El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó investigar si en el gobierno permanecen funcionarios que hayan trabajado con Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública detenido en Estados Unidos por narcotráfico, y de ser así serán despedidos.
MILENIO publicó que en la carpeta que integra la Fiscalía General de la República (FGR) contra el funcionario de administraciones panistas y priistas pasadas se indaga a los colaboradores de la estructura más cercana.
“Aprovecho para decirles a muchos servidores públicos de todas las áreas que puede ser que se oculten, se ensarapen por un tiempo, pero va a ser transitorio. Ya no queremos servidores públicos corruptos, déspotas, irresponsables, ineficientes.
“Ahora, con la detención de García Luna, lo mismo. Ya giré instrucciones para que se haga una revisión en todo el gobierno: quienes participaron o estuvieron en su equipo, quienes después del gobierno de Calderón pasaron al de Peña y llegaron hasta nosotros, si es que hay, ¡para afuera!, ¡para afuera!”, amagó.
El mandatario advirtió que en la cuarta transformación “no se tolera la corrupción ni la impunidad, ni de mi familia”, e insistió en que la aprehensión de García Luna por supuestos nexos con el cártel de Sinaloa es la muestra de que la estrategia de seguridad anterior fue fallida y las consecuencias se siguen padeciendo.
“Nosotros estamos viviendo en México una situación muy difícil en materia de inseguridad y de violencia, porque fue equivocada la política que se aplicó desde principios de 2007.
“Se pensó que declarando la guerra al narcotráfico se iba a resolver el problema de la inseguridad y de la violencia, y lo que hizo esa política, lo que produjo, fue un agravamiento, muchos asesinatos, desaparecidos, destrucción del tejido social, corrupción, bueno, de todo”, expresó.
MAYOR RIGOR
Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó la depuración de dependencias como el Centro Nacional de Inteligencia (ex Cisen) de elementos vinculados a García Luna.
Tras su participación en la ceremonia del 11 aniversario del Servicio de Protección Federal, indicó que las bajas serán por las eventuales complicidades administrativas políticas o policiales con su antecesor.
Precisó que esas áreas policiacas se convirtieron en cotos de poder, en las que se han descubierto diversas irregularidades como compras, licitaciones, contratos y asignaciones al margen de procesos administrativos.
“El día de ayer (jueves) les ponía un ejemplo: la adquisición de un sistema se inteligencia que costó 130 millones de pesos, que se pagó con cargo a la partida de seguridad nacional, que permite una serie de discrecionalidades que no estamos nosotros dispuestos a tolerar en nuestro gobierno”, dijo.
El funcionario expresó que desde el inicio de la administración arrancó este proceso de depuración, pero ahora que se presentan elementos de prueba de vínculos del ex secretario y el crimen organizado tienen que repasar de nuevo, con mayor rigor, la integración de las áreas marcadas por intereses de corrupción.
Indicó que aún no hay un número determinado de las personas que serán separadas del cargo por estas acciones, pero que hablan particularmente del Centro Nacional de Inteligencia y de áreas de la Policía Federal, fundamentalmente de mandos o de funcionarios de alto nivel.
Dijo que no son los exámenes de control de confianza los que fallan, sino que hay servidores que no los aplican o hacen omisión de los resultados: “Falla la decisión de compromiso por razones de complicidad, de contubernio, de corruptelas con los que son omisos en observarlos”.
UIF ALISTA DENUNCIA DESDE HACE 4 MESES
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, anunció que está en proceso la denuncia contra Genaro García Luna por “triangulación de cuentas”. En la firma del convenio entre el Instituto Mexicano para la Justicia y la Fundación Internacional Baltasar Garzón precisó que han trabajado en el tema desde hace cuatro meses “con agencias norteamericanas”. Confirmó que el ex secretario federal es investigados junto con otras 11 personas, a las que se les bloquearon cuentas.
FUENTE: Milenio
