La Visitaduría Interna de la Procuraduría General de la República (PGR) concluyó que el extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, sí incurrió en conductas irregulares por realizar diligencias sin acompañamiento del Ministerio Público en el caso Ayotzinapa, por lo que recomendó dar vista a la Secretaría de la Función Pública para que se inicie un procedimiento administrativo en su contra.
“Se determina emitir vista a la Secretaría de la Función Pública por cuanto hace a las conductas asumidas por el Director en Jefe de la AIC (Tomás Zerón), a fin de que sea llamado a procedimiento administrativo en los términos que marca la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos”, indica un documento de la Dirección General de Asuntos Internos de la Visitaduría General de la PGR, fechado el pasado 18 de agosto.
De acuerdo con información de Aristegui Noticias, también se considera que Gualberto Ramírez Gutiérrez, fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la PGR, cometió irregularidades.
Ramírez Gutiérrez es probable responsable de entregar un imputado a Tomás Zerón, sin que existiera orden o mandamiento judicial que justificara dicha acción, por lo que también se solicitó proceder en su contra.
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Ambas conclusiones se encuentran dentro del expediente DGAI/510/CDMX/2016, en poder de Aristegui Noticias, el cual fue ordenado por el entonces visitador General de la PGR, César Alejandro Chávez, a petición del Subprocurador de Derechos Humanos, Eber Omar Betanzos.
Sin embargo, se desconoce cuál será el destino de las probables sanciones en contra de Zerón y Ramírez Gutiérrez.
El pasado 12 de septiembre, tres semanas después de que se solicitó proceder contra Zerón de Lucio y Ramírez Gutiérrez, la PGR sustituyó al visitador General que elaboró el expediente en su contra, señala el portal de noticias.
Dos días después, el 14 de septiembre, Zerón dejó la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y fue nombrado Secretario Técnico en el Consejo de Seguridad Nacional del Gobierno federal, cargo que reporta directamente al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
La indagatoria sobre las posibles conductas irregulares cometidas por Zerón se deriva del video presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), que coadyuvó con las autoridades mexicanas en la investigación del caso Ayotzinapa.
En el video se mostró que Zerón, entonces titular de la AIC, realizó un recorrido en la ribera del Río San Juan de Cocula el 28 de octubre del 2014, en compañía del presunto sicario de “Guerreros Unidos”, Agustín García Reyes, “El Chereje”.
Esta diligencia nunca fue incluida por la PGR en el expediente del caso.
La importancia de esa diligencia radica en que fue la base para fundamentar la llamada “verdad histórica” del gobierno mexicano sobre el destino de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
De acuerdo con esa versión, los cuerpos de los jóvenes fueron incinerados en el basurero de Cocula durante la noche y madrugada de los días 26 y 27 de septiembre del 2014.
A partir del recorrido de Zerón con García Reyes, se construyó la hipótesis de que los estudiantes fueron asesinados y calcinados, por lo que posteriormente sus restos y cenizas fueron arrojadas al Río San Juan para desaparecerlas.
Sin embargo, la investigación de la Visitaduría General de la PGR, elaborada entre el 28 de abril y 9 de agosto del presente año, señala que las retenciones de “El Chereje” y otros seis presuntos sicarios del grupo “Guerreros Unidos” se realizaron de manera arbitraria e ilegal, violando los derechos de los imputados a un proceso judicial justo.
La misma indagatoria del exvisitador General concluye que la Ministerio Público a cargo del caso alteró fechas y horas en el certificado médico de Agustín García Reyes.
Los abogados del detenido han argumentado que sus declaraciones sobre la incineración de los estudiantes se hicieron bajo tortura.
Los señalamientos más fuertes son en contra el propio Tomás Zerón, por realizar actos de investigación en las inmediaciones del Río San Juan de Cocula sin contar con el acompañamiento y aval de un Ministerio Público, puesto que no se emitió ninguna orden o mandamiento judicial que le permitiera hacer un recorrido con “El Chereje” en ese lugar.
Además, se advierte que Zerón vulneró el derecho a la defensa de Agustín García Reyes en la diligencia realizada la tarde del 28 de octubre del 2014, debido a que no estaba acompañado por su abogado defensor.
Una irregularidad adicional, indica Aristegui Noticias, es que las actuaciones ministeriales y periciales realizadas en esa fecha nunca se formalizaron ni se incluyeron dentro del expediente.
El expediente indica que esa actuación violó el Código Federal de Procedimientos Penales y afectó el derecho a la verdad al que tienen las víctimas del caso, es decir, los padres, madres y hermanos o hermanas de los 43 estudiantes desaparecidos y de las 6 personas que perdieron la vida el día de los hechos.
