México tiene un bono catastrófico por 485 millones de dólares con cobertura contra pérdidas derivadas de sismos de diferentes magnitudes y ciclones tropicales, de acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica 2024.
Según el documento, este bono cuenta con activación paramétrica. Se contrató en 2020 con vigencia de cuatro años, por lo tanto, vence en marzo de 2024. Esta herramienta se habilitó tras la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
¿En qué emergencias se utiliza este bono catastrófico?
El monto se divide en cuatro categorías: sismos clase A, con cobertura de 175 millones de dólares, para siniestros de mayores magnitudes, baja probabilidad de ocurrencia, pero con mayor impacto económico. Esta cobertura está enfocada en la zona central del país.
Otro es para los sismos clase B (60 millones de dólares): eventos de mayor probabilidad de ocurrencia y menores pérdidas económicas; cobertura enfocada en zona de la costa del Pacífico.
También se contemplan los huracanes, como ‘Otis’ que afectó Acapulco, Guerrero. Para el caso de estos eventos se cubren todas las zonas costeras del Océano Pacífico y del Golfo de California. Del mismo modo, se contemplan estos siniestros en el Atlántico para las zonas costeras del Golfo de México y Península de Yucatán. Ambos por 125 millones de dólares.
“Hacia 2024 las finanzas públicas contarán con una estrategia robusta de protección en materia de riesgos catastróficos: se renovará el Seguro de daños ocasionados por fenómenos naturales (seguro para catástrofes) y el bono catastrófico”, se expone en el texto de la Secretaría de Hacienda.
México también tiene un seguro de daños
Asimismo, también se enfatiza en dicho documento que México cuenta con la contratación de un seguro de daños ocasionados por fenómenos naturales con vigencia del 5 de julio de 2023 al 5 de julio de 2024.
Este seguro tiene una cobertura de cinco mil millones de pesos, con deducibles operativos por diagnóstico ajustado de daños, diferenciados por sector (carretero, educativo, hidráulico, vivienda, salud, urbano y otros) y un deducible agregado anual por 750 millones de pesos.
“Este instrumento cubre los recursos presupuestales, para la atención a los efectos ocasionados por los fenómenos naturales”, señala.
El Gobierno tiene contemplado para el próximo año fiscal actualizar los instrumentos de análisis y modelación de riesgos catastróficos para el fortalecimiento de la Gestión Integral de Riesgos de Desastres.
Expone que también trabajará con organismos internacionales, gobiernos de otros países y actores del sector asegurador nacional e internacional en la elaboración de estudios, proyectos y políticas públicas para hacer más eficiente los instrumentos nacionales de análisis de riesgo.
CON INFORMACION DE: EL FINANCIERO
