 miembros de la Asamblea, que se elige en julio, los que tomen esa decisión.
«Los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente», dice el artículo 349 de la Constitución actual, que no regula cómo debe ser el proceso que ahora comienza.
El gobierno de Maduro, que propuso la idea el 1 de mayo, presentó unas bases comiciales para la elección sectorial y territorial de los miembros de la Constituyente.
La oposición la considera una elección «fraudulenta» y no tiene intención de participar en ella por considerar que no se basa en el voto directo y universal.
En cambio, va a continuar con la ola de protestas que dura ya dos meses y que ha provocado 60 muertes.
Este mismo jueves, la fiscal general Luisa Ortega presentó ante el TSJ una petición de aclaratoria tras la sentencia del máximo tribunal que validaba que la Constituyente se convoque sin consulta popular, algo que Ortega definió como «un retroceso en materia de derechos humanos».
El gobierno asegura que una nueva Constitución es la forma de lograr la paz social en plena crisis política y económica, pero la oposición lo considera como una treta para perpetuarse en el poder y no convocar las elecciones que están pendientes en los próximos meses.
Fuente: BBC
