DESTRIPACUENTOS
Por Antonio Callejo
SUMARIO:
El problema de seguridad pública en Quintana Roo es estructural, por una acumulación de omisiones y actos de corrupción de varios años; Empero, resulta necesario verlo en forma amplia; Se castigan menos delitos que en otras entidades; Los delincuentes saben que no pagarán por sus crímenes; Grotesco acto de insensibilidad del senador Félix González Canto; `Conjuntivitis´, sexta enfermedad más común en el estado; `Mordedura de perro´ es la número 19
CANCÚN, QUINTANA ROO (21 de septiembre).- La cadena de procuración y administración de justicia es muy amplia. Abarca desde el buen funcionamiento de la policía preventiva, la confianza ciudadana para interponer denuncias, luego pasa por la integración de las carpetas de investigación, la detención de responsables, el resarcimiento a las víctimas e, incluso, el resguardo carcelario y cumplimiento de sentencias de los imputados.
Pasa por el ámbito de los poderes Ejecutivo y Judicial, en el entendido de que intervienen cuerpos de seguridad que dependen del primero, y el sistema penal, que depende del segundo.
Este miércoles se dieron dos anuncios muy interesantes en el tema de la seguridad, que bien vale la pena poner en perspectiva, porque sigue faltando algo para completar un círculo virtuoso en el estado de Quintana Roo, donde las cifras de impunidad le van ganando la carrera a los esfuerzos gubernamentales.
Por una parte, el fiscal general del estado, Miguel Ángel Pech Cen, dio a conocer una serie de nombramientos en la dependencia a su cargo, obviamente encaminados a hacer más eficiente su desempeño de cara a la exigencia ciudadana.
A su vez, el secretario de Seguridad Pública del estado, Rodolfo del Ángel Campos, reveló que a ese organismo le hacen falta hasta cuatro mil millones de pesos, “para la realización de proyectos y el fortalecimiento de las estrategias en la materia”.
Y lo que ya es un lugar común:
Dijo que requiere “el apoyo de las diferentes instancias para los trabajos de prevención del delito”, pues recordó lo que ya sabemos a fuerza de repeticiones: “la seguridad pública no es sólo tener más policías y patrullas, sino que también se requiere que las demás instancias de gobierno refuercen los trabajos para la segura integración familiar, oferta laboral, educación, alumbrado público y lugares de reunión y esparcimiento”.
Claro que ambos actúan y declaran con respecto de su responsabilidad y visión de perspectiva.
Pero si analizamos algunas cifras relacionadas con la eficacia de esa cadena de procuración de justicia, podemos ver que el problema es realmente estructural, y que algo inquietante está ocurriendo en el engranaje de las funciones de esas dependencias con el Poder Judicial.
Impunidad, el `huevo de la serpiente´
Y es que según el “Índice Global de Impunidad” (IGI), el estudio realizado por la Universidad de las Américas (UDLA) de Puebla, Quintana Roo encabeza los 13 estados ubicados con la categoría de “muy alta impunidad”, incluso por encima de Guerrero, Tamaulipas y la Ciudad de México.
Esto es, simple y llanamente, que los delitos que se cometen no se sancionan de forma eficaz. No se resuelven suficientes investigaciones, no se sentencian suficientes culpables y no se liberan a inocentes a tiempo o cuando los reclusos ya deberían haber concluido su condena.
Una conclusión elemental es esta:
Si se sancionan escasamente los asaltos, hay más asaltos; Si no se sancionan suficientes asesinatos, luego entonces los asesinos tienen más garantías de que no serán detenidos; Si no se sancionan los actos de violencia, pues esa razón es un aliciente para que ocurran también. ¿O no?
Eso es lo que técnicamente se llama `Cono de Impunidad´, donde Quintana Roo presenta uno de los más preocupantes.
Claro que se trata de una herencia de muchos años. Sin embargo, resulta necesario encarar el problema en toda su dimensión. De otro modo, más policías o más funcionarios en la Fiscalía General del Estado, no dejan de ser un `parche´ si el grado de impunidad no disminuye.
Implica que se debe reforzar y hacer más eficiente la tarea de los agentes ministeriales investigadores, pero también, y sobre todo en este caso, el de los jueces. Porque el rezago que se acumula empeora las cifras y engrosa este `Cono de Impunidad´.
Dato relevante es que el sistema de jueces, es decir, el que compete al Poder Judicial, cuenta con más recursos proporcionalmente que otras entidades que presentan mejores resultados.
El estudio que citamos es hasta ahora uno de los más complejos y completos que sehan realizado sobre este asunto. Sus autores lo elaboraron a partir del análisis y cruzamiento de los datos oficiales de instituciones de seguridad y justicia que las propias entidades federativas reportaron al INEGI.
Las variables que consideraron los investigadores para presentar este Índice General de Impunidad son, entre las principales, las estadísticas de delitos denunciados, las averiguaciones previas concluidas, los expedientes consignados, el número de agencias del Ministerio Público, agentes judiciales, y jueces por cada 100 mil habitantes; incluso datos del sistema judicial como el número de sentenciados.
Este IGI ubicó a los 32 estados del país en cinco grupos, de la siguiente manera: “grado de impunidad baja”, “grado de impunidad media”, “grado de impunidad alta”, “grado de impunidad muy alta” y “grado de impunidad atípica”.
Y Quintana Roo aparece en el grupo de estados con grado de impunidad “muy alta”, y de entre los 13 estados aquí englobados, está a la cabeza de esta `lista negra´ con el primer lugar; es decir, con un 76.61, siendo la media nacional de 67.42.
Esto dice literalmente el estudio:
“Quintana Roo es uno de los trece estados que se identifican con un grado 4 en la escala de impunidad, es decir, se encuentra entre aquellos con mayores niveles de impunidad. Una de las características que destacan es el alto número de presuntos delitos registrados por cada 100 mil habitantes. Esta entidad tiene 2,375.2 registros en contraste con el promedio nacional de 1,445 presuntos delitos por cada 100 mil habitantes.
“Con base en el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2014, los cinco delitos del fuero común más recurrentes en Quintana Roo son: 1. Lesiones 2. Robo a casa habitación3. Robo a negocio 4. Otros robos 5. Violencia familiar. Específicamente, la violencia familiar alcanza 7.22% de los delitos registrados en la entidad, y el daño a la propiedad 11.63%.
“Mismos que también tienen una importante presencia dentro de los medios de comunicación locales. Mientras que, en el caso de homicidios, esta entidad se encuentra en la décima posición a nivel nacional al estimarse 42.55 homicidios por cada 100 mil habitantes.
“Cadena impune
“A través de la cadena impune es posible identificar el volumen de casos que continúan avanzando en el proceso desde que inicia la averiguación previa hasta la sentencia registrada como condenatoria. En el caso de Quintana Roo, se contabilizaron 35,271 averiguaciones previas iniciadas y carpetas de investigación abiertas durante el 2013. De ellas, se llegó a alguna determinación en el 59% de los casos y 41% fueron descartados.
Como se puede observar en la gráfica siguiente, en total 20,891 averiguaciones fueron determinadas. (Ver Gráfica Cadena impune). Hasta este punto, la tendencia decreciente es similar al promedio nacional, sin embargo, destaca el gran número de inculpados o imputados registrados en las averiguaciones con 32,288.
“Esto quiere decir que por cada investigación a la que se llegó a una determinación, en promedio se encontraron 1.5 inculpados por delito. En los siguientes pasos del proceso de la cadena impune se registra una notable caída en el número de causas penales.
“Se contabilizan 4,252 casos que acreditaron causas penales, es decir, 12% del total de averiguaciones inicialmente abiertas y el 20% de las que obtuvieron algún tipo de determinación. Durante el periodo de medición aún no comenzaba la transición para implementar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, por lo que habría un número mayor de casos atendidos en tribunales debido a que aún no había un desahogo en el sistema. Se estiman 73.3 causas penales por jueces en el estado, esto es un número mayor a la media nacional que es de 51.7. Sin embargo, se reconoce una amplia brecha entre el número de averiguaciones que son abiertas y aquéllas en las que es posible acreditar una causa penal.
“Esto puede tener varias explicaciones, desde que es una constante el que se levanten denuncias por presuntos delitos que efectivamente no cuentan elementos para poderse determinar causa penal, hasta que el Ministerio Público no está logrando conseguir las pruebas suficientes que permita acreditar las investigaciones abiertas con causa penal. Finalmente, 15% de las investigaciones abiertas que probaron causas penales llegan a una sentencia. Esto indica también un retraso en la cadena, no sólo por parte de la instancia investigadora, sino también para dictar sentencia por parte de los jueces”.
Queda claro que este escenario se fue gestando durante los muchos años acumulados de omisiones y hasta claros actos de corrupción. No se puede arreglar este escenario de la noche a la mañana. Sin embargo, es urgente observarlo de forma global para encontrar la mejor estrategia de solución, que nunca podría ser de corto plazo.
Desprestigio de políticos y partidos
La tragedia ocurrida en el centro del país, en la CDMX y otras entidades incluida Chiapas, puso de manifiesto el profundo rechazo que tienen en general los ciudadanos en contra de los políticos y de los partidos.
Los procesos electorales venideros les van a pasar la factura.
Y cómo no, si hay casos verdaderamente grotescos, como el episodio en el que incurrió el senador Félix González Canto. No se le ocurrió cancelar la lujosa cena que ofreció a sus otros 19 insensibles compañeros de escaño, mientras a su alrededor los mexicanos estaban luchando por ayudar a retirar escombros y rescatar a las víctimas. González Canto no deja pasar ningún señalamiento para deslindarse de responsabilidad. Pero en esta ocasión se quedó mudo.
Conjuntivitis, siempre presente en Q. Roo
El sector salud ya reveló que la epidemia de `conjuntivitis´ requiere de una serie de acciones desde casa. El objetivo es que se reduzca el contagio.
Y es que esta patología, que se presenta puntual cada año en el estado, pasó de 7 mil 400 casos en 2015, a poco más de nueve mil en 2016. Actualmente se registran poco más de 14 mil casos.
Es cierto que en este periodo la población aumentó, pero de cualquier manera es un tema que requiere de una participación ciudadana más activa.
El gobierno del estado emprendió atinadamente una intensa campaña de información y prevención.
La `conjuntivitis´ ocupa el sexto lugar en la tabla de las 20 enfermedades más comunes en el estado de Quintana Roo, y afecta sobre todo a la población de entre 25 y 44 años.
Sólo para su información, le comento que la número 19 es `mordedura de perro´, y se presenta sobre todo en el rango de edad de entre 24 a 44 años. Hay que tomar precauciones