Las crisis ambientales, de salud y seguridad que ha enfrentado Quintana Roo vienen de fuera igual que la fuerte inmigración, y con orígenes distintos: cambio climático, negocio internacional del narco coludido con gobiernos anteriores y mutación de virus en otras regiones del mundo que imponen retos a nuestro destino y obligan a los sectores público, privado y social a entenderse para cerrarles la brecha y enfrentarlos unidos.
El sector público, incluidos los distintos Poderes y órdenes de gobierno, puede atenuar esas crisis pero la solución es regional, nacional, planetaria y requiere de la colaboración de los sectores privado y social.
Efecto del calentamiento global y la contaminación de los océanos, la reproducción atípica de sargazo requirió que el gobierno de Quintana Roo aplicara, a partir de 2017, una estrategia que se convirtió en política pública para evitar la invasión de la macroalga en las costas y por consiguiente, daños a la industria, economía y salud de los quintanarroenses.
A partir de ese momento se empezó a informar y convocar a la ciudadanía con el fin de crear una cultura de prevención y respuesta ante este fenómeno que, ya se sabía desde entonces, sería cíclico como los huracanes.
En respuesta cientos de ciudadanos empezaron a integrar brigadas para mantener las playas limpias. De igual forma respondió la comunidad científica integrándose en un Consejo Técnico Asesor en donde participan investigadores que han estudiado el fenómeno desde 2013 y que ya aportaron un plan denominado Plansarg en el que plantean medidas para antes, durante y después del arribo masivo de la macroalga, destacando un monitoreo y alerta temprana para detectar el flujo de manchones en altamar así como el uso de embarcaciones de gran calado para recolectarlos antes de que toquen tierra.
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Institucionalmente el gobierno puso en vigor protocolos en 10 municipios para evitar que la contingencia se convierta en desastre natural, convocó a otras naciones de la región que enfrentan el mismo problema y trabaja coordinadamente con la Marina que es la facultada para intervenir en aguas internacionales.
Ante el COVID-19, que tuvo su epicentro en la ciudad de Wuhan, China, el gobierno de Quintana Roo está coordinado permanentemente con la federación; con la iniciativa privada, principalmente las clínicas y hospitales, y con la industria turística global impulsando una estrategia común de prevención, monitoreo, control e información actualizada hacia la población.
Asimismo la inmigración a Quintana Roo está asociada también con los índices de violencia y, en particular, con los homicidios dolosos o ejecuciones en los que la mayoría de los procesados provienen de otros estados del país.
Entre los más recientes detenidos de un grupo delictivo, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de los 10 capturados, Christian G, Erick E, Daniel R y José R, fueron identificados como “jefes” del grupo criminal y junto con Héctor D y Carlos G, proceden de Puerto Vallarta, Jalisco, mientras Lorenzo G proviene de Veracruz, Jesús A de Tabasco, Mario A de Coahuila y Bernabé L de Oaxaca.
De acuerdo con estadísticas de la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía General de Quintana Roo, hasta noviembre de 2019 se habían detenido a 99 personas por homicidio doloso, principal indicador de violencia por ser un delito de alto impacto. De los detenidos, 89 se encontraban vinculados a proceso y 10 habían sido sentenciados.
Entre los procesados y sentenciados 19 acreditaron como lugar de origen a Tabasco, 13 a Yucatán, 12 Chiapas, 9 Guerrero, 4 Ciudad de México, 4 Jalisco, 3 Campeche, 2 Oaxaca, 1 Nayarit, 1 Costa Rica, 1 Colombia, y el resto sin datos que no permitieron identificar su procedencia.
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Porcentualmente estas cifras indican que casi el 80% de los asesinatos en Quintana Roo son perpetrados por gente que llega de fuera.
De igual forma la inmigración que provoca que la tasa de crecimiento poblacional (2.32%) en Quintana Roo sea más del doble que la del promedio nacional (0.97%), se refleja en el número de cuerpos de víctimas de homicidio doloso que no han sido reclamados ni identificados y que en 2019 sumaron 75.
El aeropuerto de Cancún moviliza cada año a 26 millones de personas. Quintana Roo tiene una población que no llega aún a los dos millones, según cifras de Conapo, pero recibe anualmente a 20 millones de turistas que, así como los inmigrantes, demandan atención y servicios generales.
