Tanto Roberto Borge Angulo como Javier Duarte de Ochoa, ex gobernadores de Quintana Roo y Veracruz respectivamente, son unos “enemigos invisibles” ya que si bien cometieron ilícitos, será difícil fincarles responsabilidades, pues utilizan prestanombres y podrían ser culpados solamente por lavado de dinero.
Denominarlos como “invisibles” se debe a que ningún gobernador es tan “tonto” como para que se pida que una empresa la deposite a su cuenta o para firmar documentos, y en México para acusarlos debe haber una prueba, por lo que el único delito a perseguir sería lavado de dinero, declaró Francisco José de la Portilla Sordo, fundador de la Asociación de Expertos en prevención de Lavado de Dinero y asesor patrimonial de Pemex.
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Roberto Borge fue a refugiarse a Panamá, consideró, ya que el sitio es considerado como un paraíso fiscal, en el que seguramente tenían gran parte de dinero o inversiones en una empresa “offshore”.
Los paraísos fiscales en materia de lavado de dinero tienen un régimen legal deficiente y no realizan una protección del cliente, por ello no dan seguimiento a quién compra qué.
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Castigar la corrupción y lavado de dinero es complejo, ya que armar el caso toma años y en el país, bajo el nuevo régimen de los juicios orales, esto se complica y un ejemplo es con la reciente detención de Javier Duarte, en la que la Procuraduría General de la Republica pidió más tiempo para armar un caso, afirmó John Byrne, vicepresidente de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero.
“Se necesita tiempo para poder tener el caso armado, pues eso crea un dilema y polémica, ya que si se está arrestando a alguien, manteniéndolo como prevención preventiva para un delito del cual no se está preparado y faltan evidencias, entonces cómo se puede justificar una presunción de inocencia, bajo el nuevo sistema nacional acusatorio, este argumento está privando los elementos sin contar con las suficientes pruebas”, dijo.
Armar un caso no es tan rápido, ya que existen muchas empresas y empleados ficticios por lo que puede llevar años y el gobierno no puede pretender hacerlo rápido.
Fuente: SIPSE
