El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, aseguró que se investigarán los desalojos y juicios laborales amañados para despojar a empresas y particulares de bienes y recursos, orquestados desde la administración del gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, documentados en una investigación de Expansión y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, publicada en el portal de noticias ‘CNN Expansión’.
Se dio a conocer que «Hubo adjudicación de tierras, sobre todo en la zona de Cancún y Tulum,quejas de tipo internacional porque había inversionistas que estaban siendo despojados de su tierra, y hubo utilización de servicios públicos para poder lograr eso, como las juntas de Conciliación y Arbitraje, la fuerza pública del estado. Cosas que hoy estamos tratando de devolver a la normalidad», dijo el mandatario este jueves a Radio Fórmula.
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Se trata de una de las pocas ocasiones en que Carlos Joaquín —quien rindió protesta al cargo el pasado 25 de septiembre— se ha referido a las irregularidades que han quedado abiertamente señaladas, utilizando el empleo de recursos públicos en la pasada administración para arrebatar propiedades, situación que provocó una carta de preocupación por parte de las embajadas de Francia, Italia, Portugal y de los Países Bajos en México.
El gobernador prometió durante su campaña investigar los señalamientos en torno a posibles actos de corrupción y malos manejos en el gobierno de Borge, quien también enfrenta un proceso interno de expulsión en su partido, el PRI.
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Pesadilla legal
Conforme las denuncias y hechos corroborados por Novedades Quintana Roo, las afectaciones presuntamente derivaron de la actuación de ex funcionarios de la Secretaria estatal del Trabajo, como el entonces subsecretario Enrique de la Cruz Pineda; el ex titular de la Junta de Conciliación y Arbitraje número 2 de Cancún, Alexis Zavala Ávila, y el de esta misma instancia, pero en Playa del Carmen, Solidaridad, Roberto Javier Ibarra Morales.
Estas personas al parecer actuaron en contubernio para llevar a cabo los despojos mediante juicios laborales a la medida para incautar inmuebles de la más alta plusvalía en Cancún, Tulum y Playa del Carmen.
El método para despojar a los legítimos propietarios de inmuebles era inventar juicios contra ellos, y como la Junta de Conciliación va sobre el posesionario, sobre la fuente de trabajo, así pasaron encima a todos.
“Vengo a demandar a fulanito -Ya murió… Sí, pero a mí me responde la fuente de trabajo y los presuntos demandantes dicen sí él me contrató… así de fácil, todo simulado”, comentaron varios abogados laborales al ser entrevistados sobre este tema.
“Así que los actuales posesionarios pueden negarlo, pero la Junta procede contra la fuente de empleo. Los embargan los lanzan, le adjudican al trabajador y luego venden. Simulan un patrón donde no lo hay y demandan falta de pagos salariales y derechos laborales”, explicaron al referir que la pasada administración fue una “pesadilla”.
