El Equipo Argentino de Antropología Forense lleva 34 años acompañando a familias de desaparecidos alrededor del mundo, y se ha caracterizado por mantener un bajo perfil mediático.
CANCÚN, Q. ROO.- La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no sólo afecta a una región concreta del mundo. Este fenómeno, que en su momento fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, puede perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes.
Es motivo de especial preocupación: el acoso de los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y los abogados que se ocupan de los casos de desaparición forzada; el uso por los Estados de la lucha contra el terrorismo como excusa para el incumplimiento de sus obligaciones; y la todavía generalizada impunidad por esta práctica.
Ayer se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada –aprobado el 21 de diciembre de 2010 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)—y, en la Ciudad de México, organismos nacionales e internacionales consideraron que el próximo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene una oportunidad histórica para combatir contundentemente ese delito.
«La falta de una respuesta adecuada a este flagelo parecería implicar que existe una actitud indiferente ante el sufrimiento y dolor de las víctimas y sus familias», lamentó el Primer Visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Ismael Eslava, junto a familiares de desaparecidos, en un acto en la Glorieta de Cuauhtémoc.
Por lo que consideró que el reto es materializar el contenido de la Ley General sobre Desapariciones, para lo cual, dijo, se requiere voluntad política.
En tanto, Jan Jarab, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), reconoció en el movimiento de las madres de desaparecidos como uno de los más esperanzadores «en el complejo México de hoy».
«Hoy tenemos que juntar fuerzas de nuevo para influir en las nuevas autoridades, a nivel federal, a nivel estatal, para que verdaderamente se cumpla esta ley», expresó.
Jarab detalló que en México hay más de 35 mil casos de desapariciones registrados y «nadie sabe» qué porcentaje de ellas son obra de las autoridades
Mientras que Chasel Colorado, de Amnistía Internacional, consideró que López Obrador puede cambiar el dolor de las familiar en procesos de verdad, justicia y reparación.
«Vivimos un momento histórico, donde la implementación de la ley general sobre desaparición mantiene la esperanza de todas estas familias de encontrar a su seres queridos con vida», dijo.
«Para Amnistía Internacional la voluntad de las autoridades deberá verse reflejada en la consolidación de una Comisión Nacional de Búsqueda con autonomía e independencia y recursos humanos y financieros suficientes», apuntó.
Y es que datos que maneja precisamente Amnistía Internacional establecen que este año la violencia aumentó en todo México. Las fuerzas armadas siguen llevando a cabo labores habituales de la policía, continúan las amenazas, los ataques y los homicidios contra periodistas (nueve en el año) y defensores y defensoras de los derechos humanos; los ciberataques y la vigilancia digital son especialmente habituales.
Las detenciones arbitrarias generalizadas siguen derivando en torturas y otros malos tratos, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Persiste la impunidad por violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional.
El estado de Quintana Roo es de los estados con menos índice de desapariciones forzadas; sin embargo, en octubre del año pasado el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la minuta con la que se expide la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en esta entidad.
La nueva ley estipula que, a quien incurra en el delito de desaparición forzada, se impondrá una pena de 40 a 60 años de prisión, y de 10 mil a 20 mil días multa. Adicionalmente, cuando el responsable sea servidor público, se le destituirá e inhabilitará para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión pública, hasta dos veces el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta, a partir de que se cumpla con la pena de prisión.
Según la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, proclamada por la ONU el 18 de diciembre de 1992, se producen desapariciones forzadas siempre que: «…se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley.»
Este año, la ONU indicó en un comunicado que “La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad”.
La ONU destaca que debe prestarse también especial atención a los grupos de personas especialmente vulnerables, como los niños y las personas con discapacidad.
Fuente: Luces del Siglo
