Quienes habitan en estas líneas fronterizas se han visto afectadas ante la falta de servicios públicos.
Quintana Roo está por cumplir 50 años como Estado Libre y Soberano, pero hasta la fecha sigue arrastrando en conflicto territorial que más allá de un tema político ha generado repercusiones en quienes habitan en la zonas limítrofes entre los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
La presidenta de la Comisión de Defensa de los Límites de Quintana Roo y Asuntos Fronterizos, Cinthya Millán Estrella, señala que más de 30 mil habitantes de 60 colonias que se encuentran asentadas dentro los 20 mil kilómetros de las líneas fronterizas, siguen sin tener avances en servicios públicos.
“Es un tema de necesidades, de pobreza extrema, de violacion a los derechos humanos. Los habitantes de esta zona no tienen agua, electricidad, drenaje, no tienen posibilidad de tener carreteras, movilidad, son derechos humanos que deberían garantizarse”.
Señaló que esta situación ha derivado de la falta de voluntad política a nivel federal y estatal para legislar a favor de estas comunidades y establecer los límites territoriales correspondientes para definir las responsabilidades de cada estado sobre ellos.
“Se ha tenido que estar erogando recursos propios porque no pueden acceder a recursos de obras públicas federales derivado de esta situación. Lo propio debería ser pronunciarse a favor, buscar los canales de comunicación que resolvieran esta indefinición, han sido años de lucha, creo que los tiempos están agotados, no se trata de un tema político, sino de levantar la voz”.
Explicó que hasta la fecha, únicamente cuatro comunidades de las 60 que se ven afectadas por esta situación han ganado amparos para el uso de recursos que les permitieron llevar solo algunos de los servicios públicos.
“La ciudadanía ha tenido que recurrir a amparos, así han tenido la posibilidad de apenas 4 localidades para poder contar con algunos de los servicios. Un ejemplo es San Antonio Soda que logró conseguir que se le llevara el agua potable, para ello se tuvo una proyección presupuestal de 50 millones de pesos”
Ante esta situación, la diputada de la legislatura 17 del Congreso de Quintana Roo, presentó una solicitud de urgente y obvia resolución, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Cámara de diputados resolvieran de manera prioritaria este tema territorial que se vive en la península de Yucatán, pero la respuesta ante su lectura en el pleno no fue la esperada pues fue envíada a comisiones por algunas de las bancadas.
“Era un llamado a la resolución prioritaria con interés social, porque qué mayor interés puede haber en el estado que darle a los habitantes de esta zona lo que necesitan. Elevamos esta solicitud pero lamentablemente no todos los diputados abrazamos esta solicitud de la misma manera y no todos estuvieron de acuerdo en que esta se hiciera”.
Calificó que la decisión de los diputados del PVEM y Morena de mandar a comisiones su propuesta es una forma de “congelar” este punto de acuerdo por tiempo indefinido.
“No había ninguna razón para no aprobarlo de obvia y urgente resolución, pues es un tema que ya ha sido analizado con anterioridad por varias Legislaturas y todas han estado de acuerdo en que es necesario agilizar la solución de este tema. Lamentamos esta decisión, se acordó que se trabajaría en estos días, dudo mucho que lo hicieran, pero queda en evidencia quienes estuvieron en contra”.
FUENTE: LA VERDAD NOTICIAS
