El Congreso del Estado busca hacer efectiva la reforma constitucional en materia de anticorrupción.
El Congreso del Estado pudiera enfrentar una nueva controversia legal a nivel federal, derivada de uno de los artículos transitorios de la reforma constitucional en materia de anticorrupción, en lo referente a contralores internos.
La minuta con proyecto de decreto, ahora en manos de los cabildos, estableció en su artículo octavo transitorio la renovación total de los órganos de control de los cinco organismos con autonomía constitucional, incluyendo el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) y el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo).
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Los otros tres órganos autónomos son el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo y la Fiscalía General del Estado.
Aunque los actuales contralores internos del Ieqroo y el Teqroo, no quisieron hablar al respecto, la información recabada señala que se está analizando la posibilidad de controvertir la determinación del Congreso Local.
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El argumento es una contraposición con la reforma federal constitucional, la cual estableció en su artículo octavo transitorio, que los titulares de los órganos de control que ya se encuentren en funciones, continuarán en su encargo en los términos en los que fueron nombrados, contrario a lo aprobado por el Congreso Local.
En el caso de Karla Noemí Cetz Estrella y Adrián Díaz Villanueva, titulares de las Contralorías del Teqroo y Ieqroo, respectivamente, fueron designados con base a un procedimiento establecido en la Constitución actual, para un periodo de seis años.
La primera fue nombrada en enero de 2015, mientras que el segundo en marzo de ese mismo año. Ambos concluirán su encargado en el año 2021.
Aseguran que sí se pueden revocar los cargos
Al respecto, Mayuli Martínez Simón, presidenta de la Comisión de Anticorrupción, Órganos Autónomos y Participación Ciudadana, dijo que el Congreso tiene todas las facultades legales para hacer la renovación total, además de que se tomó como base la reforma constitucional federal.
“Lo que nosotros estamos haciendo está totalmente apegado a la legalidad, es decir, así se establece en la propia Constitución federal en cuando a los órganos autónomos nacionales y estamos haciendo lo propio, en el sentido de que estamos homologando lo local con lo federal”, aseguró la entrevistada.
Otro de los temas en la mesa es la irretroactividad de las leyes en perjuicio de una persona, según lo que establece el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para la legisladora local se trata de una facultad totalmente legal porque el objetivo es fortalecer a los órganos de control interno en materia de combate a los actos de corrupción.
El antecedente más reciente, sobre la irretroactividad de las leyes se dio en el seno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, después de la re forma constitucional político electoral de 2014.
Al resolver los juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano SUP-JDC-484/2014 Y ACUMULADO SUP-JDC-496/2014, el Trife determinó que no es aplicable la garantía constitucional.
El argumento es que con la Reforma Político Electoral hubo una transformación de los órganos electorales de los estados, además de que era un nuevo esquema para la designación de los consejeros electorales.
Fuente: Sipse
