En el informe, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta concluyó que en el procedimiento de designación del Auditor, surgieron irregularidades.
Chetumal, Quintana Roo.- Con los votos de las bancadas del PAN, PRD, Nueva Alianza, MORENA, Encuentro Social, y el respaldo de los diputados independientes, el Pleno del Congreso del Estado aprobó enviar a los juzgados federales, el informe de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta que concluye que existieron irregularidades en el proceso de designación del Auditor Superior del Estado.
El diputado Emiliano Ramos Hernández, presidente de dicha comisión, explicó que con este informe, contiene elementos jurídicos para que los jueces resuelvan los amparos promovidos en contra de la designación del actual Auditor, pues no garantiza que pueda hacer un trabajo imparcial.
“Buscamos derribar uno de los principales diques de este paquete de impunidad para evitar que quienes cometieron irregularidades en el manejo de las finanzas públicas de Quintana Roo, rindan cuentas ante la autoridad”, sentenció.
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En la sesión ordinaria número 1 del Segundo Periodo, se dio lectura al informe elaborado en el cual se concluye que en los procedimientos de renuncia, convocatoria, estudio de requisitos, entrevistas a candidatos, dictamen y designaciones del titular y titular suplente del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Quintana Roo, surgieron irregularidades respecto a la revisión legal y documental.
Tras un debate entre los diputados José de la Peña del PVEM, Leslie Hendricks Rubio y José Luis González del PRI, Fernando Zelaya del PAN y Laura Beristain Navarrete del PRD, finalmente se aprobó con 14 votos a favor.
En el informe de la Comisión de Hacienda, se determinó que existen inconsistencias relacionadas con los decretos 419 y 420 de la XIV Legislatura del Estado, concernientes a la designación del Auditor.
El dictamen señala que se violó el artículo 65 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior de Quintana Roo, al designarse con carácter de definitivo a un titular y un titular suplente del órgano, cuando lo que procedía era la designación de un titular del órgano con carácter de interino, por parte de la Diputación Permanente.
También se violentaron los plazos establecidos en el artículo 62 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado respecto del procedimiento para la designación del titular y el titular suplente del Auditor Superior del Estado, pues se hizo fuera de los tiempos marcados por la ley, es decir, un día después.
