Se ahoga en el fracaso, Ley de Víctimas

Rodeada de polémica desde su génesis, al grado que confrontó a los poderes Ejecutivo y Legislativo, la Ley General de Víctimas fracasó como solución a la problemática del creciente número de personas afectadas por el crimen organizado, incluso tiene atorados 986 millones de pesos del Fondo de Apoyo, pues sólo ha usado 4.5% del presupuesto de apoyo a víctimas.

Primer producto de la interacción constante del Senado con organizaciones de la sociedad civil, encabezadas por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por Javier Sicilia, y por Emilio Álvarez Icaza, la Ley General de Víctimas es criticada acremente por los familiares de personas desaparecidas o asesinadas, porque no tiene los mecanismos legales suficientes para atender las necesidades específicas ante el Ministerio Público.

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Ni siquiera ha podido ser un mecanismo efectivo para apoyar económicamente a los familiares de las víctimas, pues los testimonios dan cuenta de la pérdida del patrimonio para solventar los gastos de búsqueda y de trámites ministeriales y judiciales.

Una de las principales aportaciones de esta ley fue la creación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), que en su nacimiento contó con medio millón de pesos, pero con las aportaciones federales constantes, y de acuerdo con el reporte de sus estados financieros, hacia el último trimestre de 2015, llegó a mil 33 millones de pesos.

Pero aun cuando fue diseñado para que de ahí saliera el dinero que apoyará a las víctimas y sus familiares en la búsqueda de personas, cuerpos o restos, su acceso se ha complicado considerablemente, al grado de que hasta el año pasado sólo se habían entregado 47 millones 39 mil 788.58 pesos, de los cuales 45 millones 915 mil 222.96 pesos fueron pagados por compensación como parte de la reparación integral, y un millón 124 mil 565.62 pesos para medidas de ayuda inmediata.

La cifra de 47 millones 39 mil 788.58 pesos representa sólo 4.5% del dinero que tiene este Fondo; es decir, existe un total de 986 millones 360 mil 211.42 pesos.

La semana pasada un grupo nutrido de integrantes de ONG formadas con el común denominador de la búsqueda de desaparecidos y en apoyo a víctimas de todo tipo de delitos, principalmente los cometidos por el crimen organizado, se reunió con senadores integrantes de las comisiones unidas de Justicia, Gobernación y Derechos Humanos para construir los nuevos instrumentos legales que necesitan, la mayoría hizo críticas a la Ley General de Víctimas.

Grace Mahogany Fernández comentó que “la ley de víctimas, que lamentablemente no funciona y sigue sin procurar justicia y mucho menos búsqueda de nuestros familiares”. Manuel Ramírez, de la organización Red de Eslabones Estado de México, resumió la ruta crítica que afrontan las víctimas.

“Nosotros, las víctimas, tenemos que sufrir muchas situaciones de pérdida económica, de daño sicológico, de muchas cosas cuando nos desaparecen a un ser querido. Y nos topamos con la burocracia, con las leyes que nosotros, las víctimas, no entendemos el porqué todo está hecho a manera de que en nuestro país los perpetradores son gente que está más preparada que nosotros para saber cómo violar, cómo apegarse a las leyes, con instituciones frías, con reglas sumamente frías.

“Como por ejemplo, para buscar a mi hija, para la investigación necesitamos las huellas digitales y no tenemos, el IFE… ya tenemos 11 años tocando las puertas a lo que antes era el IFE y ahora es el INE, y nos siguen mandando los mismos documentos en donde nos dicen que ellos no tienen injerencia, que tiene que ser emitida por un juez la orden.

“Pues los jueces se echan la bola y dicen ‘no, tiene que ser con un juez civil, el juez penal’, y de todos ellos nadie sabe cuál es el juez, pero así mandan la respuesta siempre. Es decir, nosotros necesitamos que los documentos, que la ley contenga que pueda haber modificaciones a estas situaciones; obligar al INE para que nos dé siquiera una copia de las huellas digitales de la credencial de elector de mi hija.

“Llevamos 11 años y no nos han podido dar una simple huella, ya no queremos la credencial de elector; si mi hija no puede vivir, menos puede votar. Nosotros les suplicamos a los senadores que hagan todo lo posible para que esta ley tenga dientes y no sea una ley chimuela, como lo es la Ley General de Víctimas”, planteó.

Los obstáculos

Confrontado con las ONG que lo responsabilizaron de la existencia de miles de muertos y desaparecidos, como efecto de su política anticrimen, el expresidente Felipe Calderón nunca comulgó con la Ley General de Víctimas, que fue diseñada por las ONG y exigida en prácticamente todos sus términos a los senadores, quienes cedieron a hacer las adecuaciones mínimas, a fin de responder a las exigencias de los ciudadanos.

En julio de 2011, los coordinadores parlamentarios y la Mesa Directiva del Senado se comprometieron, en el Alcázar de Chapultepec, a procesar la Ley General de Víctimas que ellos diseñaron; la aprobaron, pero Calderón se negó a promulgarla; entonces, el Senado ordenó de manera directa su publicación en el Diario Oficial de la Federación, pero Calderón la impugnó ante la Suprema Corte y el Senado enfrentó la controversia.

El presidente Calderón envió en septiembre de 2012, en su último año de gobierno, una propuesta para una nueva Ley de Víctimas, pero un mes después, en octubre, el Senado anunció que no la iba a procesar; la Ley entró en vigor en enero de 2013 y casi de inmediato el Senado procesó su primera modificación, que incluyó 144 cambios y que dieron forma a la ley vigente.

Los panistas calderonistas, que protagonizaron un fuerte debate con los priistas y perredistas, porque no querían aprobarla, hoy consideran que las fallas que registra la Ley comprueban que la oposición presidencial que se registró en su momento tuvo su base en el contenido, no en una posición política contra las organizaciones que la promovieron, todas de izquierda.

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